A un mes de asumir, la gobernadora catamarqueña tiene una muerte sobre sus espaldas. Se trata de una joven madre que se auto-incineró en las puertas del Instituto de la Vivienda provincial.

La joven se encontraba ocupando una vivienda que no era habitada por quien fuera adjudicataria. Al ser visitada por personal del IPV, planteó su problema y recibió por respuesta que su reclamo era acertado, pues ya habían pasado los 30 días y no era habitada por la beneficiaría. Le prometieron la adjudicación, para lo cual lo debía presentarse en las oficinas del IPV. Varias veces se hizo presente y no fue atendida, hasta que finalmente le dijeron que su caso era irregular y no podían solucionar su problema, lo que determinó la decisión de la joven.

Desde la gobernadora hasta el director del IPV salieron a echarle la culpa a la joven y a la herencia del gobierno que se fue, pidiendo que del asunto no se haga una cuestión política.

Prometieron que en los próximos meses se crearía un listado on line para que sea consultado por los aspirantes.

No expresaron que los aspirantes serían calificados con puntajes que se determinarían como consecuencia de las visitas que se realizan a través de los asistentes sociales, lo que

deja la cuestión nuevamente librada al manejo punteril, tal cual era el método del FCyS. Cambiar algo para no cambiar nada.

Que se hagan públicos los listados es sólo un paliativo.

El Partido Obrero exige:

-Investigación y castigo a los responsables de los hechos que llevaron a inmolarse a la joven mujer;

-Por un plan de viviendas donde la construcción pueda ser revisada por los interesados;

-Disponer de tierras públicas ociosas para emprender una urbanización con construcción de viviendas sociales a un costo del 10% del salario promedio;

-Para financiar la construcción, impuesto a las grandes propiedades agrarias y mineras;

-Control vecinal de la calidad y costos de la construcción. Consejo electo por asambleas de vecinos;

-Concesión de créditos a tasa cero para la adquisición de viviendas, que sería recuperado por la recaudación del impuesto generado por el plan de construcción de viviendas;

-Empadronamiento y capacitación de los desocupados para su participación con salario y convenio de la construcción y derecho a su adjudicación.