El gobierno acaba de anunciar otra amplia moratoria para deudas acumuladas hasta el 31 de mayo, tanto impositivas como a la seguridad social, que comenzaría a pagarse en noviembre. Se trata de un reclamo sobre el que venían insistiendo las cámaras patronales.

La deuda acumulada asciende, según estimaciones oficiales, a 300.000 millones de pesos. A la cotización del dólar oficial equivalen a la friolera de 4.600 millones de dólares. Importa señalar que una porción importante de esa deuda corresponde al IVA y a recursos de seguridad social, o sea, que no son recursos propios sino de terceros. En el caso del IVA sale del bolsillo de los consumidores y en el caso de la seguridad social, parcialmente, del aporte de los trabajadores a los cuales se les retiene un porcentaje de sus sueldos. Las patronales se hacen de esos fondos y deberían depositarles al fisco. En lugar de eso, vienen reteniendo el dinero.

Quiere decir que junto con el subsidio directo que se ha dado a las patronales -en el que el Estado tomó a su cargo el pago de la mitad del monto de los sueldos- tenemos un subido indirecto, pues las empresas, de hecho, se viene financiando con plata que debían haber ingreso a las arcas fiscales. No se debe pasar por alto que dicha suma supera holgadamente los pronósticos más optimistas de lo que recaudaría el impuesto a la riqueza que, por otra parte, el gobierno viene demorando su tratamiento para no interferir la negociación de la deuda con los bonistas.

Otra vara muy distinta es la que se viene utilizando para la población más necesitada, con trabajadores informales y precarios, que se han quedado sin ingresos y a los cuales se les otorga el IFE por una suma miserable de 10.000 pesos y cuyo pago viene, encima, siendo demorado. O a los trabajadores a los cuales se le viene estableciendo un recorte de los salarios a los que ahora se ha agrega el aguinaldo en cuotas, que se ha hecho extensivo a los empleados estatales. Y también se constata en los recursos que se retacean y que faltan para la ayuda alimentaria y de los requerimientos en materia de salud para hacer frente a la actual emergencia provocada por la propagación del coronavirus.

La Anses es la principal perjudicada por esta situación, pues el dinero para financiar los subsidios sale de ese organismo pero, a su turno, no le entran los recursos que le corresponden legalmente. Tengamos presente que el decreto por el cual se paga el 75% de los salarios, en los casos de suspensión, dispone que los sueldos que se abonan sean no remunerativos y por lo tanto exime a las patronales del pago de las cargas sociales. Estamos frente a un desfinanciamiento criminal que lleva al despojo y quiebra de la Anses y por lo tanto pone en peligro el cobro de las jubilaciones presentes y futuras.

Es necesario advertir que el beneficio de la moratoria no tiene restricciones: no sólo atiende a la Pymes sino que incluye a las grandes empresas, que tienen, sin embargo, espaldas económicas y financieras suficientes para afrontar la actual coyuntura. El Estado tuvo que retroceder ante el bochorno que significa subsidiar los sueldos a grandes empresas y hasta líderes como Techint o Aluar, pero eso no ha sido un impedimento para incluirlas en la nueva normativa.

Las empresas recién pagan en noviembre. Con la actual inflación, y más aun con la que se proyecta, eso implica una enorme licuación de la deuda, por encima de los intereses que carga la Afip para actualizar las obligaciones fiscales. Se establece un descuento del 15% para quienes paguen al contado, pero lo más importante es que se plantea un plan de pago a 10 años, que hace que la deuda quede reducida a una mínima expresión. Ni hablar del hecho de que esa deuda luego termina siendo incluida en otra moratoria haciendo más irrisoria todavía las sumas que se terminan pagando. Ya se habla, por lo pronto, de que habrá que pensar en una extensión de la moratoria para los meses próximos, en la medida que continúe la pandemia.

Tenemos aquí también una vara muy distinta a la que se le aplica a los trabajadores, cuyos sueldos permanecen congelados, se desconocen cláusulas de ajuste ya pactadas, hay rebajas salariales y se veda el funcionamiento y la convocatoria a paritarias. Los capitalistas terminan ganando con la inflación. El trabajador es el gran perdedor.

Lo expuesto realza el programa que venimos sosteniendo en defensa del salario y las jubilaciones, el derecho al trabajo, la salud y la vida de la población. En oposición a la política de rescate del capital planteamos un impuesto progresivo a las grandes fortunas, como parte de una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales que debe ser liderado por la clase obrera. En este marco cobra especial relevancia la campaña por el proyecto que ha presentado sobre este tema el Partido Obrero y el FIT en el Congreso y que viene conquistando una adhesión creciente en las filas de los trabajadores.