Con el dictado del decreto de creación del “comité de seguridad interior” el alfonsinismo, con el aval del justicialismo, ha dado un nuevo paso en la militarización del Estado.

El decreto “autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interna”, violando incluso las limitaciones que en este punto plantea la ley de Defensa. Plantea también la utilización de las Fuerzas Armadas para la represión interna. Todo esto se fundamenta en la necesidad de preservar la vida, la libertad, la propiedad y la Constitución, por lo que toda acción política y sindical será motivo para la investigación por los “servicios".

El decreto legaliza también toda la acción ilegal desarrollada por el gobierno y las FF.AA., en la masacre de La Tablada lo que significa que será el modelo que se seguirá en el futuro. Es así que establece que ante cualquier “hecho violento" que se produzca en jurisdicción militar, las FF.AA. deberá repeler de inmediato la agresión, cuando las normas legales plantean la comparecencia del Juez, quien tiene la obligación de reclamar la rendición reiteradamente antes de autorizar la represión.

Al mejor estilo del Proceso, la jefatura militar puede extender su autoridad fuera de las unidades militares, incautando los servicios públicos e incluso ordenando la evacuación de la población “y otras medidas requeridas por la acción", es decir, puede hacer cualquier cosa.

Este decreto monstruoso se acompaña de un proyecto de ley que modifica el Código de Procedimientos, el Código Penal y la defensa de la Democracia “extendiendo los términos de incomunicación y aumentando las penas.” (Clarín, 9/3/89).

Los gobernadores peronistas, por su parte, en la reciente reunión con Nosiglia solicitaron incorporarse al COSENA, el Consejo Nacional de Seguridad, creado luego de la masacre de La Tablada, lo que constituye el aval más explícito del justicialismo a todo este curso militarista.