“La nuestra es la única empresa que está en condi­ciones de asegurar la trans­formación del puerto. Mani­pula las tres cuartas partes de todos los contenedores que entran y salen del país. Operamos las tres grúas pór­tico que existen en el puerto y hemos adquirido una cuar­ta... Además, somos accionis­tas de una empresa de línea feeder, que posee dos peque­ños buques porta contenedores, con los que vamos a ini­ciar un servicio entre Bue­nos Aires, Montevideo y Asunción”.

Quien dijo todo esto, publi­cado por El Cronista el 11 de marzo de 1994, fue Guillermo Murchison, el mismo hombre que fue detenido a fines de octu­bre por el contrabando en la llamada Aduana Paralela. De las investigaciones realizadas por los fiscales, “ha surgido que durante los años 1994, 95 y lo que va del 96 han ‘desaparecido’ 10.000 conte­nedores del puerto de Bue­nos Aires y 37.000 bultos del aeropuerto de Ezeiza” (Ámbito, 25/10), algo a lo que no podría ser ajeno quien se jacta­ba de “manipular” el 75 % de los contenedores que ingresa­ban al país.

Murchison es una firma que maneja el puerto desde hace un siglo. Mostró sus característi­cas de pulpo económico estra­tégico de la burguesía cuando se privatizó el puerto en 1994 y se alzó con las terminales 1 y 2, a pesar de las irregularidades denunciadas. Quien terció en favor de Murchison fue Cava- lio: “poniendo fin a un ex­tenso período en el que abundaron impugnaciones, recursos y denuncias ante la Justicia, informaba hace dos años Clarín (7/6/94), el gobierno dio a conocer ayer la resolución número 709, del Ministerio de Econo­mía, Obras y Servicios Pú­blicos por la que se deja sin efecto la precalificación de las terminales 1 y 2 del puerto de Buenos Aires, en favor del consorcio integra­do por las empresas P & O, Port Investment, Fasce y Maruba, y se procede a pre- adjudicar las mismas a Ter­minal Murchison-Roman, cuya oferta económica que­dó en segundo lugar en la licitación”.

Luego de tomarle declara­ción, el juez liberó a Guillermo Murchison pero le trabó a su firma un embargo de 20 millo­nes de dólares, razón por la que la Administración Nacional de Aduanas “la inhabilitó para seguir operando como depó­sito fiscal en razón del em­bargo” (Página 12, 1/11). Pero el fiscal penal “apeló la falta de mérito” con la que el juez excarceló a Murchison, porque sostiene que existen pruebas muy contundentes que involu­cran a Murchison en la operato­ria de contrabando.

Murchison integra el selecto grupo del Consejo Empresario Argentino, que dirige el ban­quero Ruete Aguirre, del Banco Roberts, junto a Roberto Alemann y Emilio Cárdenas, quie­nes son los que más impulsan la eliminación de las indemniza­ciones por despido, la privatiza­ción de las obras sociales y la liquidación del PAMI. El Con­sejo Empresario quiere que Menem dé un ‘golpe' y cambie el gabinete introduciendo a al­gunos de estos personajes en los ministerios claves, como Salud, Trabajo y Relaciones Exterio­res. Murchison también es vice­presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Em­presa.

La vinculación del “más im­portante operador portua­rio”, como lo calificó La Nación, con el contrabando, revela que no se trata de una obra de pere­jiles, sino que tiene por protago­nista a lo más granado de la burguesía y oligarquía argenti­nas. Muestra que el contraban­do era ‘manipulado' por esta burguesía argentina en alianza con las grandes cadenas de dis­tribución, como Wall Mart o Musimundo.

El enjuiciamiento de Mur­chison pone en cuestión el con­junto de la privatización de los puertos y, por lo tanto, la estruc­tura del comercio exterior ar­gentino. Asistimos, entonces, a una quiebra de la burguesía, como consecuencia de la crisis económica y el derrumbe del ‘plan Cavallo'.