Moreno y un nuevo capítulo de la crisis del transporte

La crisis del transporte en el municipio bonaerense de Moreno abrió un nuevo capítulo. Luego de que el llamado a licitación del nuevo sistema dejara dos de los tres sectores sin oferentes, la mandataria comunal Mariel Fernández avanzó con un proyecto para constituir una firma pública de colectivos. La iniciativa contempla la creación de “Vía Moreno Sapem”, una sociedad con participación estatal mayoritaria (Desalambrar, 22/9). El giro de la intendenta confirma que el esquema pregonado como una supuesta “desmonopolización” fracasó en su objetivo central: conseguir operadores para garantizar las prestaciones.

Este escenario es el resultado directo del engendro del pliego aprobado en el Concejo Deliberante. De las tres regiones en que el distrito fue subdividido, solamente Transportes Panamericana formuló una propuesta, mientras que las zonas II y III quedaron desiertas. Es decir que el proyecto que Fernández calificó de una "transformación histórica" no logró captar firmas dispuestas a hacerse cargo de dos terceras partes del territorio. Como señalamos oportunamente, fragmentar el negocio entre distintas patronales privadas no altera la lógica que convirtió al transporte en un calvario para los usuarios y altamente lucrativo para las empresas.

Ante este vacío, el Departamento Ejecutivo ingresó el 10 de septiembre el expediente para dar luz verde a "Vía Moreno", buscando intervenir de manera directa en la gestión local. La entidad tendría un 51% de capital estatal y un 49% privado. El dato es por demás significativo: la salida ensayada elude la estatización integral y adopta un formato mixto, dejando profundas incógnitas sobre los aportes y las condiciones en que operarán los socios funcionarios y empresarios.

La magnitud del problema expone las enormes dificultades de esta alternativa. Las dos áreas vacantes concentran una exigencia de 192 unidades según los pliegos: 97 para la Zona II y 95 para la Zona III. A esto se suman talleres, infraestructura, combustible, mantenimiento, seguros, salarios y el resto de los costos operativos. Se calcula que solo la adquisición de la flota demandaría una inversión de decenas de millones de dólares a valores de mercado.

Pero el eje político nodal no es únicamente el costo de poner en marcha Vía Moreno, sino quién pagará y quién controlará un servicio vital que impacta a diario en cientos de miles de trabajadores y estudiantes. Hasta el momento, el municipio no ha exhibido un esquema transparente frente a estos interrogantes, abriendo un terreno fértil para negociados con la compra de vehículos y una incertidumbre sobre el destino de los actuales choferes de La Perlita y las condiciones laborales de quienes contraten. Con los antecedentes que nos han traído hasta esta crítica situación, el panorama no es alentador.

La creación de esta compañía comunal es la consecuencia inocultable del fiasco oficial. Tras aprobar una reglamentación de espaldas a trabajadores y usuarios, anunciar el fin del monopolio de La Perlita y apostar a una atomización territorial privada, el gobierno local recurre a un manotazo de ahogado. La salida de fondo jamás podrá consistir en reemplazar un monopolio privado por una sociedad híbrida atada al beneficio de las grandes patronales.

Desde el Partido Obrero de Moreno planteamos la estatización integral del transporte, sin indemnización y bajo el control directo de sus trabajadores y usuarios. Proponemos asambleas barriales y de choferes para definir recorridos, frecuencias, tarifas, condiciones laborales e inversiones reales. El transporte debe dejar de ser un nicho de negocios sostenido con millonarios subsidios estatales a empresarios que jamás rinden cuentas, para pasar a organizarse en función de las necesidades sociales de quienes lo utilizan y de quienes lo sostienen con su laburo.