La CGT y el gobierno estarían a punto de firmar un acuerdo que impone la flexibilización laboral en todos los niveles, liquida los convenios por industria y aranceliza las obras sociales. “El secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, reconoció el viernes que mantiene contacto con funcionarios del gobierno, luego de sus reiteradas desmentidas, aunque fue cauto al mencionar un inminente acuerdo laboral con el Ejecutivo: todavía hay algunas diferencias” (La Prensa, 15/12).

El acuerdo de la CGT sacaría adelante el dictamen pactado en el Congreso por el duhaldismo y el menemismo, que suplanta el régimen actual de indemnización por un fondo que apenas permitiría cubrir un 30% de los actuales niveles indemnizatorios. De acuerdo a las últimas informaciones, el Estado subsidiaría a los patrones con un aporte del 50% de ese fondo (La Nación, 17/12).

Es decir que los nuevos trabajadores podrán ser despedidos en cualquier momento sin cobrar la indemnización corriente. Mientras se encuentren sin trabajo, podrán cobrar del fondo de despido la mitad de su sueldo hasta que se agote el dinero. El aporte patronal mensual será del 3,8% del sueldo, lo que significa que cada trabajador no podrá sumar en un año, siquiera la mitad del sueldo, ya que 13 aportes de 3,8% sobre el sueldo, da 49,4% del sueldo anual. Entonces, si al año es despedido, podrá cobrar de su fondo un poco menos de la mitad de un sueldo. En la actualidad, en cambio, si es despedido al año, cobra el preaviso y dos meses de indemnización, más el derecho a cobrar durante 4 meses el seguro de desempleo.

El costo para la patronal no será tampoco de ese 3,8%, porque al mismo tiempo se elimina el actual aporte del 1,5% al fondo de empleo que financia el seguro de desempleo. Además, se rebaja en un punto el aporte patronal a la jubilación, desfinanciando aún más el sistema estatal jubilatorio. ¡El aporte neto queda reducido al 30 por ciento (1,2%)!, del cual, como ya dijimos, el Estado se hace cargo de la mitad.

Aunque este Fondo rige sólo para los nuevos empleos, con el tiempo el fondo pasará a ser para todos. Es que el fondo será obligatorio para los jóvenes y también para los mayores cada vez que cambien de trabajo. En poco tiempo, el sistema actual de indemnización desaparecerá por completo.

La burocracia de la CGT también acepta que se modifique la ley de convenios colectivos de trabajo y que se deroguen los estatutos especiales. El proyecto del gobierno permite que los convenios puedan ser modificados “en cualquier sentido” y que los convenios por empresa prevalezcan sobre los de la rama. Aunque el proyecto menemista establecía que las comisiones internas podían firmar los convenios al margen del sindicato, la burocracia logró que los convenios sean por empresa pero acordados a través del sindicato. Evidentemente, nunca hubo otro proyecto, porque ni el gobierno ni las patronales quieren que las comisiones internas puedan transformarse en paritarios de sus propios convenios.

Para hacer pasar todo este paquete antiobrero se habrían eliminado algunos puntos ‘irritativos’, como la posibilidad de trabajar 30 días corridos sin francos, también colocados en el proyecto para ser negociados a cambio de lo sustancial.

Con los estatutos especiales, el acuerdo establecería su derogación, no en un año, como pide el gobierno, sino en tres.

A cambio de todo esto, el gobierno y la CGT habrían acordado la ‘desregulación’ de las obras sociales, aunque por ahora no entrarán las empresas de medicina privada. Es decir, que continuará el programa de ‘reconversión’ acordado con el Banco Mundial y sobre todo, la sustitución de la atención médica universal y solidaria por el PMO —que consiste en una cobertura mínima, la implantación del médico de cabecera como filtro para ser atendido y la arancelización de cada consulta o análisis.

La burocracia quiere tiempo para tejer sus alianzas con la medicina privada y que los pulpos de salud no ingresen en forma ‘salvaje’ al ‘mercado’ de las obras sociales. Este es también el criterio del Banco Mundial, que insiste en que por ahora la medicina privada pueda captar afiliados de las obras sociales del personal de dirección, pero no de las sindicales.

Es que si se hiciese ya mismo, podría colapsar todo el sistema de salud, porque los pulpos privados no tienen estructuras de atención médica, son sólo fachadas financieras y con precios tan altos que el 90% de los trabajadores quedaría al margen.

Por lo tanto, que por ahora no entre la medicina privada, también responde al criterio del Banco Mundial. La burocracia sindical no tiene libreto propio, sino que recita el del imperialismo.