Neuquén: las reformas al Código Fiscal de “La Neuquinidad”
Profundiza el jolgorio capitalista de rebajas y eximiciones impositivas.
El pasado martes 10 de noviembre, los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koening, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, junto a funcionarios de ambos ministerios y las máximas autoridades de la Dirección Provincial de Rentas, defendieron en la Legislatura el Presupuesto 2027 y las modificaciones que proponen en nueve artículos del Código Fiscal, con el objetivo, dijeron, de “premiar a los contribuyentes cumplidores, aliviar costos para las familias y dar mayor claridad a las reglas tributarias precisando el alcance de los beneficios fiscales impulsados por Figueroa”.
Todos objetivos que en lo concreto, alivian la carga impositiva y otorga mayores beneficios impositivos al capital, no a las “familias” (a no ser que se hayan referido a la familia patronal). No faltó tampoco el argumento de promover a “las PYMEs neuquinas”.
¿A favor de las familias?
La actual categorización de pequeñas y medianas empresas varía en materia de personal contratado desde 30 hasta 535 empleados, es decir, puede incluir grandes empresas de servicios (la gran mayoría del caso neuquino). Que actúan como tercerizadas de las grandes empresas hidrocarburíferas. Por lo que bajarle los impuestos o aumentarles las eximiciones y beneficios impositivos, es abaratar los contratos y costos de los grandes capitales en Vaca Muerta.
Por ejemplo la cámara Fecene agrupa a quienes están ligadas al sector energético, y según su propio sitio agrupa a unas 600 empresas con más de 50.000 empleados. Esta cámara patronal por ejemplo apoyó la denominada ley Bases y la reforma antilaboral de Milei y los gobernadores. La gran mayoría excede el emprendimiento familiar, y en algunos casos cuentan con centenares de empleados. Por lo tanto todos los beneficios impositivos por las condiciones requeridas para acceder a ellos, están lejos de “las familias” en general.
La provincia recauda fundamentalmente tres tipos de impuestos propios (Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos). Los dos últimos se aplican fundamentalmente sobre empresas con fines de lucro. Por eso es toda una autoincriminación que el propio boletín de prensa del gobierno publique declaraciones del ministro de Economía que afirma que “Neuquén tiene una las tasas efectivas de ingresos brutos más bajas del país pero aun así, hemos propuesto seguir este produciendo algunas bajas, como también en el impuesto de sellos” (NeuquénInforma, 10/11).
Bajo la demagogia de apoyar a las familias, se anuncia que habrá “algunas bajas” extras para el mediano y gran capital sobre los beneficios que ya tiene. Que no son pocos y van desde reducirse a un mínimo si paga Ingresos Brutos evadidos antes que lo intimen (artículo 68º), hasta que “La determinación de las obligaciones fiscales se efectúa sobre la base de declaraciones juradas” (artículo 40º) de los propios contribuyentes. El Estado recaudador finge que las empresas declaran sus reales ingresos. Un contraste con el pago del IVA por parte de las familias en serio que lo deben pagar en efectivo y en el momento.
¿Contribuyentes cumplidores o saqueadores?
Se trata de otra manipulación lingüística para favorecer al gran capital. El propio director de Rentas admitió que se puede considerar como “cumplidor” a un evasor durante todo el año pero que al 31 de diciembre se pone al día (pagando con grandes descuentos), ingresando a los beneficios del año siguiente entre los cuales figura un crédito fiscal para pagar otros tributos y una bonificación de hasta el 25% en sus impuestos.
Acá no hay el menor beneficio para “las familias”, que seguirán tributando el 21% de IVA para la compra de lo básico para sobrevivir. Pero si hay un gran beneficio para “la actividad hidrocarburífera (que) recibe un incremento del 30% en los límites de facturación que determinan las subas de alícuotas, con lo cual se adecuan los parámetros a la realidad económica actual” (Prensa de Legislatura, 10/11).
Un escándalo, porque “la realidad económica actual” para los salarios ni roza ese 30%. El propio presupuesto de “La Neuquinidad” considera que la pauta inflacionaria para el año 2027 será del 18%. Y consideró la del presente año en un 10,1% cuando a octubre lleva acumulado ya el 28,3%.
Sobre esas pautas a la baja se planta el gobierno cuando debate la actualización de los salarios, pero cuando se trata de cuidar que las empresas hidrocarburíferas no deban pagar una alícuota mayor, se vuelve realista en exceso. Se facilita así bajar la presión impositiva a las empresas ni tan pequeñas ni tan medianas, sino al gran capital, para que puedan ingresar a la categoría de “contribuyentes cumplidores” y sumen nuevos beneficios sobre los que ya gozan. Y se nota.
Según datos de la Dirección Provincial de Rentas, la recaudación en concepto del impuesto de Sellos creció en los primeros nueve meses del presenta año un 37%, pero en ese lapso, medido en dólares, las exportaciones de petróleo crecieron un 58,6% (casi todo desde Vaca Muerta) según la consultora Economía & Energía (Tendencia de Noticias, 10/11).
Ni las PYMEs y miniPYMEs, menos las familias, exportan hidrocarburos. Pero sí los saqueadores cuyos contratos por esas exportaciones están “exentos del impuesto de sellos”, según el artículo 203 inciso as); “Los documentos que instrumenten operaciones en divisas relacionadas con el comercio exterior, cualquiera sea el momento de su emisión con relación a dichas operaciones y el lugar de su cancelación”.
Para rematar el saqueo, es el propio gobierno el que fija para el Presupuesto 2027 un monto de $ 454.991 millones en concepto de eximiciones impositivas al capital (más de 300 millones de dólares). Toda una definición de para quien se gobierna en la provincia de Vaca Muerta, cuyas empresas saqueadoras chupan la sangre y los recursos del resto de la sociedad, en vez de derramar como dice el oficialismo. Por eso la nacionalización bajo control obrero y sin pago es una medida elemental de resarcimiento por tanto daño social y ambiental que ocasionaron y ocasionan.

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