03/07/2008 | 1044
EL CONFLICTO RURAL

La joda viene de lejos

Aunque la «asociación ilícita» sojeros-exportadores-gobierno quedó en evidencia desde la suba de precios y retenciones, en octubre de 2007, tiene antecedentes. Nada menos que en el mensaje de presentación a la Cámara de Diputados del entonces proyecto de ley 26.351 (conocido luego como Ley Martínez Raymonda), supuestamente orientada a impedir la estafa, se dice: «previo al establecimiento de los derechos de exportación que tuvo lugar a principios de marzo de 2002, o sea durante más de dos meses, se registraron ventas mediante declaraciones juradas de ventas al exterior por parte de los exportadores, que superaron varias veces los registros históricos de igual período en años anteriores… la negligencia por parte de los funcionarios fue aprovechada por los exportadores, quienes además de ver incrementado su patrimonio por este ilegítimo enriquecimiento, vieron aumentadas sus ganancias al pagar a los productores los precios disminuidos por las retenciones existentes».

La misma presentación garantiza como al pasar la impunidad por la conducta pasada, planteando que «esto ya es historia y las ventas que fueron registradas produjeron a los exportadores ganancias ilegítimas que el Estado ya no recupera más» (http://www.gyt.com/noticias).

Es decir, la «operatoria» delictiva no es nueva. El mensaje mencionado, que relata lo de 2002, fue leído en la Cámara de Diputados el 4 de diciembre 2007. Las exportadores se han tomado ¡siete meses¡ y entre ellos los 100 días de conflicto con el agro para responder… y seguir con el negociado.

En esta nota

También te puede interesar:

Extranjerización de las exportaciones, inflación y fuga de capitales.
El gobierno no logra bajar los precios ni cuida los puestos de trabajo.
Quedará en manos de la Administración General de Puertos hasta concretar una nueva concesión.
El Frente de Todos defiende el comercio exterior en manos privadas.
No hay salida sin nacionalizar el comercio exterior, abrir los libros de toda la cadena y el control obrero de la producción.
Los trabajadores como rehenes, entre la suba de precios y la desindexación de los salarios,