Desde la privatización de las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones vencen próximamente, desapareció el sentido que tuvo la construcción de represas y centrales escalonadas, a lo largo del río Limay especialmente. Bajo el menemismo, en función de su privatización se formó una sociedad anónima por cada central, formando una unidad de negocios por separado y fue adjudicado a distintas multinacionales, en especial de Estados Unidos, cada una de ellas.

A partir de allí cada empresa, como es la lógica capitalista, tuvo su prioridad en turbinar la mayor parte del tiempo para producir electricidad y así obtener el mayor lucro posible. Esto llevó a la total anarquía respecto al nivel de los lagos de las represas y los caudales que se erogan río abajo. Cada empresa hizo la suya. Del “plan” de regulación de los caudales y la irrigación de un millón de hectáreas, que se vendió como el gran objetivo de esas obras, no quedó ni el recuerdo.

Los organismos de “control” como la AIC (Administración Interjurisdiccional de Cuencas) han actuado todos estos años como verdaderos sellos de goma: hemos pasado, ante la permisividad con las empresas, de la caída del nivel de los lagos al punto de no poder generar energía hace unos meses atrás y con ríos reducidos hilos de agua, al otro extremo, el de erogar agua río abajo e inundar las zonas ribereñas como ocurre en estos días. La AIC es la encargada de anunciar estas calamidades: “El río Limay va a aumentar más que lo anunciado por la demanda energética de Buenos Aires. La AIC comunicó un nuevo incremento del caudal del río Limay y aguas abajo de Arroyito. La medida afectará a los barrios de la ribera de Neuquén, Plottier y Cipolletti” (Río Negro, 15/7).

Aquella regulación de los caudales y el fin de las inundaciones nunca fueron una realidad. Y el organismo de controlar esos aspectos, la AIC, jamás ejecutó una política en ese sentido. Todo lo contrario: hizo la vista gorda. Tampoco nunca se ejecutó el proyecto de irrigar un millón de hectáreas. Hoy en Neuquén el 80 o 90% de las hortalizas y verduras que consumimos ingresan de otras provincias. Los Estados provinciales que se jactan de ser los” propietarios del recurso agua”, como ocurre con los hidrocarburos, son propietarios de la nada misma.

Vencen las concesiones, se repite la historia

Según las leyes y contratos de concesión a las empresas privadas, concluido un período de 30 años, el “dominio y la posesión” de las centrales pasarían a manos del Estado nacional en su “carácter de concedente”. Pero existe una cláusula de reaseguro: esas mismas normas establecen que vencido el plazo, las operadoras privadas podrán continuar con la concesión hasta 12 meses más, para “preservar la generación eléctrica y la seguridad de las personas y bienes”.

En los barrios inundados en estos días, no preserva ninguna “seguridad de personas y bienes”, eso sí, garantiza que las privatizadas sigan embolsando por generar energía.

sta semana a través del Decreto 574/2023 de la Secretaría de Energía de Nación, se concedió una prórroga a las concesiones que vencían. Las centrales de Alicurá (AES-EEUU), El Chocón-Arroyito (Enel-Italia), Planicie Banderita-Cerros Colorados (Orazul Energy-EEUU) y Piedra del Águila (Central Puerto: familia Bemberg y familia Escasany del Banco de Galicia) seguirán operadas en principio por dos meses más por sus actuales concesionarios, dejando abierta su extensión a los 12 meses establecidos en los contratos de privatización.

El gobierno “nac&pop” (de los Fernández) no se ha movido un milímetro de la línea trazada por el “neoliberalismo” de los Menem, Cavallo, Alsogaray. Toda una marca del derrotero político del actual ministro y candidato a presidente del PJ en su conjunto.

También por el mismo Decreto se designa a Enarsa como veedor, que según contratos tiene la facultad de “examinar los libros, archivos y documentación y solicitar informes” y debe estar presente en la reunión de directorios y asambleas de accionistas. Lo que equivale a lo de siempre: Enarsa actuará como lo ha hecho la AIC, la Oorsepy tantos organismos de “control” capitalista: será la cobertura oficial de los negocios de las empresas.

Convidadas de piedra

Las provincias donde se ubican las centrales, entre ellas la de Neuquén, hicieron demagogia a través de sus gobiernos, reclamando hace apenas un mes y medio “un nuevo esquema” en el manejo de las centrales, incluso reclamando una “nueva empresa cuatripartita”. El gobernador Omar Gutiérrez hasta esbozó un plan de seis puntos.
Neuquén y Río Negro armaron una comisión conjunta para reclamar un “federalismo de integración”, y la Legislatura del Neuquén conformó una “Comisión de seguimiento para el proceso de recuperación y traspaso de las Represas Hidroeléctricas de la Región Comahue”, a través de la Resolución Nª1162. Como es una marca registrada del MPN desde hace más de 50 años con Felipe Sapag, toda queja contra el “centralismo” y “la Pampa Húmeda” se evapora a la hora que ese “centralismo” les tira una migaja. Abundan los ejemplos, esta vez no podía ser la excepción.

El gobierno neuquino llegó a emitir un documento denominado “Concesiones Hidroeléctricas. Aportes al debate político y jurídico. A propósito de la finalización de las concesiones”, donde se polemiza entre los “Argumentos y contra argumentos de la posición centralista federal” (página 42) y acusa al “centralismo que intenta mantener un status quo de corte unitario” (página 46). Desde este ángulo sostienen en la conclusión final del documento que “el esquema de las leyes 15.336 y 24.065, tanto desde una lectura constitucional como en la práctica institucional, ha quedado desfasado de la realidad” (página 48).

Todo papel mojado, por supuesto, porque el esquema de las leyes citadas es el fundamento de la emisión esta semana del Decreto 574/2023 que tiene el aval tanto del gobernador actual como el del electo en Neuquén, en especial de este último, Rolando Figueroa, un hombre de fuertes lazos con Sergio Massa.

Esta fuera de toda agenda de los gobiernos capitalistas y de sus representantes políticos de cara a las Paso, cualquier opción por la trillada “soberanía energética”.

Solo la izquierda que se planta a través de sus precandidaturas, lucha y se organiza por la estatización bajo control obrero y ambiental de la industria energética a todo nivel.

Es la verdadera salida para que la energía y el manejo de caudales y el uso del agua estén al servicio de los usuarios y del desarrollo productivo sobre nuevas bases sociales: un gobierno de la clase obrera.

https://prensaobrera.com/politicas/un-voto-que-les-duela-a-los-duenos-del-poder