La ministra de Desarrollo Social, Victoria tolosa Paz, está aplicando un ajuste salvaje contra los que menos tienen.
A los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo, el más importante del Ministerio, que son por fallecimiento, por jubilaciones y otras causas y que no son reemplazadas, se le agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 Potenciar Trabajo.

Ajuste acelerado

Para impulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI la ministra ideó un sistema que sin dudarlo se puede calificar como de shock contra los planes sociales. En noviembre reemplazó las auditorías presenciales hechas por universidades, que iban a permitir una evaluación del programa Potenciar, establecidas por “Juanchi” Zabaleta, su antecesor y que lógicamente iban a demorarse meses, las cambio de un plumazo ni bien asumió por otro sistema que está concluyendo ahora, apenas poco más de 50 días de lanzado, y que es un sistema que reemplaza la auditoría presencial, por una validación exclusivamente por Internet. En un país en el que la pobreza y la falta de los servicios más básicos caracteriza la situación de millones de personas, reclamar la validación de datos por Internet exclusivamente es una canallada de un gobierno ajustador.

La falta de conectividad, los problemas con el sistema de validación e inclusive el colapso del sistema les sirven a la ministra para ajustar a los que menos tienen dejando a decenas de miles sin la ayuda social que necesitan y que el gobierno está obligado a brindarle.

No se trata de una forma de transparencia del sistema, sino de una política basada en el ajuste, que especula con que hay trabajadores, de beneficiarios reducidos a la pobreza extrema, que están aislados y desorganizados y hasta con la falta de información.

Mientras se les reducen las deudas a las empresas energéticas y se aumentan los subsidios a los grandes especuladores y empresarios y se beneficia a los que especulan contra el peso argentino, favoreciéndolos con un dólar preferencial, se les saca el único ingreso a 160.000 personas que además pierden su obra social y sus aportes jubilatorios como monotributistas sociales.

Un ataque brutal que estuvo precedido por una campaña de todo el arco político patronal, desde Cristina, que dijo que había muchos planes, pasando por Larreta y Bullrich que los quieren eliminar de un saque y que tuvo una escena farsesca cuando se anunció hace unos meses que había 250.000 beneficiarios de planes sociales que pagaban bienes personales ¿¿¡¡tenían yates y compraban dólares!!?? Todo lo cual quedó desmentido poco después, pero que sin embargo sirvió al objetivo de estigmatizar a los que cobran una ayuda social y a crear un clima favorable a las bajas, que reclamó siempre el FMI y las patronales que ven a los bajísimos montón de los planes sociales como competidores de los salarios miserable que pagan los patronos locales.

La ministra mostró un seguimiento y una exhaustiva auditoría extraordinaria puntualizando cada caso que ¡atentaría contra la patria! que daña la economía argentina, dijo la millonaria ministra. Es decir que estaríamos ante una banda de 160 mil personas que están atentando contra la economía, no es el FMI, no es la patria financiera ni la contratista, no son los especuladores del agro, no, los que dañan la economía, según Tolosa Paz, son los 900 “delincuentes” que compraron dólares y cobran un plan social. Tamaño despropósito solo pretende ocultar que lo que lleva adelante la ministra es un ajuste al servicio del FMI.

Las bajas no son por “compra de dólares o por pagar bienes personales”, los casi 160 mil afectados son bajas por falta de validación.

Es necesario defender a cada compañero que fue injustamente dado de baja, reclamamos el levantamiento de la totalidad de las personas dadas de baja, que se citen en el distrito en el que viven a los trabajadores dados de baja del programa, para que se los levante sin pérdida del mes vigente.

Por un aumento en los montos del Potenciar Trabajo para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza.

Apertura irrestricta de los programas.

Por un seguro al desocupado igual a la canasta familiar.

Ningún ajuste a los trabajadores.

Que la crisis la paguen los capitalistas.

¡Fuera los políticos patronales!

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