Silenciosamente, sin mucho barullo, la burocracia sindical se lanzó a una nueva fase de entrega de las ya golpeadas conquistas sociales. Con Daer, Brunelli, Gerardo Martínez, Ongaro y Palacios, entre otros, empezó la firma de convenios que prolongan la miseria salarial e incorporan nuevas medidas de flexibilización laboral. Al mismo tiempo, llegan a un pico de tensión los sindicatos clasistas como el Soip, que van por el blanqueo y el aumento, defendiendo el convenio de 1975.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo está “bordando” fino estas paritarias silenciosas, a espaldas de todo proceso de discusión y, más aún, de movilización al interior de los sindicatos y del conjunto de la clase obrera. Ya homologó el nefasto acuerdo de la alimentación firmado los primeros días de octubre.

El convenio estrella de la CGT oficial, acordado con la poderosa cámara de la alimentación, extiende el período de prueba a 6 meses – en la Pymes, a 12 meses – y además fracciona las vacaciones a partir de los 21 días; dos perlas de las más preciadas por las patronales.

En la UOM se discuten, además del fraccionamiento de vacaciones, la polivalencia funcional y la multifunción, para llevar a escala de convenio dos de los grandes emprendimientos patronales de los años ‘90: la virtual eliminación de las categorías vía la movilidad entre secciones y entre oficios, vía la realización de distintas tareas en la misma jornada y a menudo de varias tareas o con distintas máquinas al mismo tiempo.

En el gremio plástico estas flexibilidades están integralmente impuestas, “extendiendo” a 300 trabajadores el tope de personal que una empresa puede tener para acceder al convenio Pymes que habilita todas estas flexibilidades laborales. En gráficos, ya se había impuesto un alargamiento a 9 horas de la jornada máxima en 1989, se impusieron convenios flexibles por empresa como el de 12 horas de La Nación, y en otros casos se dejó pasar la eliminación del fin de semana en los “turnos desplazados” de la principal gráfica del país, que es Rioplatense, del pulpo Clarín.

A esto no es ajeno el Ministerio de Tomada. “En lo que va del año se firmaron 75 convenios por empresa con distintas cláusulas de flexilibilidad laboral” (Página/12. Supl. Cash, 5/10). Se destacan entre ellos el de Schneider Electric, de plásticos, que incorpora la “jornada anual” de 2.340 horas (un récord mundial). Se trata de una jornada “promedio” de 9 horas, pero no se cobra una extra hasta pasar las 2.340: lo que se llama banco de horas, en este caso anual. Otra perla es la que firmó el petrolero Cassia, habilitando el concepto “caída de demanda”, por el que extiende al trabajador el “riesgo empresario”, atando el salario a la producción y, por lo tanto, a las maniobras de los monopolios, nada menos que del petróleo.

En el gremio del pescado de Mar del Plata, los ministerios “kirchneristas” de Nación y Provincia miran sin mosquearse las propuestas de la patronal de incorporar un convenio Pyme con banco de horas, banda horaria (hoy en las cooperativas truchas la banda es todo el día; se avisa por radio la hora de ingreso a planta) y la anulación de la garantía horaria para cuando no hay pescado. Todo esto como condición para blanquear; es decir, para cumplir la ley que jamás debieron violar.

La entrega del salario

Semejante política tiene como anzuelo presuntos aumentos salariales. “Aumentos” que la burocracia de Ongaro presenta como de “hasta el 84%”, y para la UOM los diarios informan que serían de un 30% promedio, y, más modesto, Palacios presenta como de 270 pesos.

Se trata en realidad de la incorporación de los 224 pesos a la categoría mínima, y de allí la apertura de escalas como sea en cada convenio. En muchos casos, esa cifra se cobrará en su totalidad recién en marzo (caso gráficos, metalúrgicos y otros). La comparación del ongarismo es con la escala del año ‘91. Pero en ese caso, por la inflación del 150%, que sumada a la inflación prevista del año que viene sería una del 165%, la escala debería aumentar un porcentaje similar para actualizarse. La prueba está en que con los aumentos a marzo del 2004 la categoría 10 de gráficos, que cobra un pequeño sector del gremio, llega apenas a 850 pesos, siendo la única que sobrepasa la línea de pobreza (ni hablemos de llegar a la canasta familiar).

En la alimentación, el operario calificado, con 3,30 pesos la hora al mes de marzo, no alcanza la línea de pobreza ni mucho menos. Tengamos en cuenta que estos son los salarios para todo el 2004, año del tarifazo. Por supuesto, todos estos aumentos son absorbibles por adicionales de empresa, con lo cual una gran parte de los trabajadores, mayoritaria, ni los ve ni los siente.

Está muy claro que estamos ante un nefasto pacto entre la UIA, la burocracia sindical y el gobierno Kirchner. La clase capitalista busca quedarse con las “ventajas competitivas de la devaluación”. Por eso lleva un año y medio sin otorgar la certificación definitiva al Sindicato del Pescado de Mar del Plata (Soip), que lucha por el tercer aumento y el blanqueo en los términos del ‘75. Tenemos que apoyar con todo a los gremios que luchan contra este pacto infame, como lo hizo Foetra Buenos Aires, contra el pacto de su federación nacional, como lo hizo Metrovías contra Palacios, como lo hace el Soip, que fue al paro general el 3 de setiembre y convocó su Asamblea General para el 20 de octubre en función de un nuevo plan de lucha