El gobierno de la Municipalidad de Córdoba está negociando a contrarreloj el reperfilamiento de su deuda de unos 150 millones de dólares bajo cláusulas de confidencialidad. Mientras diferentes fuentes periodísticas coinciden en que no hay un avance hacia su aceptación, trascendió optimismo por parte de quienes gobiernan.

Mañana se tendría que cancelar unos 5,9 millones de dólares de intereses pendientes, porque se cumple el mes de gracia para efectuar el pago, de no pagar la ciudad podría entrar en default técnico.

Según La Voz “el bono exige al municipio el pago de casi 12 millones de dólares anuales de intereses hasta 2024. El capital debe cancelarse en tres cuotas de 50 millones de dólares que vencen en 2022, 2023 y 2024. Eso complicaría en extremo los dos últimos años de la gestión Llaryora”.

De acuerdo a la citada fuente, el gobierno municipal tiene como objetivo alcanzar “un acuerdo que baje la tasa de interés y extienda los plazos”, es decir, no está planteada ninguna quita de capital. Por lo tanto, el intendente Martín Llaryora reconoce integralmente un endeudamiento generada por Mestre.

Cabe recordar que en marzo, el intendente abonó los intereses de la deuda, mientras que en septiembre suspendió el pago, y durante el transcurso de los siguientes 30 días buscó alcanzar un acuerdo para “reperfilar” vencimientos.

Trascendió que el gobierno municipal caracteriza que puede llegar a un acuerdo con el 75% de los acreedores, y de ese modo cumplir con las cláusulas de acción colectiva, y así evitar el default.

De llegar al escenario diagramado por el oficialismo, no se despeja el ataque sobre los intereses populares. Porque la continuidad del pago de la usura implica un ajuste mayor al que ya se viene desarrollando, en especial sobre el bolsillo del conjunto de trabajadores municipales, que ha sido la variable de ajuste predilecta que tomó Llaryora.

Es claro que con una recaudación en pesos y en caída, el gobierno del PJ buscará en primer lugar hacerse de dólares mediante un feroz ajuste sobre salarios, y por lo tanto jubilaciones. Además, las partidas presupuestarias de los servicios públicos también se verán afectadas. En ese sentido, es ilustrativo el presupuesto nacional, en el que se recorta todo para acumular fondos para el pago de una deuda usuraria.

La única salida en función del interés popular radica en realizar una investigación y el no pago de una deuda usuraria. Destinando esos recursos a un plan de desarrollo que dé respuestas al conjunto de necesidad del pueblo trabajador, como por ejemplo emprender la construcción de viviendas y de la obra pública, es decir, organizar la ciudad en función de las necesidades de la Córdoba que vive de su trabajo, mediante un plan económico resuelto por las y los trabajadores.

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