A raíz del lamentable cobro de su atención sanitaria a un jujeño accidentado y atendido en Bolivia, el gobernador Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) intenta insistir en su reaccionario proyecto de ley de cobro del acceso a la salud a extranjeros. Éste, a pesar de haber sido modificado tres veces, se encuentra paralizado en la legislatura, entre otras observaciones, por su inconstitucionalidad. En vez de rechazar enfáticamente los criterios privatistas de la atención sanitaria en Bolivia, el Morales argentino los utiliza para justificar su nueva intentona privatista del sistema de salud jujeño. Como en la antiquísima “ley del talión”, el gobernador parece decir “ojo por ojo, diente por diente”.

Pero no solo desperdició la oportunidad para correr por izquierda a un autoproclamado “nacional y popular". A través de su “carta abierta”, Morales acusó a Evo de transgredir y vulnerar su propia Constitución Nacional para buscar la re reelección y le recriminó su justo reclamo contra la ilegal prisión domiciliaria de Milagro Sala. A la luz de esto es claro que al gobernador jujeño nada le importa la situación sufrida por su coprovinciano accidentado, solo explota el hecho en función de cálculos políticos y para demostrar su adhesión desembozada a las políticas derechistas, privatistas y entreguistas, de tipo macristas y bolsonaristas e impulsadas por el FMI y el imperialismo yanqui.

Tal es así que ni se le ocurrió levantar su voz o escribir carta abierta alguna para denunciar a la “extranjera" Glencore, dueña de Mina Aguilar y la Fundidora, que acaba de dejar en la calle a más de 140 obreros jujeños; y menos aún se le ocurrió cobrarle algún plus por la explotación y expoliación de los recursos humanos y naturales jujeños, en nombre de la reciprocidad o la soberanía provincial.

Una operación mediática distraccionista

La operación mediática que se montó con el caso, también ha servido a Morales (Gerardo) para correr el foco de atención de la crisis que está atravesando en la provincia, con tarifazos, despidos, cambios en el gabinete por la propia crisis, y particularmente por la reaccionaria intervención de la provincia en el caso de una nena embarazada de 12 años producto de una violación, a la cual se le negó el aborto no punible contemplado en estos casos, se la forzó a actuar de incubadora y parir por cesárea, con el trágico desenlace que todos conocemos.

A principios de 2018, el gobierno de la provincia propuso un proyecto de ley de cobro de un “seguro” a extranjeros por la atención médica. En la legislatura de Jujuy, el ministro de Salud no pudo llevar un solo indicador que demuestre el costo que representaba al presupuesto provincial la atención de extranjeros no residentes en la provincia. El último indicador fue elaborado bajo el mandato del anterior ministro de Salud, ahora Senador nacional, Mario Fiad, donde indicaba que menos del 1% de las atenciones correspondieron a extranjeros no residentes en la provincia. Queda claro que dicha incidencia no altera para nada los recursos y presupuesto provincial en salud.

El gobierno de Jujuy ha sostenido este proyecto de ley como una estrategia extorsiva para obligar al Estado Boliviano a llegar a un acuerdo de reciprocidad en los términos que quiere Gerardo Morales. Este proyecto fue, además, la punta de lanza de toda una serie de iniciativas que apuntan a desfinanciar la salud publica y que apuntan a su privatización, como lo fue la ley de recupero de prestaciones y la aplicación de la CUS (Cobertura Universal de Salud), sumado al planteo del actual ministro Gustavo Bouhid de ir hacia el cobro de un coseguro a todos los ciudadanos de la provincia.

Una Sesión extraordinaria reaccionaria

A raíz de esta crisis, sumada a la que se generó con la “privatización” del Cerro de los 7 Colores, Gerardo Morales ha llamado a una sesión extraordinaria en la semana para tratar estos dos temas: la expropiación del Cerro y volver a meter por la ventana el proyecto de un cobro a los extranjeros por atención sanitaria. En la provincia, y luego a nivel nacional, estalló el escándalo cuando el artista “Memo” Vilte decidió vallar el acceso al cerro planteando que el terreno era de su propiedad y que pensaba construir allí un anfiteatro. En realidad, el cerro está loteado en varias partes y también se han construido peñas, modificando su fisonomía. El gobernador sale ahora a plantear una ´expropiación´ que será un rescate a todos los supuestos “inversores” que se apropiaron de este patrimonio de la provincia (y de la humanidad). Ya se maneja la friolera de por lo menos 40 millones de pesos para resarcir a estos especuladores, sin todavía tener conocimiento de como adquirieron los bienes ni el precio que pagaron.

Queda nuevamente demostrado una vez más que la legislatura funciona bajo los objetivos reaccionarios de Morales.

Defendamos la salud de esta avanzada privatista

Esta avanzada reaccionaria tiene que ser rechaza por el conjunto de la población, los referentes políticos, sindicales y sociales. Y contraponer el planteo de la defensa de la atención pública, universal y gratuita, y cruzar la frontera con este mismo reclamo.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechazamos esta nueva maniobra del gobierno y defendemos el principio de derecho a una atención pública, gratuita y universal de la salud. Ningún ciudadano, tanto nativo como extranjero tiene que ser compelido a abonar bajo ningún concepto para recibir atención sanitaria. Enfrentaremos esta maniobra con nuestro dictamen en contra, ya elaborado en ocasión del primer y fracasado intento de tratamiento de esta ley reaccionaria.

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