En un hecho inédito, este viernes 22 la justicia provincial realizó allanamientos en las instalaciones de Legislatura provincial, en otro edificio denominado “Casa de las Leyes” y en el domicilio de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora y presidenta del parlamento neuquino, Gloria Ruiz.

El motivo de los allanamientos es la denuncia presentada por el Banco Provincia (BPN), mediante la cual Pablo Ruiz recibió $ 29 millones en su cuenta sueldo, retirando unos $ 20 millones en efectivo y armando plazos fijos personales con esos fondos estatales. Esta operación financiera ascendería a $ 51 millones. El BPN hizo la alerta en agosto, antes que el gobernador Rolando Figueroa iniciara la disputa con la vicegobernadora por fondos del presupuesto de la Legislatura. Es decir que el jefe del Poder Ejecutivo ya había enviado un mensaje a la presidenta de la Legislatura. Lo que en buen criollo se descifra como un apriete. El gobernador se guardó el as en la manga y mantuvo el secreto del informe del BPN por meses, hasta que desatada la disputa con la vicegobernadora, decidió aplicarla una vez que con el apoyo de las y los diputados del MPN y las variantes libertarias y de JxC se aprobó el presupuesto legislativo en los términos del gobernador. Asestado el golpe político contra la vice, se ejecutó la factura del carpetazao.

La medida judicial, que causó un terremoto político en la escena provincial, fue precedida por una campaña mediática de denuncias por contratos irregulares, a través de los cuales la vicegobernadora incorporó a su esposo, su hermano y una decena de familiares a planta política. Es decir, todo un operativo que trataba de ocultar, tras lo que se presentó como una denuncia a la “casta”, que se trata de una pelea mafiosa entre dos “castas”.

Por eso, los escandalosos hechos, de conjunto deben entenderse, no como una cruzada contra la corrupción del Poder Ejecutivo, la justicia neuquina y el BPN, sino que responde a una enorme disputa al interior de la coalición gobernante por ver quién maneja una caja de casi $ 11.000 millones del presupuesto legislativo. Mientras la presidenta de la Legislatura pugnaba por darle un destino a su criterio personal para contratos de pauta publicitaria que promocione su figura, la contraparte logró imponer un tope al aumento de esos fondos destinados a publicidad oficial de la Legislatura. Este manejo de la pauta es clave, porque es una herramienta millonaria de campaña para cada uno, en momentos en que la coalición gobernante está cruzada por fracciones que se disputan las bancas en juego el año entrante y el MPN no tiene una candidatura de peso. El actual gobernador es consciente de ello, ya que él mismo utilizó ese tipo de fondos cuando ejerció el cargo que ahora ocupa su contrincante.

Conocida la noticia, desde el gobierno convocaron a una reunión de gabinete, que después se tradujo en un encuentro del Ministro de Gobierno, José Luis Ousset, con diputados del oficialismo (Comunidad), del MPN y la derecha neuquina. Un montaje para la tribuna sobre “tolerancia cero con la corrupción” y donde se delineó una estrategia de presión en pos de la renuncia de la vice, bajo la amenaza de destituirla o licenciarla a través de un juicio político.

El fiscal a cargo de la investigación es Pablo Vignarolli, que actúa otra vez como escribano de la voluntad del gobernador, ya que es el mismo que persigue a las organizaciones populares y a nuestra compañera Gabriela Suppicich con causas truchas y armadas. La justicia neuquina se revela como un instrumento de persecución y carpetazos.

Lo ocurrido en la Legislatura pone de manifiesto un régimen de corrupción, pero de todos los bandos en pugna. Es que los sobresueldos, los contratos a familiares, los sobreprecios en la construcción, la estafa de funcionarios con planes sociales -donde fue permitido por el mismo banco que ahora aparece como denunciante- es moneda corriente. Y el mismo Poder Ejecutivo que ha designado a ministros y funcionarios varios en más de un cargo, se niega a contestar un pedido de informe presentado por Gabriela Suppicich para que diga si cobran más de un sueldo. Es un régimen social que le cobra a las petroleras regalías en base a sus declaraciones y que condena a la pobreza miles de trabajadores.

Los hechos en la Legislatura deben servir para sacar importantes conclusiones. Figueroa sostiene el aparato corrupto del MPN y este aparato corrupto lo sostiene al gobernador. Por eso, el ex gobernador Omar Gutiérrez fue nombrado como director en YPF por la provincia de Neuquén y la causa por estafas de los planes sociales terminará con los responsables políticos impunes. 

Se trata, en definitiva, de un régimen de corrupción. Otra razón para luchar por una salida propia.

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Enfrentemos este ataque en regla contra la salud. –

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