El procesamiento y embargo dictado contra los miembros del grupo Callejeros constituye un ataque directo contra la juventud. Es un claro intento de descargar la responsabilidad criminal de gobierno y empresarios sobre siete jóvenes trabajadores de la música, habitantes del empobrecido Conurbano bonaerense, cuyo único “delito” fue convocar a sus seguidores a un boliche de la Capital que el sistema capitalista de corrupción y lucro sin límites había convertido en una trampa mortal.

Se trata de orientar la carga de la culpa por la muerte de casi doscientas personas en quienes son, en definitiva, las propias víctimas: los músicos, el público, los trabajadores del rock.

Los argumentos del juez Julio Lucini para procesar a los músicos revelan su animosidad contra la banda. Concluye que Callejeros eran “coorganizadores” del recital en Cromañón junto a Chabán y que “no eran un mero conjunto invitado”, tomando como prueba de esto la inexistencia de “un documento que demuestre que ellos eran simples artistas contratados por Omar Chabán” (Clarín, 4/6). El juez, de manera perversa, utiliza una irregularidad del empresario como argumento contra el grupo.

Callejeros pudo haber tenido “responsabilidad” en el control de entradas, en el montaje del show, en el control del público para que no se produjeran peleas, pero queda descartado que haya tenido un rol activo con relación a los factores fundamentales que desataron la tragedia: el techo con materiales altamente inflamables; las puertas bloqueadas; las coimas a la Policía y al Gobierno de la Ciudad; la habilitación de un lugar que no cumplía con las condiciones de seguridad básicas, por parte del Estado corrupto.

En su argumentación, fuertemente teñida de moralina reaccionaria contra la banda y su público, el juez Lucini llega a decir que, ante la costumbre de encender bengalas en los recitales, la banda debió haber “evaluado la posibilidad de dejar de tocar en vivo”. Es decir, el problema no es que el lugar no estuviera en condiciones, sino que la banda haya tocado allí. Por extensión, Lucini podría decir que también la culpa es del público, que seguía a un grupo en cuyos recitales se encendían bengalas…

El objetivo de todo este aparato de argumentación es, por un lado, licuar las culpas por la masacre, atribuyéndolas en parte al grupo y su público; y por otro lado acusar al movimiento del rock, las bandas y sus seguidores, con vistas a su disciplinamiento y control.

El público del rock, los jóvenes de las barriadas que encuentran en estas bandas una expresión de sus angustias, de sus dolores, y también de sus sueños y esperanzas, al igual que los músicos y otros trabajadores de este ámbito, deben ser conscientes de que el procesamiento y persecución a Callejeros es un ataque que los tiene a todos ellos como blanco.

Ni la bengala, ni el rocanrol: los responsables son los empresarios y el gobierno, la cara visible de este sistema que mata a nuestros callejeros.