Cuando el escándalo del “narco-gate” estaba en su punto máximo y saltaban a la luz las relaciones ilegales entre la jueza Servini de Cubría, el presidente y la Side, “un amigo de Menem (seguramente un ex ministro) le dibujó al semanario Gente este ilustrativo paisaje: ‘Carlos (Menem) se equivoca. No puede hacerse el distraído y decir que no conoce a nadie. Hay que responder políticamente, ejerciendo un poder que aún conserva. De lo contrario, y lo digo con mucho dolor, lo van a terminar volteando”’ (La República, Montevideo, 26/7).

La “respuesta política" que dio “el poder” está ante los ojos de todos: una descomunal batería de concesiones a los capitalistas, que han servido para cerrar las filas de estos (y de la embajada norteamericana) detrás de Menem, y para reforzar, como consecuencia la acción de encubrimiento por parte del conjunto del aparato estatal.

Cuando todas las pruebas han salido a la luz, cuando todas las declaraciones ya han sido formuladas, la “justicia” se dedica, con sucesivos “traspasos”de la causa, a tirar la pelota para adelante.

En el parlamento, con todas las pruebas en la mano sobre las actividades ilegales de la jueza Servini de Cubría, y por lo tanto de Menem, (visita clandestina a Olivos, colaboración con las defensas de Amira, Ibrahim y Caserta para evadir la orden de detención del juez español, adulteración de las declaraciones de los testigos e implicados, grabaciones en colaboración con el Side de sus conversaciones con el juez español), los diputados continúan negándose a dictar el juicio político a la jueza, y en lo que se refiere a los diputados “centroizquierdistas” o radicales, pretenden disociar a la jueza de Menem y de la Corte. Esta política de designar blancos secundarios en la responsabilidad del encubrimiento y la complicidad con los acusados, sirve para enmarañar el proceso judicial en múltiples declaraciones de incompetencia que lo dispersan y neutralizan.

Este encubrimiento planificado, no ha logrado evitar sin embargo que trasciendan nuevas pruebas de las acciones delictivas protagonizadas por los hombres de la camarilla gubernamental. “Según denunció (José) Corvalán (empleado del juzgado de la Cubría), Caserta habría involucrado al vicepresidente Duhalde en el caso Yoma, pero por decisión de Servini de Cubría este tramo del testimonio no fue incluido en el expediente... Corvalán declaró que otro funcionario del juzgado que presenció el interrogatorio (a Caserta) le contó que Caserta ‘se quebró’, rompió a llorar e involucró a Duhalde ... El secretario Gustavo Augé y el prosecretario Guillermo Gowland, también del juzgado de Servini de Cubría, habrían reforzado las afirmaciones de Corvalán” (Clarín, 28/8). El ocultamiento de las denuncias de Caserta sobre Duhalde explica que la esposa de aquél declarara que “‘si el delito lo cometimos, lo cometimos todos, y si no lo cometimos, no lo cometió ninguno' pluralizando en ese hipotético grupo colectivo al propio jefe del Estado argentino” (La Voz del Interior, 19/7).

Al mismo tiempo, tomó estado público la “colaboración” que prestó la Corte Suprema menemista, a través de su secretario Alfredo Bisordi, en los “esfuerzos” desarrollados por la Servini para evitar la extradición de Amira, Ibrahim y Caserta solicitada por la justicia española. Bisordi, según Ámbito Financiero (20/8), actuó por “consejo" de su superior Rodolfo Barra, miembro de la Corte Suprema, ex funcionario del Poder Ejecutivo y hombre de Menem en la Corte.

El escandaloso encubrimiento radical-peronista-centroizquierdista no sólo es una maniobra desesperada para salvar a un régimen, sino también un "operativo financiero” para no "estorbar” la euforia bursátil... en la cual se han canalizado — por el carácter anónimo de las acciones— masas ingentes de narcodólares.