El jueves 21 se realizó en la Cámara de Diputados una reunión de la Comisión de Previsión Social que desnudó el fraude político que están montando el gobierno y los bloques patronales para consolidar el robo a las jubilaciones. En dicha comisión se expresó nuevamente la parálisis voluntaria que todo el arco patronal le imprime a la Cámara de Diputados para que el plan de Milei no tenga mayores obstáculos.

La derrota de Milei en el Senado terminó acelerando las negociaciones en Diputados con los bloques “amigables” de Pichetto y Carrió, que luego de reunirse con Francos convencieron al gobierno de achicar la Ley ómnibus dejando afuera cuestiones centrales que se tratarían por separado. Esto permitiría votar en bloque entre otras cuestiones la delegación de facultades por un año, las privatizaciones de empresas estatales y el cierre de organismos habilitando despidos masivos y la entrega sin límites del patrimonio natural y productivo al gran capital con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Tanto colaboracionismo no impidió que Espert, quien preside la comisión de Presupuesto, pegara el faltazo dilatando aún más cualquier eventual dictamen, pateando el debate en el recinto.

Las maniobras del oficialismo sobre la cuestión jubilatoria merecen ser leídas de conjunto, no de manera aislada. La semana pasada el gobierno consiguió con la invalorable ayuda del radicalismo que fracasara (sin conseguir el quórum por apenas tres Diputados) una sesión especial convocada para tratar la movilidad. La prenda de negociación fue la constitución ese mismo día de la comisión previsional y la presidencia para la UCR.

El día de la primera reunión de la comisión, luego de que durante más de tres horas diputados de todos los partidos defendieran sus proyectos, el gobierno deja trascender que finalmente la formula no se definirá en el congreso, sino que el ejecutivo tomará en sus manos vía DNU dicha decisión. La estafa es total. La nueva fórmula consolida una pérdida del 35% solo en el último bimestre y profundiza la caída de las sucesivas movilidades truchas de Alberto y Macri.

Al presentar su proyecto, antes de la novedad del DNU, Romina Del Plá denunció que la situación de los jubilados no se agravó ahora, sino que gobierno tras gobierno metieron la mano en las jubilaciones, las licuaron, vaciaron las cajas atacando el sistema tal como fue concebido, “una conquista de la clase obrera de nuestro país que ya tiene más de cien años, como un derecho al salario diferido” refutando que se trate de un gasto al que habría que recortar para reducir el déficit fiscal, ”un derecho al retiro de la vida laboral a partir de un aporte que en su origen era plenamente patronal y luego comenzaron a aportar también los trabajadores”.

Denunció que los fondos fueron sistemáticamente utilizados por el estado y nunca restituidos, luego reemplazados por “papelitos”, los bonos del estado, la estafa de las AFJP y su reestatización “un salvataje de los bancos”, robos sucesivos sin los cuales los fondos jubilatorios superarían los 100.000 millones de dólares.

A los jubilados por otra parte se los esquilmó con cada nueva ley de movilidad robándoles en cada “empalme” uno o dos trimestres de actualización. Por eso los haberes hoy son de indigencia. Y planteo “aquí hay que generar un salto en el haber inicial… por eso este proyecto plantea que el ingreso mínimo tiene que ser igual a la canasta básica del jubilado establecida en $685.041 por la Defensoría de la Tercera Edad, un abismo con la mínima actual e incluso con los proyectos que aquí se han presentado y el 82% móvil para los haberes que superen la mínima y que se han achatado en forma brutal y la actualización por inflación o Ripte según sea más favorable al trabajador jubilado”.

Y continuó “¿de dónde sacar la plata? De reestablecer los aportes patronales plenamente, pasar a que sean remunerativas todas las sumas salariales que se pagan fuera de los básicos para que tributen al régimen jubilatorio, un sistema de registración laboral, un blanqueo que venimos insistiendo que debe ser riguroso, terminar con todas las formas de fraude laboral, monotributos, contratos… todos pasar al convenio de la actividad correspondiente y frenar todo este proceso de despidos que se está produciendo en el ámbito publico y en el privado, mi solidaridad con los trabajadores que están peleando contra los despidos y en ese punto un impuesto a las grandes rentas y fortunas para garantizar la estabilidad de un sistema que ha sido responsabilidad de los gobiernos vaciar”.

Es evidente que no existe fuera del FIT-U ningún bloque parlamentario interesado en resolver la cuestión jubilatoria, el gobierno lo explícita en su intento de volver al régimen de AFJP pero la totalidad de la oposición permite que se sigan licuando los haberes y que se avance en un robo de características monumentales.

Sólo una movilización unitaria y masiva de los adultos mayores puede recuperar lo perdido, el proyecto del FIT-U es una herramienta importante para alcanzar este objetivo. Por eso el Plenario de Trabajadores Jubilados ha lanzado una campaña para recoger adhesiones entre los jubilados, pensionados y también los trabajadores activos para defender sus jubilaciones futuras e impulsa un plenario nacional de organizaciones de jubilados para el 6 de abril.

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