En otro capítulo de su avanzada contra las y los municipales de la Ciudad de Córdoba, el intendente Martín Miguel Llaryora se despachó con nuevos anuncios de congelamiento salarial, la eliminación de horas extras y la reducción de personal en las dependencias municipales. Las medidas no solo implican profundizar el ataque a las condiciones laborales, sino que afectan de manera directa a servicios esenciales que, en plena pandemia, resultan claves para la asistencia a la población.

Sumado a la reducción de jornada, que implicó un recorte del 15% en el salario municipal, el Ejecutivo dispuso la supresión de la totalidad de las horas extras; la eliminación casi total de la prolongación de jornada; el congelamiento de la paritaria para 2020; una ampliación del Régimen de Pasividad Anticipada (RPA) dirigido a los docentes que desarrollan tareas pasivas y la suplantación de la modalidad de contratación directa por un régimen de monotributistas.

El caso de la pasividad anticipada en educación es una muestra más del ajuste. Quienes adhieran verían reducidos sus ingresos, pasando a cobrar el 50% del salario en blanco del activo. Esta posibilidad se abrió en la última semana para docentes en tareas pasivas permanentes que desarrollan en las escuelas tareas administrativas y de apoyo a la gestión pedagógica (atención de biblioteca, laboratorio, etc), todas necesarias para la vida institucional.

La suplantación de las contrataciones directas por monotributistas es otra vía para profundizar la precarización laboral y atacar el convenio de las y los municipales. Con esta modalidad se pretende golpear a los trabajadores de las áreas administrativas ligadas al área contable, de Recursos Humanos y a las áreas operativas de tránsito y control de la vía pública, para generar una municipalidad “paralela” que deja fuera de funciones específicas a un gran número de trabajadores. Sin embargo, los nombramientos en curso no son para cubrir la falta de personal que hay en numerosas reparticiones; son para fracturar el convenio municipal, ya que se realizan precarizando trabajadores.

Debido a que los trabajadores comprenden la magnitud del ataque, crecen las acciones de protesta en todas las reparticiones, en reclamo de equipamiento, insumos y de personal necesario. En salud, por equipos de protección personal y más personal y en educación, por actos públicos virtuales y seguridad.

Estos nuevos ataques sobre las y los municipales fueron largamente reclamados por todo el arco patronal que opera en la ciudad. En un reciente informe, la Cámara de la Construcción y el economista Gastón Utrera apuntaron contra los salarios y la planta municipal, contraponiendo el gasto salarial al presupuesto invertido en obra pública. De esta forma, los especuladores que se han apropiado del suelo urbano en la ciudad, se enfilan junto a las empresas concesionarias del transporte y la basura, para reclamar aumentos de subsidios, exenciones impositivas y una mayor asistencia estatal.

Llaryora, en plena sintonía con las medidas del gobernador Juan Schiaretti en la provincia, está decidido a avanzar en la liquidación del salario y el convenio municipal, como primer paso para hacerse de los recursos que reclaman acreedores y empresas concesionarias de la municipalidad. Para esto ha recurrido a las imputaciones de más de una decena de municipales y a un brutal operativo mediático que coloca el salario de las y los trabajadores como el principal factor de la bancarrota municipal.

La potencia de movilización y lucha que han demostrado las y los municipales con dos masivas marchas y decenas de acciones de lucha en las diferentes dependencias, contrasta con la pasividad de la conducción gremial, que es reticente a unificar al conjunto de las y los municipales en un plan de acción progresivo.

Urge que las acciones de movilización sean direccionadas con una asamblea general de trabajadores y trabajadoras, que delibere y resuelva un plan de lucha para que la crisis no la paguen ni los trabajadores, ni los vecinos. Que la crisis la paguen los especuladores, los grandes empresarios y las concesionarias corruptas.