Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, una ex secretaria de la jueza Servini de Cubría ponía lo que parecían los últimos clavos al ataúd menemista, al declarar que Menem había tenido acceso al secreto del sumario del Yomagate desde un comienzo, lo que también había ocurrido con otros miembros de la camarilla presidencial, como César Arias.

A los radicales de la Comisión de Juicio Político del Congreso, tamaña denuncia solo les sugería la necesidad de enjuiciar a la Jueza. Pocas veces resultó más evidente el encubrimiento de la UCR al menemismo, seguramente dictado por la necesidad de ocultar sus propios delitos y fechorías en la gestión de gobierno.

Pero con independencia de las nuevas revelaciones de la ex secretaria de Servini de Cubría, la responsabilidad del gobierno en el Narco-gate está fuera de duda. Se podrá discutir si el presidente y su vice son cómplices o encubridores, pero de ningún modo su responsabilidad política. Un gobierno rodeado de sospechosos ciertos de la comisión de delitos, ha perdido por ese solo hecho la confianza pública. Está obligado a irse y el deber de todo demócrata es hacer que se vaya a la luz pública y con cargos precisos.

El Yomagate no fue destapado por los investigadores oficiales sino directamente importado desde afuera, como corresponde a un régimen de apertura al exterior. Los procedimientos judiciales se encuentran todos tachadas de irregularidades, afectando incluso a la Corte Suprema. El régimen menemista está metido hasta el cuello en el encubrimiento. Una encuesta reciente indica que el 77% de la población de Capital y del Gran Buenos Aires está convencida que Menem y Duhalde están implicados en diversa medida en el Narco-gate. Para el soberano (el pueblo), el dúo está comprometido.

Pero el Narcogate no es solo un problema de gobierno sino de régimen político. Revela un sistema de gobierno conspirativo y de camarillas; el dominio de la burocracia del Estado sobre los ciudadanos. No sólo se deben ir Menem y Duhalde; es necesario desmantelar el Estado burgués y tornar elegibles y revocables todas las funciones del Estado, incluidas las judiciales y militares. Esto exige naturalmente la expulsión de la burguesía del poder político por parte de los trabajadores.

Pero el Narcogate sería inviable sin toda la política de reconocimiento de la deuda externa y de la deuda pública en general, y de la posibilidad de convertirla para privatizar empresas o recibir subsidios. Por la vía de los títulos anónimos de la deuda circula gran parte de los narco-dólares, e incluso sin ellos serían imposibles los planes de privatización en general. No serían posibles los narco-dólares sin el secreto bancario; no solamente el BCCI sino la mayor parte de la banca norteamericana (y Suiza) ya fue sancionada por lavar dinero de la droga. ¡El capitalismo no puede ignorar al comercio más lucrativo del mundo, junto al armamentismo! Es necesario confiscar la banca y ponerla bajo control de los trabajadores.

El asunto del Narco-gate ha puesto al desnudo el vasto sistema conspirativo que tiene instalado en el país el gobierno norteamericano. Las denuncias se van dosificando de acuerdo a las conveniencias de la embajada yanqui y hasta siguiendo un plan preconcebido. No es un combate contra el narco-tráfico sino un ajuste de cuentas con camarillas económicas y políticas circunstancialmente rivales de la embajada norteamericana. Es necesario desmantelar esta conspiración, expulsando al embajador norteamericano, rompiendo con el imperialismo y sus instituciones y convocando a una conferencia internacional de los pueblos para luchar por la soberanía.

Quieren destruir al presidente de la “estabilidad económica”, dice Cavallo, cuando Menem y el propio Cavallo son responsables de tres hiperinflaciones y otras tantas confiscaciones de los ahorros del pueblo. No hay estabilidad tampoco ahora: Cavallo está cometiendo un delito al disimular las cifras de la Tesorería, que no computan los pagos que no se hacen ni las deudas que se acumulan. El régimen actual no está sometido a ningún control de gestión; en los tres últimos años no hubo presupuesto. Este solo dato es suficiente para hacerle el juicio político a todo el Congreso.

Se quiere disimular el hundimiento de este enésimo plan económico y la inminencia de otra catástrofe inflacionaria, para superar el trance electoral. Los agiotistas de la Bolsa ovacionan a Menem—son encubridores; los radicales se hacen los que no ven y proponen un pacto — son encubridores; Todman llama a apoyar a Menem — es encubridor; los centroizquierdistas, mientras saquean el Hogar “Obrero”, vehiculizan como idiotas útiles la conspiración norteamericana al mismo tiempo que defienden la “investidura” presidencial.

Pero la crisis es imparable. La Nación del viernes 2 declara que el Narco-gate plantea una crisis política; Clarín del mismo día informa, sin ser desmentido, que Bauzá le preguntó a Todman hasta dónde piensa llegar. Esto está repodrido. El pueblo no puede ni debe transar con la podredumbre.

Fuera Menem-Duhalde: elecciones generales

Fuera la conspiración yanqui: ruptura con las instituciones del imperialismo.

Fuera el narcotráfico: confiscación de los bancos, basta de “piedra libre” al capital — control obrero.

Fuera el régimen político patronal conspirativo: elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos. Por un gobierno de trabajadores.