El viernes 28 vencía el plazo original otorgado por el gobierno de la provincia del Neuquén para la aceptación de su oferta sobre los bonos en dólares Ticade (emitidos en 2015) y Tideneu (emitidos en 2017) por alrededor de 700 millones de dólares. Pero ese día, a través de un comunicado oficial, se prorrogó el plazo de aceptación hasta el 18 de setiembre: parece que lo que, según el gobernador Omar Gutiérrez, sería una negociación “amigable”, no lo es tanto.

Se trata de una interminable refinanciación con fondos cebados durante años de endeudamiento leonino, por la cual nuevas deudas a mayor tasa de interés, reemplazan a viejas deudas. En el caso de los Ticade, fueron presentados hace cinco años atrás como un “alivio financiero”, ya que estiraba hasta el 2020 los vencimientos de otros bonos que vencían ese año. Por supuesto, los nuevos bonos Ticade pagan 4 puntos más que los reemplazados, y ahora que llegamos al 2020, se los debe renegociar para un nuevo “alivio financiero”. Una bicicleta eterna en manos de fondos de inversión, fideicomisos y bancos.

Estos bonos, que ya tienen negociaciones en el mercado secundario, están emitidos bajo leyes y tribunales extranjeros, por lo que la provincia ha debido hacer público que está ajustada a las normas de EE.UU. y la agencia bursátil de ese país, la Securities and Exchange Commission (SEC). Aunque el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Pons, había dicho días atrás que los bonos están distribuidos en cientos de pequeños ahorristas y sería muy raro que pudieran reagruparse para rechazar la oferta, lo cierto es que un estudio de abogados neoyorquinos que dicen representar un 25% de bonistas (en el límite para impedir la aceptación), ha rechazado la misma.

El comunicado del gobierno se refiere a mucho más que a un simple estiramiento de plazos. Refleja un tironeo y deja abierta la posibilidad de que la oferta se retire, ya que la provincia advierte en el mismo que “se reserva el derecho de dispensar o modificar cualquiera de los términos de las Solicitudes de Consentimiento, o bien de cancelarlas, en cualquier momento y a su entera discreción”. A su vez, advierte que “no permitirá que se revoquen consentimientos que hubieran sido otorgados con anterioridad a la fecha presente”, lo que demuestra que habría fondos que estarían reculando de la negociación “amigable”.

Es que para los bonistas sus condiciones originales son de privilegio. Tienen garantizado el cobro en tiempo y forma, porque los bonos están respaldados a través de un fideicomiso con regalías petroleras y coparticipación de impuestos, a tasas siderales respecto a las actuales. Los bonos son un gran negocio en un mundo donde la Reserva Federal estadounidense ha anunciado que mantendrá por varios años las tasas de interés casi en cero.

Lo único que puede tornar “amigable” la negociación con los bonistas es que la provincia del Neuquén mejore el negocio para los fondos buitres, a cambio de un estiramiento de plazos. Pero eso sería abrir un agujero negro hacia el futuro, toda vez que las fuentes financieras del fisco provincial están afectadas por la depresión mundial, y debería llevar a límites de rebelión el ajuste en curso en salarios, jubilaciones, presupuestos de salud, educación y de ayuda social.

El gobierno del Neuquén, como ya ocurrió con Chubut, tiene un corto lapso de tiempo para conocer si sus finanzas sobreviven un tiempo más, o se declara formalmente en default.

Como siempre, la lucha de clases a escala continental tiene la última palabra.

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