Las reiteradas "salidas" del penal de Olmos de Fanchiotti, condenado a perpetuidad por el fusilamiento de Maxi Kosteki y Darío Santillán en la Masacre de Avellaneda en 2006, burlan al pueblo y retratan la impunidad oficial. Por encima de la demagogia kirchnerista, está la salvaguarda y preservación del aparato represivo para utilizarlo contra las luchas obreras y sociales.

El gobierno de Scioli quiere dar por cerrado el "caso Fanchiotti" para bloquear una investigación independiente que permitiría deschavar la cadena de complicidades que van desde las fuerzas de Seguridad a la Justicia. Que Ricardo Casal, ministro de Justicia de Scioli, haya trasladado al ex comisario y pesado de la Bonaerense a una unidad de máxima seguridad en Florencio Varela recién cuando eran imparables las denuncias de los propios presos y familiares de las víctimas del Puente Pueyrredón, subraya el encubrimiento y los favores especiales de los cuales gozaba Fanchiotti.

Aunque Casal dispuso la intervención del penal de Olmos, "fuentes judiciales aseguraron que los jefes penitenciarios de la Unidad 25 acusados de facilitar la salida sin autorización del ex comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti no irán presos" (diario Hoy de La Plata). En pocas palabras, un sumario administrativo, un tirón de orejas y a otra cosa. Ni Casal, ni Scioli ni el gobierno anterior de Solá o el gobierno nacional de los Kirchner pueden invocar desconocimiento o sorpresa, porque Fanchiotti venía saliendo con distintos pretextos desde hace mucho y sus "escapadas" protegidas eran un secreto a voces.

El envío de Fanchiotti a Olmos fue un operativo deliberado: lo alojaron en el pabellón de los presos evangelistas donde "no hay rejas" y los detenidos tienen un régimen especial para blanquearlo como preso VIP. El "súbito fervor religioso" de este asesino fue la coartada para que entrara y saliera del penal como Pedro por su casa, acompañado por efectivos del sistema penitenciario y del propio subjefe de la Unidad, Diego Borba, quien le hacía de cicerone en sus salidas.

El ministro Casal le dijo a Vanina Kosteki, hermana de Maxi, que se "había hecho todo lo que correspondía". ¡Mentira! El apuro de Casal tiene sus razones: una investigación a fondo no haría sino prender el ventilador provocando una nueva crisis al ya zarandeado gobierno provincial, sobre todo cuando siguen impunes los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda y cuando la inseguridad ciudadana está ligada a la descomposición de los aparatos de represión y los punteros. Una sanción ejemplar, por otra parte, va contra la política de seguridad de Scioli, Stornelli y Casal que apunta al reforzamiento del "poder de fuego" del aparato mafioso de la Bonaerense.

El affaire Fanchiotti no es un hecho aislado. En la cuenta de la impunidad están también los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, el secuestro de Jorge Julio López, las cárceles VIP para los represores de la dictadura, el asesinato de Febres por la Prefectura, la represión a las luchas obreras, el gatillo fácil y el mantenimiento de los jueces de la dictadura como ocurre con Alberto Durand, jefe de asesores del ministro Stornelli.

El Partido Obrero lucha para que vayan a la cárcel los cómplices de Fanchiotti, por el juicio y castigo a los responsables de la Masacre de Avellaneda y por el desmantelamiento del aparato represivo. Con estas banderas, nos movilizamos el 26 de febrero pasado a la Estación Avellaneda.