Políticas
31/8/2026
Neuquén: miles de hectáreas para los ganaderos y el negocio de los feedlot
Palos para los “sin techo”.
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Acompañando al gobernador en el evento “Neuquén Day” en Buenos Aires, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koening, presentó un plan para “incorporar miles de hectáreas a la producción mediante infraestructura de riego. El Corredor del Viento apunta a prácticamente duplicar la superficie irrigada de la provincia”. La inversión fiscal se estima en U$S 82 millones. El funcionario también dijo que “la idea es generar infraestructura de riego, trabajar con los propietarios de las tierras” (Alerta Digital, 28/8).
Se trata de una zona ubicada en el tramo medio del río Limay donde se harían obras para irrigar 50.000 hectáreas en esa zona “con el eje puesto en desarrollar forrajes para la ganadería intensiva de engorde bovino y concesionar tierras fiscales”, según dice la propaganda oficial.
Es un remedo de aquellos anuncios realizados por anteriores gobiernos provinciales del MPN, como la irrigación de un millón de hectáreas como resultado de la construcción del Chocón, que por supuesto nunca se irrigaron. O de los créditos para viñedos y bodegas en la zona de San Patricio del Chañar que nunca se devolvieron y pasaron al pasivo fiscal. O el famoso Plan Neuquén 2020 de Felipe Sapag, lanzado a fines de los 90, que incluía el canal La Picaza (con un costo de U$S 8 millones) precisamente en la misma zona donde ahora se anuncia el megaproyecto. Todo terminó en obras inconclusas y de menor caudal (La Picasita) que hoy lleva agua a la zona en cuentagotas. Los pequeños productores locales exigen que se aumente el caudal, pero no hay previsto obras en tal sentido. Sin embargo a una empresa se le adjudicó el derecho de captar “hasta un metro cúbico por segundo del canal La Picasita”, mientras los pequeños productores deben esperar una o dos semanas para un turno de riego.
Leyes y Decretos, de antes y de ahora
La ley Nº 263 fue sancionada como Código de Tierras Fiscales en el año 1961. Al año siguiente fue derrocado el gobierno de Arturo Frondizi por un golpe militar y enviado como interventor a la provincia del Neuquén el general Osiris Villegas.
En 1963 en nuevas elecciones se impuso Felipe Sapag, con el Partido Justicialista proscripto. Inauguró así un ciclo de más de 60 años ininterrumpidos de gobiernos del MPN, hasta la derrota a manos del actual gobernador, Rolando Figueroa, en el año 2023.
Aquella ley Nº 263 subrió todos los avatares de la adaptación abierta y sin demagogia del Estado a los intereses de los terratentientes y ganaderos. Asi, apenas asumido Felipe Sapag en su primer mandato, la ley original fue modificada por tres leyes (las N.º 331, 361 y 391).
El sentido de estas tempranas modificaciones es muy claro. Por la primera de ellas se extendió de 10 a 25 años el plazo para pagar de la adquisición de tierras fiscales y anular el requisito de residir en la tierra fiscal adquirida. Algo a la medida de los estancieros y terratenientes, que adquirieron tierras sin necesidad siquiera de residir en la provincia, pudiendo hacerlo incluso en el extranjero.
Luego en el año 1969, bajo la dictadura, sufrió a través del Decreto-Ley Nº 852 la modificación o reemplazo de diversos artículos. Y aunque la modificación de su artículo 1º parezca que defiende la tierra a favor de los “auténticos trabajadores del campo”, en realidad ajusta bajo ese nombre el conjunto de la ley para el copamiento de las tierras fiscales por “campesinos” como sociedades anónimas y grandes capitales.
Por ejemplo ampliando la venta de tierra fiscal para explotaciones mineras o forestales, imposibles de desarrollar por una familia campesina real. O introduciendo beneficios como “sistemas de créditos y seguros adecuados a la economía agropecuaria”, un taparrabos para aquellos créditos a tasas de promoción con que las actuales patronales de las bodegas y viñedos de San Patricio del Chañar se hicieron de un capital que no devolvieron o solo lo hicieron tarde y en parte.
También se incoporó que las sumas pagadas de tierras entregadas en arrendamiento, podrán ser adquiridas a partir del quinto año y que todo lo pagado durante el período de arriendo se contabilizará como parte del pago de compra, y el precio total no podrá “ser mayor que el de la época del primer arrendamiento”. O sea, todas las mejoras que beneficien a esas tierras (obra pública de rutas, electrificación rural, etc.) no se consideran como aumento del precio de esa tierra. Ocurre todo lo contrario con la tasa o impuesto por “contribución por mejoras” que se aplica sobre los lotes de un vecino en cualquier barrio.
Para no abundar este Decreto-Ley de la dictadura anula la prohibición de entregar tierras fiscales a sociedades anónimas con fines de lucro si se trata de... “cooperativas de producción”. Algo que como veremos, se elude muy facilmente.
El caso Las Taperitas S.A.
El año pasado, una sociedad anónima firmó con el gobernador “la escritura que adjudica tierras fiscales a la empresa Las Taperitas S.A., el gobierno de la provincia del Neuquén ratificó su compromiso con el desarrollo productivo en la región de Picún Leufú”. (InNeuquén, 11/4/2025) que la empresa tiene adjudicadas desde el año 2014 en la zona de Picun Leufú.
El proyecto de la empresa se denomina “Desierto Verde", y es un proyecto donde se va a “producir, industrializar y exportar forrajes desde la Patagonia” en sociedad con dos cooperativas. Una es Cotagro, que se autodefine como la cooperativa agroexportadora más importante de Argentina con tres unidades de negocios que abarcan cereales, fábrica de maquinaria, supermercado, seguros, exportación de maní, feedlot, etc.. La otra escooperativa Unión de Justiano Posse con varios plantas de acopio de cereales que exporta, con asiento en la provincia de Santa Fe y que tiene otros rubros (seguros, turismo, etc.).
Ambas cooperativas son el taparrabos para eludir la ley provincial que prohíbe vender o arrendar tierras fiscales a una sociedad anónima o comercial con fines de lucro (artículo 5º).
Según el propio sitio web de Las Taperitas S.A., con sede en Rafaela (Santa Fe) la firma tiene fines de lucro. Cuentan con presencia en cuatro provincias (Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Neuquén). Entre sus propietarios se encuentra la familia Williner (hasta el 2023 titular de la marca Ilolay cuando la vendió a una empresa francesa). Cuenta plantas, estancias, etc., y un patrimonio constituído por 25.000 hectáreas en producción donde produce 60.000 toneladas de maíz; 21.000 toneladas de trigo; 25.000 toneladas de soja; 6.000 toneladas de girasol. Además produce 135.000 lechones anuales, 200.000 litros de leche diarios y en las estancias tiene 10.500 vacas de vientres; 7.900 terneros; feedlot con capacidad para 7.000 vacunos y 18.000 novillos en recría intensiva (propios y capitalizados). Pero eso no es todo. También tiene campos forestados de 2.200 hectáreas en Goya (Corrientes), con una producción de 60.000 toneladas anuales de madera. El director general de Las Taperitas S.A. dijo que la empresa se dedica al “heno de alfalfa y maíz, materias primas que se transforman en carne mediante un sistema de engorde a corral”. Una cuestión que, y no por casualidad, empalma exactamente con los rubros del proyecto oficial de regadío de esas tierras al que llaman “El corredor del viento”.
A estos “campesinos”, a esta “familia auténtica trabajadora de la tierra” el gobierno de Rolando Figueroa le vende 1.667 hectáreas de tierras fiscales vecinas al río Limay y cerca del lago que forma la represa del Chocón y asigna 82 millones de dólares en obras en su beneficio.
A los vecinos de la toma recientemente desalojada con métodos de la dictadura no les concede ni un metro cuadrado donde caerse muertos.
Hay que poner a debate toda la normativa y los acuerdos espurios al estilo Chevron, que enajenan a favor del gran capital la tierra y los recursos que deberían estar al servicio de las necesidades populares.
