La mayoría de los vecinos y trabajadores de la ciudad de Salta venimos sufriendo desde hace varios años (desde el `98), las nefastas consecuencias del contrato con la empresa de recolección de residuos. Año a año vemos cómo el PJ junto al PRS (actual mayoría en el Concejo) aprueban los presupuestos que le garantizan enormes beneficios, que después de la devaluación se han triplicado, llegando a la frívola suma de un millón setecientos mil pesos mensuales, el 25% del presupuesto municipal.

Pero ahora hay que sumarle un nuevo negociado. Producto de la saturación del predio del vertedero San Javier II (que se ha convertido en un verdadero foco de contaminación ambiental), el Municipio le va a pagar a Agrotécnica Fueguina un millón setecientos mil pesos extras, para acondicionar un nuevo predio: el Vertedero San Javier III, a pesar de que la mayoría de los trabajos que pretende cobrar ya se encuentran en los pliegos de licitación. Isa sigue “premiando” a la empresa que más denuncias ha acumulado: falta de tratamiento adecuado de los residuos, recepción de residuos patógenos sin tratar, “desaparición” de tierra, entre otras.

Disputa de buitres

El contrato de la recolección es el más importante del municipio, ya que suma más de 160 millones por 8 años, y ya ha comenzado la puja por la nueva concesión que se debería firmar el año próximo… En el medio de la puja están los trabajadores y vecinos de Salta.

Está claro que todas estas “irregularidades” han sido encubiertas por la Intendencia y sus funcionarios municipales, por lo que finalmente la olla fue destapada por ¡doce inspectores municipales! hace dos semanas. Los empleados denunciaron que el subsecretario de Servicios Públicos, Dr. Gonzalo Bello, amenazó a los inspectores para que certifiquen órdenes de servicio a favor de la empresa por trabajos que no realizó.¡¡¡Un verdadero fraude!!!

Terminemos con el fraude. Establezcamos el control obrero y ciudadano de las cuentas y los servicios que realiza la empresa.

A partir de estas denuncias, y las de los vecinos, por el mal servicio, se ha abierto una verdadera crisis. El concejal Guaymás, quien también es secretario general del gremio de camioneros (que agrupa a los trabajadores de Fueguina), salió a defender a la empresa, bajo la justificación de que las denuncias atentan contra la fuente laboral de los trabajadores de Fueguina. Como todo obrero sabe, la suerte de los trabajadores no está atada a la suerte de la empresa, ya que ésta triplicó sus ingresos en los últimos años y no así el salario de los trabajadores. La burocracia sólo esgrime la defensa de los intereses obreros para seguir protegiendo el negocio capitalista, del cual seguramente viene sacando tajada.

La única garantía para esos trabajadores, y para los vecinos, es que la recolección de la basura no sea un negocio capitalista;! no se puede lucrar con la salud de la población! Que la recolección la realice el Estado bajo control de la población y de los propios trabajadores del sector. Fuera los funcionarios cómplices, verdaderos representantes de las empresas.