El fiscal general de Neuquén, José Gerez, presentó un proyecto de ley mediante el cual se extiende el plazo de la prisión preventiva por un año más, llevando la duración de la misma a dos años. El argumento del magistrado es que en virtud del aislamiento social y obligatorio no pueden realizarse las audiencias, corriéndose el riesgo de que acusados de delitos graves queden en libertad. Ya en el año 2014, con la reforma del Código Procesal Penal de Neuquén, se fijó un año de plazo de la prisión preventiva, el cual ya representaba un exceso para las personas que están encarceladas sin condena.

Que la iniciativa surja de alguien que tiene a su cargo la política persecutoria del Estado provincial, en este caso del MPN, es grave porque representa un intento de reforzar el poder punitivo de la justicia, y con ella, su selectividad. Es que solo basta con mirar la población carcelaria para saber que los grandes delincuentes, como banqueros, tratantes y narcos no están en las prisiones.

El argumento de estirar la prisión preventiva por razón de la cuarentena no es verosímil. El integrante del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, detalló que por el Covid-19 quedaron 56 juicios de características penales pendientes de realización, poniendo de manifiesto que esa cantidad no imposibilita que pueden realizarse las audiencias de aquellos casos de estricta gravedad, como es el juicio por el femicidio de Cielo López. Respetándose la distancia social y las medidas de bioseguridad en espacios más amplios, utilizándose el sistema mixto de audiencias presenciales y virtuales, los juicios se pueden realizar. En ese sentido, el defensor general, Ricardo Cancela, sostuvo que “el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) nunca prohibió realizar determinados actos procesales y nunca se prohibieron las audiencias”.

Quedando claro que existen alternativas para llevar adelante juicios de estricta gravedad, las razones de fondo de esta medida deben buscarse en el contexto de una colosal crisis social en marcha. El jefe de fiscales está jugando un papel central en el debate de los grandes conflictos de la provincia, que incluyen importantes luchas obreras y tomas de tierras. Como está claro que asistiremos a grandes choques sociales, marcados por un cuadro de suspensiones, despidos y rebajas salariales, el Estado neuquino se valdrá de un mayor reforzamiento del Código Procesal Penal para aplicarlo a los que luchan.

Los familiares de víctimas de femicidios y de impunidad estatal deben rechazar esta maniobra del gobierno y de la corporación de fiscales. Es que la lucha por justicia siempre ha sido una tarea independiente del Estado. La primera condena por femicidio fue una conquista del movimiento de mujeres y no de los fiscales. La lucha por justicia de Karina y Valentina encontró a la fiscalía en la vereda opuesta de los reclamos de la familia.

El refuerzo de la prisión preventiva endurecerá el poder represivo del Estado contra los trabajadores.