“Hay dos mil millones de pesos en danza. Las palabras del presidente Carlos Menem, pronunciadas durante una reunión en el Hotel Alvear ante la plana mayor del seguro, sonaron como una dulce melodía en los oídos de los empresarios. Era la primera vez que el Estado, por boca de su máxima autoridad, reconocía y cuantificaba el gigantesco pasivo real y potencial que el ex-Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) mantiene con las compañías y éstas con sus asegurados a través del stock de juicios. Ese pasivo, según las propias autoridades, se ha tornado inmanejable y provoca sobre las aseguradoras un efecto de ahogo financiero cada día más peligroso”.

Esta extensa cita, extraída de la revista Estrategas de la Banca y el Seguro, es de julio de 1994. Unos pocos meses después, a fin de ese año, el INdeR fue allanado porque se había detectado una frondosa maffia que había abultado la deuda de la reaseguradora estatal y establecido una red de pagos privilegiada en favor de ciertas compañías de seguros. El INdeR fue reintervenido. Cavallo colocó al frente a uno de sus hombres —Roberto Guzmán— que realizó espectaculares denuncias en los Tribunales contra varias compañías de seguros del grupo Roberts y de la Banca Nazionale del Lavoro (Juncal).

Por ejemplo, “se encuentra acreditada con grado de certeza suficiente la existencia de una combinación entre funcionarios del INdeR (Masnatta), terceras personas y autoridades del grupo Juncal para obtener pagos del organismo reasegurador”, reprodujo días pasados Página 12 (23/11), de la declaración efectuada por Guzmán, con el aval de Roque Maccarone, entonces subsecretario de Finanzas y ahora titular del Banco Nación. Los expedientes todavía duermen en el Palacio de Justicia.

Guzmán detectó que la deuda de 2.000 millones no era tal, estaba fraguada y que no llegaba a los 1.000 millones.  Exigió comprobantes de los siniestros invocados por las compañías para reclamar el reaseguro, que nunca aparecieron. Y hasta comprobó que algunos cheques pagados por siniestros, reclamados luego al INdeR, habían sido cobrados por directivos de las compañías de seguros.

El descubrimiento de esta maffia del INdeR respondía a una intensa lucha entre las aseguradoras. Es que la amplia mayoría está en quiebra y pretende salvarse con el abultamiento de la deuda del INdeR. Las grandes compañías internacionales, que ingresaron hace menos de 2 años, como Metropolitan Life, Eagle, Jackson, Leucadia, Liberty, en cambio, ven con mucho agrado que un centenar de aseguradoras se vaya a la lona para acaparar el negocio. Detrás de Cavallo-Guzmán están, evidentemente, los intereses de ese sector.

La renuncia de Cavallo fue la oportunidad para cortarle la cabeza a Guzmán, quien renunció semanas atrás y “cuya remoción venía siendo reclamada por un sector del mercado” (Página 12, 16/11).  De inmediato se nombró a Víctor Sergio Naymark, quien duró unas horas en el cargo al hacerse público que tiene antecedentes judiciales de quiebras y vaciamientos de empresa, y está endeudado con varios bancos titulares de compañías de seguros,  algo que Roque Fernández debía conocer muy bien.

En lugar de Naymark se nombró a Daniel Carlos Di Nucci, quien hasta el día anterior al nombramiento “trabajó para el grupo Juncal” (Página 12, 23/11). Según el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, Julio Cáceres, “la pertenencia de Di Nucci al Grupo Juncal no se consideró un impedimento sino una ventaja porque allí aprendió sobre el negocio e incluso sobre cómo liquidar una reaseguradora, que la BNL poseía en Uruguay” (Página 12, ídem).

La lucha de maffias en torno al INdeR está en pleno desarrollo y tiene como telón de fondo esta división entre los grandes pulpos, para quedarse con los suculentos negocios financieros del seguro y los que surgen de la privatización de la seguridad social, como la  jubilación privada (AFJP), accidentes de trabajo (ART) y ahora la privatización de la salud, para ser manejada también por las compañías de seguro.