La rebelión de las escuelas puso en evidencia el fracaso del peronismo cordobés tras 24 años de gobierno. Miles de docentes y jubilados sumidos en la pobreza, escuelas que se caen a pedazos, una deserción educativa creciente y el deterioro generalizado de la educación pública son algunas de las consecuencias de una política sistemática de ajuste.

Sucede que el presupuesto educativo viene en picada libre en los últimos 10 años. Según un informe de la OTES (Observatorio de Trabajo, Sociedad y Economía) el presupuesto educativo sufrió un recorte del 11% en términos reales entre el 2016 a 2023. La situación se profundizó durante la pandemia, con el recorte en el PaiCor (ayuda alimentaria para las escuelas), la inexistente política de conectividad y un avance fenomenal en la precarización laboral de la docente, que implicó el despido de centenares de docentes y la modificación del estatuto.

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Este recorte impactó particularmente sobre los salarios y jubilaciones. En los últimos 5 años, un docente con 10 años de antigüedad ha perdido en promedio 10% de su poder adquisitivo, mientras que un docente con 30 años de antigüedad perdió hasta un 20%. A su vez, los jubilados sufrieron el mayor robo de la historia tras la aprobación de la 10.694.

Llaryora viene a continuar esta política antieducativa, en un cuadro de profunda descomposición de su gobierno que está más preocupado en garantizar la impunidad de Oscar González, Cardozo o Mosquera, que en la educación para la población.

Si votás a un Juez, te sale un Morales

Posando de opositor, Luis Juez nos habla de “revolución educativa” jerarquizando la labor docente y combatiendo la deserción escolar. Se trata de una total impostura, en la medida que su fuerza política no solo viene acompañando la rebaja salarial de Schiaretti, sino que apoyó la nefasta reforma jubilatoria.

No es de sorprender; su alianza derechista es impulsora de un programa de gobierno a medida de las patronales, que consiste en eliminar las indemnizaciones por despido, reformar reaccionariamente los convenios colectivos de trabajo, ir hacia una devaluación monetaria de mayor envergadura, en definitiva, continuar el camino del ajuste fondomonetarista pactado por Massa y los Fernández.

Lejos de ser un defensor de la educación pública, Luis Juez es el candidato Patricia Bullrich, propulsora de una ofensiva antiobrera de shock. Son los más férreos defensores de una avanzada represiva contra la protesta social, reclamando la eliminación del derecho a la protesta y la criminalización a los luchadores.

Esta posición ya hizo sus primeras experiencias en Jujuy bajo el gobierno del Gerardo Morales, que recurrió a una brutal represión para doblegar la rebelión contra su Constituyente antiobrera que protagonizan los pueblos originarios, junto a docentes y estatales.

Llaryora y Juez son todos lo mismo. La salida es por izquierda

No hay grietas cuando se trata de ajustar. El pasaje de candidatos de Juntos por el Cambio a las listas del PJ provincial, o incluso la pretensión de Schiaretti de ir a un gran acuerdo nacional con Larreta, dan cuenta de una profunda coincidencia programática.

La docencia que se levantó desde las escuelas contra las consecuencias de décadas de abandono y ajuste sobre la educación, no puede ser presa de una nueva estafa.

La defensa del salario, las jubilaciones, la infraestructura educativa, del estatuto, la lucha contra la precarización laboral y por una verdadera jerarquización de la labor docente, solo puede venir de la izquierda. Se trata de la única fuerza política que ha estado en las calles y en las escuelas defendiendo en cada instancia la lucha docente, impulsando la organización contra la burocracia entregadora del kirchnerista Monserrat, y  el ajuste de todos los que nos han gobernado durante las últimas décadas.

El próximo 25 de junio tenemos la oportunidad de reforzar la lucha docente, fortaleciendo una alternativa política de las y los trabajadores, contra los candidato capitalistas. Votemos al Frente de Izquierda Unidad y llevemos nuestros reclamos a la legislatura.

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