En una reunión realizada el jueves 19, en la Legislatura neuquina, a pedido de los diputados de la oposición, la ministra de Salud, Andrea Peve, y el ministro de Economía, Guillermo Pons, revelaron estadísticas y números sumamente alarmantes.

Según el informe de la ministra, la provincia cuenta con 964 camas en el sector público y otras 752 en el sector privado. Esto arroja una totalidad de 1.716 camas para los 664 mil habitantes con los que cuenta Neuquén. Es decir que, cada mil habitantes hay un poco más de 2,5 camas disponibles, contra lo que plantea la Organización Mundial de Salud que establece que debería haber de 7 a 10 camas cada mil habitantes. De mínimo, y sin pandemia, el sistema sanitario neuquino debería contar con 4.600 camas. Sin embargo, ni siquiera es cierto que haya 1.716 camas disponibles en la provincia, ya que el informe oficial incluye una cantidad de camas del Hospital Interzonal (Zapala), de una ampliación que aún no se ha inaugurado. 

El informe, nada dice de la carencia de trabajadores de la salud dentro del sector público, fruto de los bajos salarios que se le pagan a los profesionales y el rechazo del Estado a incorporar más personal. Si refleja, en cambio, cómo el sector público cuenta con apenas 35 camas de cuidados intensivos, contra 102 en el sector privado; y 43 respiradores en el sector público contra 92 en el privado. Se evidencia de esta manera cómo la política de desfinanciamiento de la salud pública ha estado en función de favorecer el negocio de la salud privada. El actual ministro de Ciudadanía y exministro de Salud de la provincia, Ricardo Corradi Diez, ha sido un beneficiario directo de este proceso, como propietario de la Clínica Cutra-Có.

Con el informe de la ministra, se puso en evidencia el cuadro de vaciamiento de la salud pública provincial, algo que ha sido insistentemente denunciado por sus trabajadores.

La provincia afronta la llegada de la pandemia en un cuadro de vaciamiento sanitario.

Ante la pandemia

En la reunión, Peve presentó tres escenarios epidemiológicos posibles en Neuquén, tomando como referencia el desarrollo de la pandemia en Italia y España, los países más azotados de Europa. Mientras en el primer escenario previsto la provincia llegaría a unos 300 infectados; en el tercer escenario, el más grave, los infectados llegarían a ser 1.500.

En la reunión, los ministros presentaron un plan de contingencia de $5.300 millones para enfrentar la pandemia. Esta partida viene a justificar un endeudamiento de $6.000 millones que el gobernador Omar Gutiérrez quiere hacer aprobar, en una sesión especial de la Legislatura, el próximo 25 de marzo. El plan de contingencia abre algunos interrogantes y tiene numerosas inconsistencias.

Por ejemplo, en el informe se prevé que un 6% de los infectados de coronavirus necesitará ser asistido en unidades de terapia intensiva (UTI). Lo que, para el peor de los escenarios, equivaldría a la necesidad de 90 camas UTI. Como ya señalamos más arriba, existen 137 unidades entre el sector público y privado, en la provincia, y el gobierno prevé adquirir 40 unidades más con el plan de contingencia. Pero lo que pasa por alto el gobierno son las camas UTI que ya se encuentran en uso por otras afecciones o patologías, que hoy ascienden a un 80% del total. Es decir, el plan de contingencia podría colapsar si no es posible dar de alta a un número elevado de pacientes que por otras causas se encuentran ocupando las unidades de terapia intensiva.   

Por otro lado, el plan de contingencia incluye millonarias compras de insumos básicos, como suero parenteral, antisépticos y reactivos de laboratorio; que deberían abundar en los hospitales para el funcionamiento cotidiano.

Además, aunque se utilizan las clínicas para afrontar la pandemia, se deja en pie los enormes negociados montados alrededor de la salud privada e incluso se los acrecienta, ya que el plan destina casi $1.000 millones para el pago de prestaciones sanitarias de distinto tipo. Por ejemplo, se les pagará a las clínicas por la utilización de las camas, aunque no se especifica cuánto. Dentro de este paquete, existe un ítem llamado “servicios tercerizados”, que no se esclarece de que se trata y asciende a la friolera de $480 millones.

La pandemia pone de manifiesto, como nunca, la necesidad de avanzar en la estatización y centralización de la totalidad del sistema sanitario, y que quede bajo el control y la gestión de sus propios trabajadores.