El pasado 11 de diciembre, el tribunal conformado por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, dictaminó las penas para los 12 condenados en la megacausa de estafas con planes sociales que involucró al ex Ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y al hombre-Estado y puntero vip, Ricardo Soiza. Esta causa, junto con la conocida como causa Temux de la época sobischista, son los dos grandes eventos de escándalos judiciales en la historia de Neuquén donde están directamente involucradas las máximas autoridades de la provincia.

Ambas causas tuvieron su punto de contacto en la audiencia final del juicio de cesura, instancia procesal donde se decide la cuantía de la pena a los imputados. Todos los que nos gobernaron y gobiernan han sido parte de un régimen de corrupción con los planes sociales que hace al ADN del MPN y el gobierno actual. Como dato de color, cabe decir que Alfredo Curry, abogado y uno de los condenados se presentó a la audiencia con una remera con la cara del gobernador Rolando Figueroa con la insignia de “Buscado”.

Las condenas, bajo la declaración de responsabilidad del delito de administración fraudulenta, fueron de: 5 años de prisión para Abel Di Luca y Ricardo Soiza, 4 años para Marcos Osuna y Pablo Sanz, 3 años años y seis meses para el abogado Curry. Sin embargo, nadie irá preso efectivamente porque aún faltan recursos por resolver y además, porque con el tiempo de prisión domiciliaria que ya pesan, el próximo año estarán todos libres.

En declaraciones posteriores al fallo, el juez Kees señaló que una de las causales que explican la resolución judicial de culpabilidad de los ex funcionarios es “la decadencia de la hegemonía del MPN”, es decir, que la causa tuvo curso porque existía un estado terminal de lo que serían los 60 años del MPN en el poder. El juez sugiere que ahora existiría un régimen político de estricta justicia o como gusta decir al gobernador “tolerancia cero” con la corrupción.

La declaración no puede ser más ilustrativa del carácter de clase de la justicia (antes y ahora) y su permeabilidad a las influencias políticas. El propio juez lo reconoce cuando señala que: “no existe sistema judicial que no esté exento de permeabilidad de la política”. Obvio, no menciona al actual. Se trata de una confesión brutal que pone de manifiesto que la causa de los planes sociales solo fue posible porque el MPN perdió el poder.

Las aseveraciones del magistrado fueron realizadas en comparación con el caso Temux, el otro gran caso de corrupción y estafa con el Banco Provincia de Neuquén (BPN) en épocas de Jorge Sobisch. En dicho caso, 9 funcionarios y altos jerárquicos de la entidad fueron condenados después de años de proceso, sin embargo, el Tribunal Superior de aquel entonces los sobreseyó porque el proceso superó los tiempos de investigación. Hay que considerar que la estafa de la actual causa, se produjo retirando fondos de los cajeros automáticos del BPN y que no hay ningún funcionario imputado y menos procesado, en la institución que debe velar por la transparencia de los pagos.

La relación entre el caso Temux y la actual de planes sociales es destacada por dos aspectos. En primer lugar, porque explica cómo funciona el Poder Judicial. Cuando la hegemonía del MPN estaba en curso, la causa se cerró y en la de planes sociales fueron condenados porque hubo un cambio respecto a quiénes protege la justicia y dirige los carpetazos.

En segundo lugar, porque la causa de planes sociales se inscribió en una interna del propio MPN y el aparato judicial. Ocurre que la investigación de planes sociales comenzó en plena campaña electoral 2023 y fue una denuncia clave que socavó las bases del ya agotado régimen del MPN. Quien la impulsó es el actual gobernador, Rolando Figueroa, el que se despegó del partido provincial luego de que fuera intendente, diputado provincial y nacional y vicegobernador del 2015 al 2019, período que quedó fuera de la investigación.

Asimismo, vale la relación entre Temux y planes sociales ya que actuó en ambos el mismo fiscal, que es ni más ni menos que Pablo Vignaroli, fiscal judicial que es la cabeza de persecución contra todas las causas populares y defensor del gobierno de turno. Por ello ambas causas lo retratan.

Impunidad estatal: ayer y hoy

La condena de responsabilidad y las penas contra los ex funcionarios no puede ocultar que no se fue a fondo en la investigación y la impunidad se perpetuó. El fiscal afirmó que a pesar que testigos denunciaron que se trató de un delito continuado en el tiempo y a responsables por encima de los imputados, “no se pudo demostrar”. Tampoco se ha dilucidado lo más importante: ¿Quién se benefició con las estafas de los planes? ¿Dónde fue la plata, por qué el periodo de investigación fue solo acotado a dos años cuando el régimen de corrupción es de décadas?

La respuesta es muy simple. Deberían caer todos los que nos gobernaron, es decir, los Sapag, Sobisch, Gutiérrez, Gaido y hasta el actual gobernador. Este no es un análisis antojadizo, sino lo concreto de elementos que surgieron del propio juicio.

Varios testigos señalaron que los fondos iban a la caja azul, color de la lista oficial del MPN o al emperador, apodo para el actual intendente de la capital, Mariano Gaido. Nada se investigó.
Así, la causa con planes finaliza una etapa con condenas que permiten a los ex funcionarios salir en libertad en los próximos meses, seguir en sus casas con domiciliarias. En cambio, los "peces gordos" (Sapag, Sobisch, Gutiérrez, Gaido y Figueroa) no fueron investigados.

Por ello, más que nunca, estos elementos de impunidad deben ser tomados para rechazar la judicialización y persecución a las organizaciones populares por parte de un régimen corrupto y ajustador y un fiscal que investiga o no según el poder de turno.