Políticas

29/6/2022

Moritán y López Murphy quieren aranceles a la educación y la salud pública porteñas

El bloque de Republicanos Unidos presentó un proyecto para cobrar a las provincias por el uso a quienes no tiene residencia en CABA.

Roberto García Moritán, Marina Kienast y Ricardo López Murphy

Roberto García Moritán y Marina Kienast, del espacio Republicanos Unidos que lidera Ricardo López Murphy en la legislatura porteña, presentaron un proyecto para cobrar la salud y la educación públicas a los usuarios de otras provincias. “Si se cobrara por los servicios a las provincias cuyos habitantes se atienden o estudian en el sector público de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño podría ahorrarse en un año $13.906 millones del sector sanitario y $2.563 millones de educación”. Una discriminación inadmisible hacia los trabajadores que trabajan y estudian en CABA, que persigue transferir la carga a las provincias.

Este proyecto resucita en parte la receta que intentó aplicar López Murphy cuando fue ministro durante el gobierno de la Alianza y pretendió recortar el presupuesto de la universidad (forzando su arancelamiento), en el marco de una política de ajuste que incluyó el recorte nominal de salarios y jubilaciones, y despidos de empleados públicos. De hecho, en aquella caldera social del 2001, las importantes movilizaciones protagonizadas por docentes y estudiantes con huelgas y toma de facultades en defensa de la educación pública echaron al ministro en 15 días.

Este proyecto no persigue solucionar ninguno de los problemas educativos o de la salud en la Ciudad, sino que es funcional al ajuste del gobierno de Larreta y Juntos por el Cambio, armado político que integra. En definitiva, se trata de las familias de quienes trabajan en la capital, y por lo tanto de quienes producen la riqueza de la ciudad, generando la actividad económica por la cual recauda el Estado, como denunció el legislador del FIT-U Gabriel Solano.

En definitiva, es además un resultado de una política que fomenta la especulación inmobiliaria que expulsa a trabajadores y estudiantes de la Ciudad, por el encarecimiento de los alquileres y un precio de las propiedades prohibitivo para la población trabajadora, ya que para adquirir un departamento usado de 42 metros cuadrados y dos ambientes un asalariado medio debería destinar todos sus ingresos percibidos durante más de 14 años.

Rechazamos este proyecto contra las familias trabajadoras que viven y trabajan en CABA, y exigimos un aumento del presupuesto para la salud y la educación, que sufren año a año los recortes del gobierno de Larreta.