La empresa Barrick, frente a la indignación popular y las pruebas, admitió haber mentido en cuanto al derrame de cianuro producido por falla en una válvula. No fueron 224.000 litros, como informó en un primer momento, sino poco menos de un millón, lo que exigirá un estudio pormenorizado y extendido en el tiempo para saber las secuelas en los ríos y afluentes. Sin embargo, a menos de un mes del derrame, el gobierno de Gioja se ha agarrado de un informe preliminar de la consultora internacional Unops-Pnuma para autorizar la reanudación de actividades en Veladero. Para el juez de San Juan, además, los responsables son los empleados.

Gioja, afortunadamente, no ha tenido suerte. El organismo salió a despegarse advirtiendo que no avaló los datos de metales contaminantes, como informó Barrick (http://www.gacetamercantil.com/notas/86613/) sino que sólo hizo análisis de cianuro, con un reactivo de vida efímera.

Contrariamente, el estudio realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Uncuyo, encargado por la Municipalidad de Jáchal sobre muestras de agua tomadas al día siguiente del siniestro, demuestra la existencia de contaminación por la presencia de metales.

En el Río Palca se detectaron concentraciones de manganeso y aluminio que superaban las normas de calidad de agua para consumo y también los valores tomados en los mismos sitios en un muestreo realizado por la misma institución hace cinco años. También se detectaron trazas de mercurio, cobre y zinc.

Disputa de competencia judicial

Una vez producido el derrame se iniciaron actuaciones judiciales en dos jurisdicciones, la provincial y la federal. La causa que tiene como juez a Oritja, en San Juan, se abrió dos días después del derrame, tras una denuncia que hizo el gobierno provincial. La que está bajo la órbita de Casanello se inició después, a raíz de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La Justicia de San Juan le reclamó al juez Casanello que se declare incompetente para que toda la causa se unifique en la provincia. De no declinar ningún magistrado, el tema de la jurisdicción debería ser dirimido por la Corte Suprema.

El juez Oritja imputó a nueve empleados de Barrick Gold, a quienes se les tomará declaración indagatoria a partir del 6 de octubre y es, además, el que validó la vuelta al trabajo en la mina en que se produjo el accidente.

Entretanto, la Barrick ha restablecido el conjunto de sus operaciones.

Qué hacemos y qué nos proponemos

Nuestra bancada en el Congreso ha realizado un pedido de interpelación al secretario de Minería y al de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y está presentando un proyecto de ley de prohibición de sustancias peligrosas en la megaminería similar al existente en la provincia de Mendoza.

Planteamos:

• Nacionalización de la mina y control de sus trabajadores sobre el conjunto de sus operaciones hasta su cierre definitivo.

• Auditoría electa por los vecinos para establecer un control de todo el sistema hídrico de San Juan y de las condiciones de salud de los habitantes afectados.

• Derogación de la ley 24.196 de Inversiones Mineras y el Tratado Binacional de Implementación Conjunta argentino-chileno, diseñado a la medida de las patronales mineras.

• Comisiones de trabajadores y vecinos para la gestión ambiental y el control de los planes de remediación y cierre de las explotaciones.