A las tres causas abiertas durante el desarrollo de la huelga de salud del año pasado contra militantes del Polo Obrero y del Partido Obrero, se han sumado en estos días cuatro nuevas causas imputando en ellas a quienes han protagonizado la huelga de salud y nuevas causas contra militantes del Polo y el Partido Obrero que apoyaron esa lucha. La actividad persecutoria contra quienes luchan por sus reclamos de parte del Juzgado Federal de Zapala ya es, a esta altura, una verdadera campaña de intimidación y coacción contra quienes reclaman.

Estamos ante una verdadera campaña contra las huelgas, reclamos, acciones y piquetes de parte de la Justicia Federal, pero que también cuenta con el auspicio de la Justicia provincial y del gobierno del MPN, provincial y local en el caso de la ciudad de Zapala. Tal empecinamiento persecutorio penal, devela un odio de clase de parte de fiscales y jueces. Los mismos que luego no encuentran mecanismos para proteger, por ejemplo, a las víctimas de la violencia de género.

Las nuevas causas

Se trata de las causas FGR 1995, 2191, 6174, 6594 del año 2021 y por las cuales en plena negociación salarial con los sindicatos ATEN y ATE a fines de febrero y primeros días de marzo, comenzaron a recibirse las notificación de la acusación y fecha indagatoria de los imputados. Todas y todos por el artículo 194 del Código Penal (piquete sobre ruta).

Ahora bien, durante la huelga de Salud el Ministerio Fiscal de Neuquén abrió una mediación con los huelguistas, con cuyos referentes sostuvo varias reuniones. Algunas de ellas con presencia de diputadas/os. Es decir, el propio sistema judicial tuvo que reconocer, mucho antes que lo reconozca el Estado como empleador, que asistían razones de necesidad social de parte de los reclamantes. Más tarde el gobierno terminó suscribiendo un acuerdo salarial con ATE que más que triplicó el mísero 15% que había acordado. Lo cual demuestra que lo firmado anteriormente era una imposición ilegítima contra la voluntad de la base y de su calidad de vida.

Quedó demostrado así que la lucha estuvo motivada en una necesidad salarial dado el carácter alimentario del mismo.

Por lo que aplicar una norma que castiga el delito, es declarar a toda acción elemental de lucha para no padecer hambre, frío o pésimas condiciones de vida, en una acción delictiva. Un ángulo muy acorde a las necesidades de imponer el ajuste a sangre y fuego que exige el FMI y todo el régimen político y las cámaras empresarias.

Esta es la única razón que sostiene estas causas (las anteriores y las nuevas) profundamente reaccionarias y antiobreras.

Redoblar la campaña

La profundización del ataque judicial represivo, obliga a redoblar la campaña por la anulación de las causas y el rechazo que lleguen a juicio y/o condenas. En ese sentido hemos decidido una serie de iniciativas que serán anunciadas en los próximos días convocando a acciones comunes a sindicatos, seccionales y Juntas Internas, partidos, centros de estudiantes, organismos de DD.HH., etc. Vamos a exponer con fundamentos, el objetivo intimidatorio de las causas en general, pero la persecución en particular de militantes del Partido y el Polo Obrero. Hoy ya son 16 las y los militantes nuestros de Chos Malal, Zapala, Cutral Có y Neuquén (incluido el actual concejal Cesar Parra) imputados.

En una muestra de tal persecución, la fiscalía ha propuesto una mediación a imputadas/os que no tienen filiación partidaria, para que a cambio del abono de una “multa” en dinero, se deje sin efecto su imputación en la causa, pero excluyendo con precisión quirúrgica a militantes del Partido Obrero o del Polo Obrero. Un operativo contra nuestras organizaciones que orilla lo mafioso y delictual.

Una razón más para redoblar la campaña contra estas causas hijas del odio de clase de parte de burócratas que tienen trabajo con estabilidad laboral de por vida, con salarios que son 20 ó 30 veces los que pueden ingresar un desocupado o un changarín, y aún quienes tienen un salario.

Causas que violan actas firmadas.

El propio Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, informó el año pasado durante la huelga de Salud que convocó a “un proceso de mediación y conciliación penal” en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, según artículo 17 del Código Procesal Penal, que encomienda al Ministerio Público Fiscal “la solución pacífica de los conflictos y la promoción de la paz social”. Y más tarde quien convocó a una “conciliación” fue la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, quien suscribió un acta conciliatoria el 27 de abril de 2021 con ATE, y que cierra diciendo que “las partes se comprometen a mantener la paz social”. ¿Qué “paz social”, si ella existiera, es la que vienen a mantener las anteriores y estas nuevas causas?

Los mismos fiscales provinciales y federales y el propio gobierno que fomentaron la “mediación” y la “conciliación”, luego de concluidas las acciones de huelga, consideran a las actas como letra muerta. Otra lección a considerar.

La defensa de las libertades democráticas y el esencial derecho natural a luchar ante las necesidades acuciantes, imponen una respuesta masiva y de frente único. Derrotaremos estas infames causas.

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