El diputado provincial Luciano Bugallo de la Coalición Cívica ARI (del bloque de Juntos) denunció a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; a la funcionaria María Giménez (secretaria de Obras Públicas), y a dos arquitectos por enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho tráfico de influencias, fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo esto a partir de una investigación del portal web El Disenso.

En la denuncia se reclama la adjudicación por contratación directa a un arquitecto para realizar el anteproyecto de un polideportivo en una localidad de Moreno (Cuartel v). Ese arquitecto es el mismo que está proyectando la construcción de la nueva casa de la intendenta. Por otro lado, el año pasado en el Concejo Deliberante se votó un convenio con la Cooperativa 2 de Septiembre, que es del Movimiento Evita. Además, este año el municipio firmó un convenio con dicha cooperativa para el “embellecimiento” de la Plaza Buján. Este convenio nunca fue tratado o discutido en el HCD. La Cooperativa 2 de Septiembre está vinculada, también, a obras de infraestructura originadas por el Consejo Escolar de Moreno, bajo la gestión oficialista de Sonia Beltrán.

Los concejales de Juntos llevaron este planteo al Concejo Deliberante. Llamaron a la intendenta a comparecer frente a ellos para dar explicaciones, propuesta que fue rechazada por falta de votos suficientes. Los concejales del Frente de Todos plantearon que esto es un operativo de la derecha, del “lawfare” y hasta alcanzaron a poner sobre la mesa un argumento ridículo: que el ataque es a la intendenta por ser mujer. Llamó la atención que una concejal de Juntos, Agostinelli, dijo acordar “por primera vez” con CFK. Claro, este es el quid de la cuestión: la necesidad de destrozar a las organizaciones sociales independientes, para sacarlas de las calles, retomando el control de ellas por parte del PJ.

Esta denuncia se da en el marco de un ataque furioso de la derecha, los medios que la representan y la mismísima CFK contra el movimiento piquetero. El Polo Obrero y el Partido Obrero es el principal foco de esta virulencia. La denuncia de Bugallo y El Disenso van en esta misma dirección. La diferencia muy importante es que el ataque al Polo Obrero es el ataque a un movimiento masivo independiente de todos los gobiernos que reclama trabajo genuino y rechaza el pacto con el FMI. En cambio, el Movimiento Evita es una organización social estatizada, que responde a los intereses del gobierno que son los de la contención de los movimientos de lucha que están contra él.

Ahora bien, ningún concejal o bloque coloca en discusión algo que nosotros venimos reclamando fervorosamente: que el verso de la Economía Popular esconde un fraude laboral de grandes características. Los trabajadores de esas cooperativas del Evita hacen trabajos de que corresponde a empleados municipales o que deberían enmarcarse en el gremio de la construcción, pero por $19.000 (lo que cobra un plan Potenciar Trabajo) sin obra social, ni ART, ni aportes jubilatorios, ni los derechos laborales de los CCT. Este método es el que hay que denunciar. Es una forma de abaratar los costos para el Municipio y de generar una caja paralela que no está controlada por nadie.

El siguiente problema es el del control de las obras públicas. Nadie los controla. Reclamamos que las obras públicas tienen que estar bajo control de los trabajadores y vecinos del distrito para terminar con los desvíos de fondos y con el destino de los recursos a intereses ajenos a los populares. Debe haber una comisión independiente que controle las adjudicaciones, licitaciones, contrataciones directas, presupuestos y ejecución de las obras.

Basta de precarización laboral. Todos los trabajadores que realicen tareas municipales tienen que estar bajo el convenio municipal o el gremio del convenio al que pertenezcan las funciones. Todos en planta permanente. Ningún salario municipal por debajo de la línea de pobreza.

Estos planteos en defensa de los trabajadores son incompatibles con el ajuste de los Fernández, Kicillof y Mariel Fernández que dicta el FMI y apoya la derecha.