En sesión extraordinaria de la Legislatura de Neuquén, este lunes 8 de enero, se votó a las apuradas el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para que se lo habilite a comprar medicamentos, insumos, etc. para el sector de la salud pública, por la vía de la compra directa y sin límites en el monto. Un verdadero cheque en blanco para un gobierno que, amparándose en la “urgencia”, obtuvo un mandato legal discrecional de compras para salud por dos años.

Todos los bloques de la Legislatura, a pesar de coincidir que se estaba votando una ley “a ciegas” y sin información acorde, terminaron dando su voto positivo, excepto claro está las bancas del FIT-U.

El proyecto oficial

Según los fundamentos del propio proyecto oficial “el sistema de salud tiene indicadores críticos de acceso a la salud determinados por cantidad de profesionales por habitante, cantidad de consultas ofrecidas a la población objetivo y el faltante de insumos indispensables en toda la provincia. Es así que en el transcurso del último año se ha agravado esta situación de faltante de insumos médicos básicos, medicamentos, comida, maquinaria y reactivos de laboratorios que afectan el diagnóstico, la atención ambulatoria, la internación y la medicación de pacientes”. Una descripción realista del proceso de vaciamiento del sistema público de salud que se arrastra de hace muchos años, incluyendo el período 2015-2019 donde el actual gobernador era el vicegobernador provincial por el MPN.

Hay que recordar la heroica huelga de más de dos meses del sector de salud pública en el año 2021, casualmente producto del vaciamiento que expuso la pandemia. Muchos de ellas y ellos aún tienen causas penales abiertas por los piquetes.

Como las elecciones provinciales en Neuquén fueron a mediados de abril el gobierno saliente y el que asumió el 10 de diciembre tuvieron ocho meses de un largo período de transición, donde ambos sectores auditaron todas las áreas e intercambiaron información. A tal punto que el proyecto de presupuesto para el año 2024 (aprobado en noviembre) se elaboró en conjunto entre el gobierno saliente y el entrante.

Ni el gobernador actual, Rolando Figueroa, ni su ministro de Salud que defendió el proyecto de emergencia sanitaria ante los presidentes de bloques, pudieron explicar el origen, los tiempos, ni los proveedores y porqué monto cada uno serían acreedores de la “imprevista” suma de $11.400 millones (una parte de esa suma en dólares) que se pretende pagar apelando a esta emergencia sanitaria.

Pagar esa suma se pone como condición para poder realizar nuevas adquisiciones, sin licitación ni concurso de precios, desde antibióticos o antifebriles de uso general (respecto a los cuales el ministro reconoció que el depósito central tiene stock cero), hasta reactivos de laboratorio.

Para darle un viso de legalidad a esta especie de DNU mileísta se apela a la excepción establecida en la ley nº 2141 de Administración Financiera y Control, en su artículo 64º, apartado 2), inciso c).
Lo cual no resiste ni siquiera un análisis trivial, porque la excepcionalidad de tal artículo, es para “cuando medien probadas razones de urgencia, o caso fortuito, no previsibles, o no sea posible la licitación o el remate público, o su realización resienta seriamente el servicio”. Ninguna de estas razones existen.

Las compartidas responsabilidades de ambos gobiernos

Tras ocho meses de transición y la elaboración conjunta del presupuesto 2024, toda deuda sobre el sistema de salud de ninguna manera es una “urgencia, caso fortuito, no previsible” y menos aún una situación donde “no sea posible la licitación”.

Por lo que la presentación de este proyecto oficial de último minuto no es otra cosa que tratar de ocultar las responsabilidades comunes de los anteriores gobiernos (donde Rolando Figueroa fue gobernador y alto dirigente del MPN) y el actual gobierno que él mismo encabeza.

Es imposible que con tan larga transición dicha deuda se le hubiera ocultado al gobierno que debía asumir el 10 de diciembre. Máximo, si como ese gobierno mismo ha declarado realizó auditorías en todas las áreas sobre la situación de las cuentas. Apenas cinco días después de las elecciones, se reunieron en Casa de Gobierno el gobernador saliente y el entrante, y declararon que “hay equipos de trabajo que ya empiezan a reunirse, desde hoy, no habrá grieta, va a haber trabajo en equipo para seguir avanzando” (Boletín de prensa oficial, 21/4/2023). Y un mes más tarde tuvo lugar un encuentro para “presentar a los integrantes de las comisiones que conformarán la mesa de trabajo durante el proceso de transición” (Idem, 29/5/2023).

De modo que fue un paso actoral cuando el ministro de Salud y los funcionarios que lo acompañaron (algunos que estaban en el gobierno que cesó su mandato), explicaron ante los diputados el propio 8 de enero que “había diferencia entre ejecutado y gastado. Se ejecutaba presupuesto y no se pagaba. Y generó la bola que nos lleva a esta deuda”. Es decir, sabían perfectamente lo de la deuda antes de asumir y antes de confeccionar el presupuesto 2024 en forma conjunta.

Por eso en el texto de ley aprobado no existe la menor imputación penal contra los funcionarios que cometieron el delito de “negar el acceso a la salud” a la población o que “falte hasta comida” en los hospitales . O tan grave como eso, se mencionaron casos de personas que debían operarse, colocarse prótesis o recibir medicinas fundamentales para su salud que no pudieron hacerlo.
Esa ausencia de imputabilidad penal no es casual: apunta a encubrir directamente las responsabilidades de los de antes y de los de ahora.

La madre del borrego

Durante el período de transición entre ambos gobiernos, de auditorías y controles durante meses, se han realizado licitaciones en el área salud por $9.800 millones. Más de 20 de esas licitaciones se realizaron en los últimos tres meses de mandato (setiembre, octubre y noviembre). Nada de esto podía desconocer el nuevo gobierno.

Dichas licitaciones versan sobre los más diversos insumos y actividades del sector salud, que cubren todas las áreas que el ministro mencionó como causantes de la deuda. Teniendo en cuenta la casi similitud del monto de estas licitaciones convocadas en el período de transición y la deuda que se alega para justificar la ley de emergencia, queda claro que el tema no es la deuda en sí, y que el nuevo gobierno ya conocía desde el minuto uno.

Como menciona el texto de ley oficial “la difícil situación económica de nuestro país a la que nuestra provincia no puede mantenerse ajena...”, y como lo dijo al pasar el ministro de Salud “los medicamentos aumentaron hasta 1.400% en tres meses”.

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¡Es la devaluación de los Fernández-Massa y los Milei-Caputo lo que afecta a la provincia, además del plan “motosierra” que disminuye las transferencias de Nación! Pero contra esto tampoco mueven un dedo, todo lo contrario. Esto es lo que le urge manejar fondos sin licitaciones al gobierno provincial, para garantizar los sobreprecios de laboratorios, droguerías y la patria contratista de bienes y servicios.

De ninguna manera es la preocupación por la salud de la población. Todo lo contrario. La población, que en forma creciente asistirá a la salud estatal, encontrará cada día mayores restricciones al acceso a la misma y un incremento en el pago de coseguros y aranceles.

Es el lucro capitalista el que hace un piquete a la salud de los sectores populares, y también de sectores con algún ingreso mayor ante el aumento descomunal de las prepagas y la crisis de las obras sociales.

Como lo dijo la diputada Suppicich del Partido Obrero en el FIT-U en el recinto “ustedes hablan de urgencias sin licitación y de la salud de la población, y que hay productos que están en manos de uno o dos fabricantes en forma monopólica, pero cuando proponemos nacionalizar bajo control obrero toda la industria farmacéutica y sanitaria se oponen férreamente”.

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