“¿Sabe por qué nadie quiere investigar esto? Porque la cosa sube hasta muy por encima de los hombres que fueron asesinados”, declaró una fuente vinculada con la querella en el caso del triple crimen de General Rodríguez (Clarín, 8/10). Hace tiempo, la viuda de Sebastián Forza habló de alguien “con poder”. Desde entonces, la causa es una brasa que nadie quiere tomar.

La fiscal porteña Ana María Yacobucci fue la que poco o ningún caso hizo a la denuncia de la desaparición de los tres empresarios, luego asesinados, cuando la recibió cuatro días antes de que aparecieran los cadáveres acribillados en un zanjón cerca de General Rodríguez. Ella logró deshacerse del asunto, que fue a parar al juzgado federal de Campana a cargo de Federico Faggionato Márquez, un juez con varios pedidos de juicio político en su contra, aún pendientes.

En cuanto logró demorar esos procesos de destitución, Faggionato Márquez dijo que “por ahora” no encontraba pruebas suficientes y evitó pedir formalmente el expediente. El asunto volvió a Yacobucci pero ésta declaró que ya no podía avanzar más y envió el expediente, otra vez, a Mercedes. Ahí, el juez Marcelo Romero, con una serie de artilugios, lo devolvió a la Capital, donde lo tomó el juez Rodrigo Pagano Mata para decir que no le corresponde a él ni a ningún otro juzgado porteño. Ahora, la Corte Suprema debe decidir finalmente quién tiene el Gran Bonete.

Todo huele mal, demasiado mal.

¿Lavado de dinero en despachos oficiales?

Héctor Capaccioli, superintendente de Servicios de Salud de la Nación, servidor puntual de Alberto Fernández, es, como se sabe, el gran recaudador de campaña del matrimonio presidencial. No se trata de un dato menor, por ocupar el puesto que ocupa: de los diez millones de pesos que el Frente para la Victoria declaró haber recibido en concepto de aportes empresariales, más de 3,5 millones llegaron del sector de medicamentos y droguerías.

En muchos casos los aportantes, como Sebastián Forza o Marcos Hendler, fueron empresarios endeudados hasta la quiebra; otro, como Julio Posse – sospechado de infidente de la DEA- , figura como monotributista. Todos ellos hicieron su “contribución” en las oficinas de Roque Sáenz Peña 530 ¿Cómo es posible que gente quebrada pusiera hasta 300 mil pesos? “La respuesta es simple: nunca lo hicieron” (Crítica, 19/10). Si las cosas son como deduce ese diario de su investigación, estamos ante una operación de lavado de dinero, procedente del narcotráfico y del mercado de medicamentos adulterados y/o robados, hecho en oficinas del Estado por funcionarios del gobierno kirchnerista.

Sólo eso alcanzaría para explicar por qué nadie quiere investigar un asunto que apesta.

En todo esto hay otro nombre que ofrece una punta del ovillo: el de Néstor Lorenzo, dueño con Carlos Torres de la droguería San Javier, una de las que con mayor asiduidad aparecen el expediente del triple crimen. Lorenzo está vinculado con Néstor Vásquez, ex gerente la Superintendencia de Servicios de Salud cuando, en tiempos del menemismo, esa repartición estaba a cargo de José Luis Lingieri. Vázquez ahora es “gerenciador” de La Bancaria, la obra social de la burocracia de Juan José Zanola.

Ésa es una pata, la de la burocracia sindical, que deberá tenerse muy en cuenta en este caso. No por nada, entre sus avales para ser proveedor del Estado, Forza presentó los de la UOM y los de varias obras sociales sindicales.

Lorenzo, por supuesto, también se dejó ver entre los aportistas a la campaña de Cristina Kirchner con 710 mil pesos. Gente generosa, se ve.

Cuestión de salud pública

Desde el primer momento, Prensa Obrera observó el vínculo entre el tráfico de efedrina, las actividades argentinas del cartel mexicano de Sinaloa y la mafia que falsifica medicamentos, como el Yectafer adulterado que en 2004 mató a cuatro mujeres y estuvo a punto de matar a una treintena más.

Ésa, la del Yectafer, es otra causa arrumbada en Tribunales, en este caso en el juzgado de Norberto Oyarbide. En ese expediente aparece la transcripción de un diálogo telefónico entre una de las involucradas, Sandra Vitale, con su abogado. La mujer dice:
– La investigación, eso es lo que me preocupa.

El abogado responde: – Quedate tranquila, yo hablo con la gente de Madariaga y de General Paz.

“En Madariaga 6976 funciona la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal” (Crítica, 19/10). Un sujeto que cumplía un papel menor en ese entramado, el suboficial “Chipi” Mondragón, nombrado varias veces en el expediente y a quien se atribuye la misión de recaudar y avisar a las droguerías sobre cualquier allanamiento, aparece ahora vinculado con Forza, de quien recibió varios cheques entre septiembre y noviembre del año pasado.

En definitiva, este caso reúne cuestiones como la necesidad de defender la salud del pueblo, atacada por mafiosos que adulteran medicamentos con protección del Estado; el atentado contra la seguridad de la población cuando la Argentina empieza a convertirse en campo de batalla de carteles mexicanos y colombianos, problema derivado del anterior; y, una vez más, la corrupción galopante del gobierno y de una policía que, en cada hecho de resonancia, aparece como la gran organizadora del delito.

Urge, por tanto, la inmediata estatización, sin pagos compensatorios y bajo control obrero y de asambleas populares, de todo el sistema de salud, de los grandes laboratorios, de todas las etapas de producción y distribución de medicamentos, y la determinación y ejecución del presupuesto de salud por organismos populares. Esas medidas obligan a echar a las mafias gubernamentales, políticas, burocráticas y policiales, y someterlas a juicio por atentado criminal contra la salud de la población.