El pasado miércoles 31, en la primera sesión extraordinaria del año, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó con mayoría propia y aliados la creación del Ente de “Fiscalización y Control”, que tendrá la facultad de gestionar las habilitaciones comerciales para ejercer mayor control en la noche de Córdoba. El radicalismo acompañó y el Frente Cívico y el FIT-U votaron en contra.

“La creación del Ente de Fiscalización y Control busca reunir facultades de seis secretarías en una sola unidad de decisión. Entre sus potestades, el nuevo órgano permitirá concentrar la recepción de la documentación exigida para habilitaciones, agilizar el proceso de verificación, definir con unidad de criterio las condiciones y características de la tarea de fiscalización y control a cargo del servicio de inspectoría de la Municipalidad” (LV, 31/1).

Ante este hecho consumado, la comisión directiva del Suoem se pronunció en contra, señalando que constituye un grave retroceso que aumenta el gasto público, atentando contra los derechos y condiciones laborales de las y los trabajadores municipales y exigiendo la suspensión del tratamiento del proyecto hasta tanto se cumplimente con lo estipulado en la Ley de Asociaciones Sindicales. Advirtió, mediante una nota presentada al Concejo, que “de no hacerse lugar a nuestro legítimo pedido se avasallarán derechos de las y los trabajadores municipales, por lo que deberemos acudir a las medidas legales y gremiales que se estimen convenientes para protegernos”.

El Ente de Fiscalización y Control es el tercer ente descentralizado que forma parte de la burocracia estatal municipal, lo cual implica institucionalizar una estructura con autarquía administrativa y financiera, que gestiona por fuera de los organismos de control municipales electos por la ciudadanía. Se trata de un aparato político que cuenta con personería jurídica para establecer convenios con organismos públicos y privados, universidades, empresas, obtener recursos y negociar, contratando personal por fuera del estatuto municipal y manejando un presupuesto sobre el cual no debe rendir cuentas al Tribunal de Cuentas.

Los otros dos entes existentes son el COyS (ex ESyOP, creado en 2016) a cargo de Victoria Flores (esposa del jefe de bloque del PJ en la Unicameral Miguel Siciliano) y el Bio Córdoba (creado en 2020) a cargo de Enzo Cravero. En ambos casos, la creación de estos entes implicaron por parte de la comisión directiva del sindicato un posicionamiento en rechazo que no se tradujo en los hechos en medidas efectivas en defensa de la fuente laboral. Para los trabajadores ocupados en estos Entes ha significado la precarización laboral vía contratación de cooperativas (el caso de los recicladores de los centros verdes), becas y contratación de empresas tercerizadas. Con salarios que dependen de becas o planes potenciar trabajo, la municipalidad ha oficiado de principal garante del ajuste que recae sobre los trabajadores.

El nuevo Ente golpea el corazón del organismo recaudador del municipio, ya que tanto la policía municipal de tránsito como las reparticiones de control de obras privadas, comercios y habilitaciones constituye en gran medida el sector que obtiene ingresos para las arcas municipales. La descentralización de este sector equivale a desguazar la recaudación y con ella introducir justificaciones que habiliten paritarias a la baja ya que si estuvieran “atadas a la recaudación” el intendente contará con una carta que le facilite eludir la indexación salarial: la recaudación municipal no cubrirá la suba inflacionaria.

Los municipales necesitamos defender nuestra fuente laboral

Como se advierte, la creación del Ente de Fiscalización y Control es un eufemismo que habilita el descontrol municipal y con ello profundiza el ataque al salario y las condiciones laborales tal como se ha desarrollado en la última década. En efecto, Mestre primero, Llaryora después y Passerini como fiel seguidor de las políticas precarizadoras de su predecesor han buscado minar el estatuto municipal valiéndose de recursos administrativos y legales que habilitaron una municipalidad paralela, al servicio de los negociados de todo tipo. Para ello han contado con un sindicato errático, que ha permitido –por acción u omisión- el avasallamiento de derechos depositando expectativas en el ministerio de trabajo o las vías judiciales.

Los trabajadores necesitamos un verdadero plan de lucha que revierta definitivamente este ataque sobre nuestro convenio y sobre nuestro salario. A días del primer paro nacional, todavía no asoma ninguna convocatoria a establecer un verdadero plan de lucha que enfrente la ofensiva nacional de Milei y la que ejecuta en nuestra provincia el gobernador Llaryora y el intendente Passerini. Opuesto por el vértice a esta política de “quejarse pero dejar hacer”, la Uepc desconoció la imposición de una paritaria fraudulenta, que descarga la inflación sobre el poder adquisitivo del salario, desalineándose (gracias a la combativa seccional capital) del resto de gremios estatales que cerraron un ruinoso acuerdo paritario.

Exijamos a la comisión directiva del Suoem independencia política y un plan de lucha que implique: urgente recomposición salarial, reconociendo la inflación de diciembre y enero en una sola cuota; indexación mensual acorde a la inflación sin inclusión de la variable recaudación; abajo el ente, no necesitamos un nuevo organismo descentralizado, sino incrementar el trabajo municipal bajo convenio, con incorporación de los trabajadores municipales precarizados para la cobertura de los puestos municipales vacantes y convocatoria a concursos para regularizar la situación de los mandos medios; restitución de la séptima hora; plan de lucha efectivo y progresivo hasta triunfar junto a los gremios independientes a los gobiernos de turno.

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