Según afirman las encuestas, a la mayoría del país le importa poco la reforma de la Constitución porque para ella la primera de las preocupaciones es el desempleo y los bajos salarios.

Lo que esta mayoría popular, desinformada por los medios de comunicación y por el Estado, por el PJ, la UCR, Solanas y Rico; lo que esta mayoría no sabe es que el proyecto de reforma de la Constitución lanzado por el menemismo, impone para toda la vida el desempleo, la miseria, la entrega de la soberanía del país, la abolición de la democracia y la transformación de Argentina en una enorme plantación dominada por negreros.

El movimiento obrero debe declararse en estado de emergencia y deliberación nacional, para discutir este proyecto criminal; debe expulsar a los burócratas, que en un 99% apoyan el proyecto; y debe lanzar un gigantesco plan de movilización.

En conformidad con el proyecto de “reforma laboral”, la propuesta de reforma constitucional aprobada en el Senado establece en su capítulo XII “una cláusula destinada a garantizar y proteger la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, la defensa de la productividad…”. A los “legisladores” parece no alcanzarles el “derecho de propiedad” garantizado por la actual Constitución y pretenden abolir toda posibilidad de que el Estado pueda poner un límite a la “libre” explotación capitalista y toda posibilidad de que la legislación laboral proteja a los obreros contra la superexplotación. El “derecho” a la “productividad” autorizaría a los patrones a barrer con todas las conquistas sociales de un siglo de luchas: con la jornada de ocho horas; con las vacaciones; con la licencia por maternidad; con menores horarios para trabajos riesgosos e insalubres; con los convenios de trabajo colectivos; con los sindicatos, en definitiva.

La reelección de Menem va acompañada de un proyecto que pretende convertir a Argentina en una cárcel capitalista. El “derecho” a la “libertad de empresa” supone también un ataque sin precedentes contra el pueblo entero, ya que esta cláusula constitucional autorizará a anular todos los impuestos a las ganancias y a las fortunas, volcando el financiamiento del Estado sobre las espaldas del consumidor.

Es el proyecto de la miseria social.

Es también el proyecto de la entrega, del saqueo y del contrabando. Contempla la reforma del artículo 67 inciso 1 de la Carta actual, “a fin de prever, dice, la posibilidad de otorgar beneficios a las regiones en materia de derechos de exportación e importación contemplando incluso el establecimiento de zonas francas…”. En las “zonas francas” no se aplica la legislación impositiva ni laboral del país, lo que implicará superexplotación y saqueo económico, así como la desindustrialización de las regiones afectadas con el consiguiente incremento de la desocupación. Las “zonas francas” son las zonas ideales de operaciones del narcotráfico, debido a la completa ausencia de control estatal.

El proyecto menemo-cafiero-bordonista prevé la liquidación de la democracia y del Congreso, al autorizar el régimen de los “decretos de necesidad y urgencia”, que Menem ha usado hasta el cansancio para “privatizar” y para confiscar el patrimonio de los trabajadores. Para eso “habilita” a que se consideren sancionados de hecho los proyectos de ley que no fuesen tratados por las Cámaras en un período determinado de tiempo. Con esto, la oposición parlamentaria y en especial la oposición socialista, es privada de un medio para bloquear las iniciativas legislativas reaccionarias que impulsan las mayorías “automáticas” del oficialismo. Este punto otorga en la práctica al presidente la “suma del poder público”, un hecho que la Constitución actual condena como “traición a la patria”.

El punto anterior, como el que alarga a cuatro años las elecciones para renovar las Cámaras, cuenta con el apoyo de la UCR.

La reforma en ciernes es una Carta de Derechos de los Corruptores, esto porque establece el “per-saltum”, es decir, la facultad de la Corte Suprema para sacar los procesos de sus jueces naturales. La burocracia del Estado recibe, de este modo, un estatuto de impunidad, toda vez que sus delitos quedarán en manos de una institución que es nombrada fundamentalmente por el Poder Ejecutivo. Planteo de “lesa democracia”, ataca virulentamente también los derechos de los trabajadores, que recibirán, en consecuencia, menos que nunca, la protección judicial. No es casual que los juzgados del trabajo hayan sido suprimidos por la vía de un incendio.

Alerta roja, demócratas. Alerta roja, trabajadores. Menem quiere comprar su reelección vendiendo integralmente el país. Alerta roja también, porque la UCR y Solanas sólo le objetan al proyecto la reelección inmediata, pero no el conjunto de sus restantes disposiciones criminales, incluida la reelección a partir del año 2.000. Rico apoya todo, reelección inmediata incluida.

Organicemos la deliberación popular. Ingresemos al Frente de Izquierda y de los Trabajadores.