Políticas
9/1/2026
Neuquén: una emergencia ígnea para la tribuna
Un Estado presente... en el ajuste.
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Incendios forestales.
El gobierno de la provincia del Neuquén prorrogó en febrero de 2025 por Decreto nº 198/2025 la declaración de emergencia hídrica hasta el próximo 9 de marzo de 2026. Lo hizo en el marco de incendios devastadores de más de 15.000 hectáreas en el Parque Nacional Lanín, en la zona cordillerana y lacustre, verdaderos paraísos de la naturaleza.
La declaración de la emergencia ígnea en Neuquén expresa un Estado presente que termina responsabilizando a las comunidades y a pobladores, para reforzar el control social, imponer prohibiciones generales y correr el eje de las responsabilidades políticas reales. Hay que recordar el montaje de un vecino de Senillosa al cual se le montó un carpetazo judicial para tapar las responsabilidades estatales y que finalmente, ante la movilización, fue liberado y eximido de toda imputación. Todo incendio forestal termina en una caza de brujas contra alguna persona para calmar a la opinión pública. Para tapar la responsabilidad del Estado en esos incendios al desfinanciar los sistemas de combate contra el fuego y preocuparse más porque el fuego no afecte alguna estancia que a los vecinos de las poblaciones y parajes.
Este año, aún sin la magnitud del año pasado, nuevamente en los últimos días y semanas se registraron focos de incendio en distintos puntos de la provincia de Neuquén, en zonas rurales, cercanas a poblaciones y en áreas de alto valor ambiental, como sectores del Parque Nacional Lanín. Hubo fuegos en la zona de Lago Hermoso, áreas cercanas a Las Coloradas y sectores serranos. Según el diario Río Negro, en notas publicadas entre el 5 y el 7 de enero de 2.026, varios de estos focos no se encontraban totalmente controlados, en un cuadro regional crítico que atraviesa a toda la Patagonia (¡incendios en Chubut!).
Existen antecedentes concretos y documentados que, en la Patagonia, luego de grandes incendios forestales, los gobiernos avanzaron en rezonificaciones, cambios en el uso del suelo y habilitaciones excepcionales para desarrollos inmobiliarios, turísticos y productivos sobre áreas previamente incendiadas.
El diario Río Negro documentó el 10 de marzo de 2.024, a tres años de los incendios en la Comarca Andina, las penurias vividas por los pobladores y la falta de respuestas oficiales. Luego se consolidan emprendimientos privados sobre zonas que habían sido bosque nativo, a pesar de las restricciones legales vigentes. Primero el fuego, luego la emergencia, después el negocio.
A esta política provincial se suma la ofensiva del gobierno nacional. Desde su asunción, Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de las herramientas mínimas de protección ambiental. Mediante decretos y resoluciones administrativas, el Ejecutivo recortó partidas, desfinanció programas de manejo del fuego y eliminó controles, profundizando un régimen de hechos consumados al servicio de negociados inmobiliarios y terratenientes.
Mientras tanto, el discurso oficial busca responsabilizar a la población. Pero quienes están hoy en la primera línea no son los gobiernos ni las empresas, sino las y los trabajadores, las brigadas comunitarias, vecinas y vecinos organizados, que ponen el cuerpo para defender vidas, viviendas y el bosque, en condiciones precarizadas y sin recursos suficientes.
Nada de esto fue imprevisto. El riesgo era conocido. El beneficio también. El Estado actúa rápido para prohibir y disciplinar, pero no para frenar la especulación sobre tierras incendiadas ni para garantizar condiciones dignas a quienes combaten el fuego. La emergencia ígnea funciona, así como una herramienta política contra el pueblo, no como una política ambiental.
El gobierno nacional de Milei y los gobiernos provinciales avanzan en una misma dirección. Ajuste, desregulación y transferencia de recursos al capital. La destrucción del bosque nativo no es un daño colateral, es funcional a un modelo económico que necesita tierras disponibles y baratas.
La emergencia ígnea se usa como parte del ataque en curso contra las comunidades, utilizada para encubrir responsabilidades políticas y proteger negocios. Señalar la intencionalidad de los incendios no criminaliza al pueblo, si no que expone al poder.
La salida pasa por romper con este modelo de saqueo y avanzar hacia una política ambiental bajo control de las y los trabajadores y las comunidades, con prevención real, brigadas permanentes, trabajo estable y defensa efectiva del bosque nativo. Porque el Estado está presente y lo hace contra el pueblo y a favor de los negocios cuando el bosque arde.
Llamamos a la solidaridad de la población y exigimos al Estado que envíe los recursos necesarios para quienes enfrentan el fuego. Fuera Milei y los gobernadores.
