El gobierno de Neuquén sigue cediendo ante los bonistas cada prórroga en el proceso de renegociación de la deuda externa, imitando lo hecho en su momento el tándem Fernández-Guzmán. Lo que Omar Gutiérrez había presentado como un mecanismo “amigable”, casi como un paseo, ingresa ya al terreno del default técnico.

La nueva fecha de vencimiento para la aceptación de la oferta de canje es el 8 de octubre. Para intentar obtener una mayor adhesión, el gobierno se desdice a sí mismo. El 18 de agosto la provincia fijaba entre sus condiciones que no permitiría que se revoquen consentimientos que hubieran sido otorgados, y sin embargo un mes después concede que aquellos bonistas que habían aceptado la propuesta en un inicio de la negociación puedan ahora sumarse al sector “duro” y encima obtener “compensaciones” si otorgan nuevamente un consentimiento.

El gobierno provincial oculta deliberadamente de qué se tratarían esas “compensaciones”, pero es evidente que finalmente los sectores que rechazaron la oferta consigan condiciones más favorables. Esto es natural, ya que han puesto a la provincia a merced de los especuladores, que tienen asegurado el cobro de sus acreencias a través de los fondos fiduciarios conformados por las regalías petroleras, a una tasa sideralmente alta en dólares.

La sola mención que podrán gozar de “compensaciones” en una provincia con un colapso financiero tan grave como el colapso de su sistema sanitario, dirige las miradas hacia los salarios y la caja previsional. Las y los trabajadores de la administración central y de educación tienen sus ingresos congelados durante todo el año en curso (con una inflación que ronda el 20%). Una profundización en ese aspecto implicaría alargar los atrasos en los pagos y hasta el uso de “patacones”, como ya ocurrió hacia fines de los '90.

Esto cuando según el reciente informe del Indec la desocupación se duplicó en el segundo trimestre respecto del año pasado y la demanda laboral se derrumbó estrepitosamente en un 68% los últimos doce meses.

En la actividad hidrocarburífera, por lejos la de mayor incidencia económica en la provincia, la propia burocracia sindical ha reconocido que siguen suspendidos unos 17.000 obreros. Esto con una producción similar a la prepandemia, lo que confirma que se ha aumentado la productividad para beneficio de la plusvalía capitalista. En palabras del dirigente petrolero Marcelo Rucci “los operarios que están en los yacimientos están sobrecargados de tareas” (LMN, 24/9). Este aumento de la explotación a los obreros es el correlato de la ejecución de las garantías del repago de la deuda.

En este contexto, mayores concesiones a los bonistas es lisa y llanamente aplicar la receta del FMI. Es hora de que las y los trabajadores superemos las barreras de contención de las burocracias sindicales, poniendo en pie un frente único de lucha contra el ajuste del gobierno.

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