El descomunal robo a los jubilados y a los que reciben las prestaciones sociales, que se ha llevado entre un 25 y un 37% de los haberes entre la movilidad macrista y los decretazos de Alberto Fernández, ha superado ahora los límites del escándalo. El proyecto de ley enviado por el gobierno al Senado no solo dispone una fórmula de movilidad que deprimirá las jubilaciones, sino que además convierte el aumento del 5% otorgado en diciembre en un anticipo del incremento de marzo.

Al igual que Macri, montaron un robo neto en el llamado “empalme”.

De esta manera se liquida de un plumazo la compensación por la inflación acumulada, que los jubilados reciben siempre con un retraso -lo cual por sí solo carcome los haberes. Ese mísero aumento trimestral del 5% ya contrastaba con el 3,8% de inflación de octubre y el 9 o 10 por ciento estimado por consultoras y economistas para los meses de noviembre y diciembre sumados. Es decir que la inflación del último trimestre casi triplicaría el incremento por decreto -que para colmo será absorbido “a cuenta de la aplicación de la nueva fórmula”. La pérdida en el año 2020 será entre un 7% y un 14% respecto de la vieja movilidad.

La farsa de que los aumentos por decreto de este año para la mayoría de que los jubilados superarían a la inflación -que la propia Raverta desplegó con humo hace pocos días- ahora termina de estrellarse contra la cara de 18 millones de beneficiarios que verán como la inflación y los recortes oficiales se comen sus ingresos.Dicho de otra manera, para todo el año, el aumento real de las jubilaciones será el acumulado a setiembre pasado: del 28,8% para los haberes mínimos y de 18,4% para los más altos, es decir que, frente a una inflación que no será menor a un 37/38 por ciento, la pérdida llegará desde los 10 hasta los 20 puntos respecto de la inflación.

Cínica “desindexación”

La ley propuesta plantea textualmente “volver a una actualización semestral que permitirá acompañar un proceso de desindexación de la economía”. Impresiona el nivel de cinismo. Mientras el ministro Martín Guzmán emite deuda indexada por CER o linkeada al tipo de cambio por miles de millones de dólares, pretenden “desindexar la economía” a través de los ingresos de los jubilados. Es lo que han hecho con los salarios de los estatales, que tuvieron 7% de aumento en todo 2020 –y lo mismo planean en 2021. Es evidente que descargan la crisis sobre trabajadores y jubilados mientras protegen de la inflación y la devaluación al capital financiero.

La “desindexación” jubilatoria del gobierno nac&pop comenzó hace un año, cuando recién asumido suspendió la fórmula macrista aprobada en diciembre de 2017 -con el apoyo de buena parte del PJ-, que consideraba como una de las variables a la inflación.

Como las recomposiciones de los haberes previsionales se realizan con retraso, “el aumento de diciembre mal puede ser un pago a cuenta porque correspondería a la recomposición del segundo trimestre de 2020”, destaca la abogada previsionalista Andrea Falcone, quien además explica que “la de marzo de 2021 debería ser la recomposición del segundo semestre” de 2020. Si el aumento de diciembre es a cuenta, significa que no habrá recuperación de un trimestre”.

Además, el “aumento” de marzo próximo no solo será recortado por el “adelanto” del 5% de diciembre sino que, por los datos conocidos del trimestre julio-setiembre del Ripte (el indicador salarial que se pretenden utilizar para calcular los aumentos con la nueva fórmula) ya estuvieron por detrás de la inflación del período. Será un recorte sobre lo ya recortado.

Estos zarpazos sobre los miserables haberes de los jubilados, que cobran en su inmensa mayoría una mínima en torno a $19.000, se destacan por una invariada continuidad. De los macristas a los kirchneristas, es una clara política de Estado. Se trata ahora de una ofrenda de Alberto Fernández al FMI, que exigió liquidar el ya por demás debilitado régimen jubilatorio. para que los futuros retirados reciban una mínima pensión a la vejez.

Esto lo confirma también el apoyo que el gobierno recibió del bloque encabezado por Roberto Lavagna, vocero eterno de los reclamos de los organismos financieros del imperialismo.

En este cuadro, aparece como un traspié para el gobierno el fallo de la Cámara Federal de Paraná (Entre Ríos), que declaró inconstitucional los decretos del gobierno nacional porque “los aumentos establecidos por los mismos son menores a los que hubieran correspondido por la movilidad jubilatoria anterior”. Es por eso un elemento de apoyo para la agitación y los reclamos de los jubilados.

Si bien este fallo es por un caso particular, sienta jurisprudencia por la inconstitucionalidad de los decretazos en un tribunal de segunda instancia. Es una base para generalizar los reclamos en las calles y en el terreno judicial, de impulso a la demanda colectiva impulsada por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

Ganemos la calle

La movilización que crece por el camino de las autoconvocatorias de las organizaciones combativas de los jubilados y pensionados, tiene por delante una importante audiencia convocada por la diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, para el próximo 2 de diciembre. Será acompañada por un acto-concentración en las puertas del Congreso, que se replicará el día que comience el tratamiento del nuevo proyecto de movilidad en el parlamento.

El Plenario del Sindicalismo Combativo y el Frente de Izquierda preparan sendas convocatorias cuando se trate el proyecto. Reclamemos a todos los sindicatos y centrales recabar mandatos, romper con este robo y convocar al paro y nacional y movilización para impedir este nuevo robo histórico a todos los trabajadores, los que son jubilados y los que lo serán mañana.

Para enfrentar esta ofensiva brutal contra uno de los sectores más vulnerables, que hoy debe vivir con haberes de miseria, hay que ganar las calles por:

° La recuperación de todo lo perdido en estos últimos años.

° Por la devolución de todo el dinero saqueado a las cajas de jubilaciones.

° Por el 82% móvil

° Por un haber mínimo de $49 mil, para cubrir el costo de la canasta básica del jubilado.