Imitando las medidas mileístas para la inauguración de sesiones en el Congreso nacional, en las que la prensa fue aislada y maltratada para entorpecer sus labores, el gobernador de Neuquén directamente no permitió la presencia de la prensa en el recinto, al cual solo pudieron ingresar los legisladores y funcionarios del Estado y dirigentes sindicales de las burocracias afines (petroleros, Uocra, ATE, etc.).

No obstante, en el discurso pretendió tomar cierta distancia del gobierno nacional, sin dejar de advertir que lo apoyará, como lo ha venido haciendo sistemáticamente desde el RIGI (régimen preferencial de inversiones) y cada medida de la motosierra de ajuste y persecución a los que luchan.

Fue brutal que prácticamente en el inicio hiciera referencia a la desaparición desde hace ocho meses de la joven estudiante Luciana Muñoz, mencionando la consigna que encabeza las movilizaciones que reclaman su aparición: “No estamos todas, falta Luciana”. Un acto repugnante de autoexculpación de sus propias responsabilidades en el tema, que contrasta con la larga perorata que hizo luego, detallando las inversiones en equipamiento sofisticados para la policía y la justicia, que son parte de estos ocho meses de impunidad.

A pesar de lo que diga el gobernador, en esta provincia, ni las mujeres ni las disidencias están cuidadas y protegidas contra los violentos. Con toda razón al finalizar la sesión la diputada Gabriela Suppicich del PO en el FIT-U, que hoy culmina su mandato, convocó a movilizar masivamente este 8M.

El p.q y el reclamo devaluatorio

Como todos conocen, la cuestión hidrocarburífera es un tema nodal de la economía provincial. Respecto al tema fundamental en la vida de la provincia, el gobernador reclamó abiertamente por una devaluación del peso, recordando el beneficio que trajo a las arcas fiscales de Neuquén la devaluación que ejecutó Milei en sus primeros días de gobierno. Respecto a la cual dijo que tras un año de atraso cambiario, “estamos como antes de aquella devaluación”.

Según lo que dijo el gobernador, la fórmula que determina los ingresos por regalías y los impuestos relacionados a los hidrocarburos, dependen de dos factores: uno que denominó “p” que es el precio y otro que denominó “q” que son los volúmenes extraídos.

Por lo que aunque su gobierno otorgue toda clase de ventajas a las empresas y se batan récords de producción respecto a las últimas décadas, como “p” (el precio) está fijado en dólares y éste tiene un atraso cambiario, los mayores volúmenes no redundan en un mayor ingreso de regalías. Por eso reclama la devaluación del peso, lo cual tendría efectos catastróficos sobre la carestía ante salarios bajo la línea de pobreza del 80% de las y los trabajadores neuquinos, ni hablar de las jubilaciones tanto en el ISSN como en la Anses.

El gobernador planteó a la sociedad una opción falsa: devaluar versus no devaluar. Esta falsa opción (ambas rabiosamente capitalistas), no benefician ni a los neuquinos ni a las y los trabajadores y sectores populares de todo el país.

En ambos casos el gran beneficiado sería el capital (el hidrocarburífero en el caso de Neuquén), ya que abarataría el “costo laboral” medido en dólares que es la moneda que fija sus ingresos tanto en la comercialización en el mercado interno como con la exportación creciente.

Para un gobernador que apoya las ventajas impositivas nacionales a las empresas hidrocarburíferas, que las exime de impuestos provinciales, y que hace obra pública (con dineros del Estado) para facilitarles sus negocios, el reclamo de una devaluación lo ratifica como un enemigo de los intereses populares, a los cuales tanto se jactó de defender.

Algo que trató de encubrir con una serie de datos estadísticos, que esconden el gran negocio que se está realizando para la patria contratista con la obra pública.

La redistribución de la riqueza

Otro concepto que lanzó en su discurso el gobernador Figueroa, que funge como pretendida justificación de la motosierra local, es que “no se puede redistribuir lo que no se tiene”. Pero si, como dijo, al asumir su mandato había un déficit de 4.000 millones de dólares en infraestructura educativa, de salud, rutas, viviendas, etc., y 1.000 millones de dólares de deuda del Tesoro, debería haber comenzado por pedir disculpas a la población, ya que en el mandato del 2015-2019 del anterior gobernador, Omar Gutiérrez, el actual gobernador fue su vice, y por lo tanto responsable también de ese nivel de desinversión y endeudamiento. Figueroa, como vice y presidente de la Legislatura promovió la aprobación de las leyes de emisión de deuda en dólares por centenares de millones, que hasta hoy se están pagando a tasas usurarias.

Una particular manera que “no haya para distribuir” es que el Estado custodie, con represión incluso, el lucro y la propiedad capitalista. Que es precisamente la política de Figueroa durante su participación en los gobiernos del MPN, como en el actual.

No hay mejor prueba de ello, que dos anuncios que realizó en su discurso. Por un lado dijo que iba a eximir del pago del impuesto provincial a los Ingresos Brutos al sector hotelería, gastronomía y turismo, empleadores seriales de mano de obra sin registrar y jornadas de 12 horas y más sin pagar horas extras o francos. Pero por el otro, “para que haya”, anunció que a los adjudicatarios de planes de viviendas populares del pasado que no han pagado las cuotas, se les cobrará como recupero para abastecer un fondo para construir viviendas.

Dicho esto en una provincia que hace décadas soporta un déficit habitacional espantoso y donde los alquileres consumen el equivalente a más de un salario promedio. En Añelo (corazón de Vaca Muerta) se cobra hasta U$S 10.000 por mes por un departamento (LMN, 28/2).

El argumento para intimar a familias obreras y pobres a pagar por acceder a un techo, muestra la orientación social rabiosamente capitalista del gobierno. El gobernador dijo que es injusto que el resto de la sociedad con sus impuestos pague las obras que los adjudicatarios de viviendas no pagan. Pero lo que es injusto es que la sociedad se haga cargo de sostener con sus impuestos incrementados las eximiciones impositivas al gran capital.

Porque, además, el pago de las cuotas de viviendas populares por parte de los adjudicatarios, es una doble imposición (como el cobro de aranceles en los hospitales). Todo consumidor aunque no pague otros impuestos, debe abonar el 20% de su consumo como IVA (y para el asalariado no hay eximiciones en esto). O sea, que en un período de 10 años, unos cuarenta salarios se tributan como IVA, monto suficiente como aporte al Estado para que cubra el costo de una vivienda popular. Pero como la construcción de viviendas populares se pagan al precio del negocio para la patria contratista (que luego es eximida de pagar impuestos), “no hay para redistribuir”.

Todo el discurso del gobernador ha sido una cruel hipocresía.

Otros temas como lo dicho sobre educación, salud, obra pública, programas de empleabilidad, etc, serán motivo de otros artículos. Pero hay algo claro: Figueroa llegó al gobierno para que todo siga igual, solo que con formas adornadas de frases grandilocuentes.

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