La “súbita” aparición en escena del sirio Kalhil Dib, un “testigo clave” del escándalo del narco-gate, ha puesto al rojo vivo la crisis política. Ha alcanzado a la propia cabeza del Estado... y no sólo por las declaraciones de su ex-esposa.

Kalhil Dib, que se desempeñó como colaborador de Ibrahim en la Aduana de Ezeiza, confirmó las denuncias del “arrepentido” narco-traficante detenido en España, según las cuales Casería, Amira, Emir, Karim Yoma y Alí Ibrahim habían puesto sus altos cargos en el aparato estatal y sus “Influencias” a disposición de una organización dedicada al tráfico de drogas en gran escala y al lavado de narcodólares.

La cosa, sin embargo, no se detiene acá, porque “en noviembre de 1990 (Kalhil) se habría reunido con Miguel Ángel Vico y Ramón Hernández (secretarios privados de Menem). Allí les dijo — según su declaración—‘yo quiero hablar con Presidente’ (sic). Más adelante en su declaración cuenta que (sic) ‘volvió a reunirse con ellos y me dijeron que el Presidente necesitaba una grabación (sic)... La plata la vamos a dar en nombre del Presidente, no te preocupés’... ” (Noticias, 21/7).

Estas declaraciones de Dib implicando directamente a la Casa Rosada obligaron al siempre locuaz presidente Menem (y a toda su comitiva) a guardar una “cuarentena periodística” durante su estada en la cumbre de Guadalajara y a retrasar en un día su retorno al país.

La prensa española, ha puesto, por su parte, al descubierto las relaciones entre la “conexión argentina” de narcolavadores y el BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional), cuyas operaciones han sido recientemente canceladas en todo el mundo por su implicación en el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico y de la venta ilegal de armas. Gaith Pharaom, uno de los principales accionistas del BCCI, “apoyó económicamente a Menem durante la campaña electoral” (Página 12, 17/7). Como retribución, Pharaom recibió las licencias para construir un gran hotel en Buenos Aires y una planta de procesamiento de jojoba en Salta, operaciones financiadas mediante capitalización de deuda externa (uno de los mecanismos preferidos por los lavadores de dólares “sucios”). El Wall Street Journal vincula a Javier González Fraga, ex presidente del BCRA, con Pharaon. Clarín, en diciembre pasado (durante la presidencia de González Fraga en el BCRA), había revelado que la presencia de una verdadera inundación de dólares “sucios” “era un secreto a voces entre los operadores de las mesas de dinero de los bancos y las casas de cambio”. Precisamente, Gaith Pharaom fue el hombre que trajo a Dib a Buenos Aires y lo puso en contacto con Ibrahim y el clan Yoma. Si no fuera por su congénita genuflexión, el parlamento estaría obligado, sin excusas, a iniciar el juicio político al presidente y a todo su gabinete.

El conjunto de las instituciones del Estado se han largado a una violenta campaña de encubrimiento del narco-gate.

La prensa informó, sin ser desmentida, que existe un acuerdo entre Menem y Felipe González para demorar la extradición de los Yoma y Caserta hasta después de las elecciones, esto para evitar un derrumbe electoral del gobierno. El español puede tener sus buenos motivos para evitar esta caída ya que han sido empresas españolas (Iberia, Telefónica, Renfé) las principales beneficiarías de la privatización menemista. El poder ejecutivo, además, ejerció una violenta presión para obtener la libertad de Mario Casería, temeroso de las revelaciones que éste podría hacer en caso de sentirse “abandonado por sus amigos”.

La jueza Servini de Cubría, por su parte, ha ocultado las pruebas reunidas por la justicia española y se ha negado a dar curso a la orden de detención contra Amira que le solicitó el juez español Garzón. Fue denunciada por “obstrucción” por el Consejo General del Poder Judicial español y directamente por “encubrimiento” por la prensa. El propio “testigo clave” declaró que “los Yoma y Carlos (Menem) la tienen arreglada” (a la jueza) (Noticias, 21/7). La intervención directa de la Corte Suprema menemista en el caso es un recurso desesperado por salvar a la cabeza del Estado de la crisis abierta con el narco-gate.

Ninguna de las camarillas que “cohabitan” el poder del Estado está a salvo del escándalo. Duhalde ha sido alcanzado por haber designado a Ibrahim en Ezeiza y ahora se pone al descubierto que Cavallo, en su paso por la Cancillería, le otorgó, en completa violación de la legislación vigente, pasaportes diplomáticos a Amira y a Ibrahim, los cuales, lógicamente, se habrán servido enormemente de ellos para sus “tareas ”.

“Y... algo hay”, fue la confesión de uno de los ministros!!, que La Nación (19/7) no vaciló en reproducir a pesar de no poder citar la fuente.

La diplomacia y los organismos de seguridad estadounidenses han sido las verdaderas “usinas” de este narco-gate: la prensa española reveló que las informaciones sobre la “conexión argentina” fueron recogidas por la CIA y el Mossad (servicios israelíes) y elevados al juez Garzón, un hombre con “buenas relaciones” con la DEA norteamericana. No hay que olvidar que el Swift-gate desatado por la embajada norteamericana también tuvo como blanco a otro de los miembros del clan Yoma.

Ahora, distintas versiones señalan que el “testigo clave” Kalhil Dib sería un hombre de los servicios de inteligencia yanki (o al menos otro “arrepentido" que habría llegado a un acuerdo con ellos). Frente a la liberación de Caserta, al completo empantanamiento de las investigaciones y al abierto encubrimiento del aparato estatal a los narcolavadores, la “aparlclón”de Kalhil sería la señal de que la diplomacia estadounidense está dispuesta a intervenir a fondo en la crisis política para forzar el desplazamiento de lo que ella misma define como “clanes salvajes”, potencialmente hostiles a sus intereses. La presión norteamericana no se reduce, sin embargo, al terreno de las revelaciones criminales: el desmantelamiento del Cóndor II y la venta de trigo subsidiado al Brasil son otras de sus brutales expresiones, las cuales están muy próximas de las “relaciones carnales” que pregona el gobierno porque se asemejan, como dos gotas de agua, a una violación.

Esta violentísima presión imperialista amenaza con disolver el “pacto de silencio” entre los mafiosos: pocas horas después de la aparición de Kalhil, Menem “licenció” a Amira y un juez allanó sus mansiones. En respuesta, Zulema Yoma atacó violentamente a Menem y a Duhalde.

La brutalidad de los choques entre las camarillas capitalistas, que han convertido al estado “democrático” en su botín, lleva directamente a la caída del gobierno.