La Legislatura neuquina aprobó la ley 3042 por la cual el sistema público de salud de la provincia incorpora los tratamientos y provisión de derivados de la cannabis para uso terapéutico, a pacientes con epilepsia refractaria como el síndrome de West, Dravet, Lennox-Gastaut. Asimismo establece que la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud y Desarrollo Social), deberá suscribir los convenios necesarios para la investigación del principio activo de cannabidiol en otras patologías.

Nuestro bloque acompañó el proyecto en general, pero propuso modificaciones. Una, dejaba en claro que las responsabilidades del ISSN, alcanza sólo a sus afiliados, invitando a las demás obras sociales a adherir a la ley. Y propusimos incluir en la Autoridad de Aplicación al Comité de Medicamentos. No existe en la ley, ningún mecanismo de control al gobierno. Nuestras propuestas de modificaciones fueron rechazadas por el MPN (y colectoras aliadas), Libres del Sur, PTS, UNE y Nuevo Encuentro – Frente Grande.

La votación en el recinto fue precedida por un tratamiento express y la negativa de tratar proyectos de declaración previos, presentados por nosotros y otros bloques, por la despenalización del autocultivo y la producción estatal de los derivados de la cannabis y su incorporación al sistema público de salud.

No se trata de un tema menor, porque los límites de la ley 3042 chocan con el reclamo de la lucha de cannabicultores, pacientes y familiares.

La realidad es que en Argentina ya se importa aceite de cannabis a través del ANMAT bajo la figura de acceso de excepción (uso compasivo), pero no siempre se logra acceder a los productos porque apenas se autorizó el ingreso de 85 frascos del aceite Charlotte´s everyday advanced 5000, en todo lo que va del año.

Cannabicultores del Alto Valle difundió datos contundentes. Reciben entre 50 y 70 consultas diarias para poder acceder a los productos o aprender a cultivar y no solamente no tienen condiciones de poder producir la cantidad de una demanda creciente, sino que esta situación los expone más frente a la ilegalidad imperante.

Un 70% de los casos no estarán contemplados. Tanto pacientes (o sus familiares), tendrán que continuar autocultivando, si tienen condiciones para ello como espacio, materiales y tiempo. O seguir recurriendo a los cannabicultores. Todos continuarán criminalizados bajo la línea de la delincuencia.

Ha sido el propio titular de ANMAT, Carlos Chiale, quien afirmó que si bien los estudios disponibles confirman la reducción de frecuencias de más del 50% ante convulsiones o crisis; ante el dolor se observan "beneficios leves a moderados" de tipo paliativo o placebo y que "el THC fumado demostró ser la intervención con mayor efectividad". Es decir, fuera de "la ley".

Queda el debate pendiente que proponemos en nuestro proyecto, que defiende la despenalización del autocultivo y la producción estatal industrial de la cannabis medicinal para todos (reduciría el valor de la importación a la mitad). Como un asunto de la salud pública y no como un negocio con laboratorios como el británico GW Pharmaceutical o Bayer que esperan un buen negocio con Argentina. El Partido Obrero hizo este señalamiento en la marcha del 7 de diciembre, en la cual participamos.

Como ocurre con el aborto clandestino, el negocio del narcotráfico está bien custodiado por el Estado capitalista y la lucha por la despenalización del autocultivo deberá enfrentarlo. Esa es la lucha que continúa.