El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reunió el 20 de febrero en la ciudad de Chos Malal a prácticamente todos los intendentes de la provincia y los representantes de las Comisiones de Fomento para suscribir el llamado “pacto de gobernanza”. Consiste en implementar un extenso y variado plan de transferencia de recursos hacia el sector empresario a partir de la desvalorización de los salarios y jubilaciones, así como de la ayuda social. El “Rodrigazo” de Milei y Caputo pero a escala provincial.

Uno de los puntos centrales es el compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal, pero no a partir de colocar impuestos progresivos a la renta capitalista o disminuir las exenciones impositivas que gozan las empresas, sino de “mantener la evolución de gastos según la evolución de los recursos”.

Esto cuando para el año 2024 las eximiciones en el caso de Ingresos Brutos superaran a la totalidad de lo recaudado por este tributo en diciembre 2023 ($44.379 millones versus $34.985 millones). Si sumamos los otros dos grandes tributos provinciales (Sellos, Inmobiliario), en total la eximición anual ronda los $53.316 millones. Esto en una provincia donde la especulación inmobiliaria y las estancias dominan la escena urbana y rural, estas casi no tributan. Lo mismo con el impuesto de Sellos, ya que los contratos hidrocarburíferos deberían marcar un gran incremento recaudatorio pero el propio gobierno confiesa que “no se los incluye en la estimación del presupuesto 2024”.

El pacto de gobernanza es la contracara de estas eximiciones, ya que estipula como meta “el incremento de la recaudación municipal” con nuevas tasas como la de combustibles con el fin de “generar recursos para compensar quita de subsidios al transporte” y otorgar títulos de propiedad a viviendas con tenencia precaria “para mejorar la recaudación impositiva y tasas locales”. En los puntos relacionados a la obra pública se acordó que “si no alcanzan los fondos para obras públicas se buscará financiación… a través de endeudamiento... incluyendo obras con financiamiento privado”.

Para mayor “seguridad jurídica”, unos días después hizo aprobar por los concejos deliberantes de toda la provincia el compromiso de “fortalecer” ese pacto de gobernanza, donde concejales de todo color excepto el FIT-U han apoyado esta declaración de saqueo de los bolsillos populares para garantizar la renta del capital. También lo ha hecho el riosequismo que gobierna la ciudad de Cutral Có, y el justicialismo.

Enfrentemos este ajuste al pueblo.

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