Es un hecho la salida del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín. Su caída en desgracia marca el fracaso de la política de “Paz y Orden” del gobernador peronista Omar Perotti, cuando el crimen narco arrecia y se llegaron a contabilizar cinco homicidios en 12 horas en enfrentamientos entre bandas en la caliente Rosario. Asesinatos que se cobran la vida de la mano de obra de un negociado capitalista multimillonario, que exhibe sus fortunas a la vera del Paraná, y también de la población trabajadora que vive asediada por el narcotráfico.

Saín estaba fortificado por ser un adlátere de la responsable nacional del área, Sabina Frederic, pero fundamentalmente por el papel de espionaje que le asignó el gobierno provincial sobre la Policía de Santa Fe, en conexión con sus padrinos judiciales y políticos. Como se sabe, la “especialidad” del exministro eran las tareas de inteligencia interna, una actividad que desenvolvió no sólo contra la oposición del Frente Progresista, sino contra el peronismo “díscolo”, para alinearlo con Perotti.

Esto lo advertimos apenas asumió el nuevo gobierno en 2019: “Marcelo Sain (…) fue creador de la Policía Aeroportuaria y Judicial y director de la Escuela Nacional de Inteligencia, donde se forman ‘espías policías o civiles para la investigación interna’ (…) El tema de la lucha contra ‘el autogobierno de las fuerzas’ que abordó Sain en su discurso de asunción (…) muestra que con el tema se busca reconfigurar al poder político socio de la narcopolicía. En una extensa entrevista (Cosecha Roja, 13/7), Sain habla de su investigación contra el capo narco de Rosario, Esteban Alvarado, y su asociación con los peronistas Armando Traferri, senador de San Lorenzo y la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas (…) La cuestión del control de la policía está directamente ligada a los realineamientos más generales del peronismo”.

Lejos de aprovechar estos insumos para desmantelar el régimen narcosojero que domina Santa Fe, la información fue utilizada, como es habitual en los servicios de inteligencia, para armar carpetazos funcionales al poder de turno. En esta guerra interna destaca la crisis en torno al pedido de desafuero de Traferri, para que pudiera ser juzgado por múltiples pruebas que lo vinculan con la causa judicial que investiga la protección estatal a un capitalista del juego clandestino, ligado a su vez con la banda narco Los Monos. Básicamente blanqueo de dinero del narcotráfico vía el Casino Center de Rosario.

Por ese entramado delictivo, continúan detenidos quien era Fiscal General de Rosario y un subordinado suyo, que estaba a cargo de la Unidad Covid de la ciudad. El senador sanlorencino zafó, gracias a que el Senado y la vicegobernadora Rodenas cerraron filas en torno a la impunidad de Traferri, rechazando el desafuero. El tema dejó más al descubierto la fractura interna del peronismo que llega al vértice del Poder Ejecutivo.

Carpetazo va, carpetazo viene…

La controversia entre los bloques políticos patronales se centra en las acusaciones cruzadas respecto de las responsabilidades frente a la crisis de inseguridad que azota la provincia, de la que todos son responsables y que usan de pantalla para ocultar los dramáticos números del desempleo e inflación, que siempre tienen en Santa Fe un puntito más de dramatismo.

Así se conoció que Máximo Pullaro, quien fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, se había encargado de garantizar la protección legal de los efectivos que asesinaron al joven Franco Casco, un caso aberrante de gatillo fácil, haciendo que el Estado pagara los abogados defensores de la yuta asesina. El mencionado caso Traferri.

Y finalmente los audios de Sain, que clavaron los últimos clavos de su ataúd político, donde perdió el atisbo de autoridad de mando que pudiera haber tenido sobre la policía y, en general, sobre la población. En un audio dirigido a un comisario, se lo escuchaba decir: “Me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista. Ustedes están en la D, yo estoy en la A. Me chupan la verga. Son unos negros pueblerinos, hacen lo que se le canta el forro del orto. Menos mal que dios atiende en Buenos Aires, porque si atendiera en Santa Fe seríamos Uganda”. Tranqui.

El tema naturalmente tiene ribetes electorales, como lo muestra sin ruborizarse Juntos por el Cambio, que aprovecha la guerra entre los principales bloques para ponderar la gestión de Patricia Bullrich, que se limitó al envío de fuerzas federales en coordinación con Lifschitz y que naturalmente no resolvió nada. Una receta que por estos días copiaron Saín y Perotti, a pedido del hombre de Franja Morada que gobierna Rosario, Pablo Javkin, con una saturación de efectivos que solo actúan sobre los boulevares, mientras los robos, asesinatos, desapariciones de mujeres, campan a sus anchas.

Entra un duro

La salida intempestiva de Sain, para evitar el juicio político, es un puente a un pacto de impunidad entre oficialistas y opositores, para echar un manto de impunidad sobre las múltiples acusaciones que recaen en todo el arco político de la provincia y que de seguir escaldando pueden terminar en una gran crisis de Estado. Tal vez el gobernador Perotti ha decidido poner paños fríos, frente al aumento de la movilización piquetera y la valiente respuesta de la docencia que fue al paro, pese a todas las amenazas y la campaña derechista contra sus derechos laborales, que combinada con una crisis por arriba puede ser letal para su gobierno. Por estos días circuló una encuesta que indica que es el gobernador peor ponderado del país, junto con Arcioni. La olla de podredumbre que compromete a ambos bloques es enorme.

Ingresa en su lugar Jorge Lagna, exdiputado y peronista con fama de “duro”, que ingresa advirtiendo que no hará nada (“no existen soluciones mágicas”) y para continuar la polarización política con Pullaro, salpicado por la reciente condena a 10 años de cárcel del ex jefe de Drogas peligrosas, Alejandro Druetta, por liderar una banda narco cuando él era ministro de Seguridad.

Desmantelamiento de la narcopolicía

Terminan las aventuras del ministro Saín, en una gestión cargada de declaraciones racistas, clasistas, irresponsables y sobre todo llena de represiones contra las luchas obreras. Bajo su gestión fueron reprimidos por la Policía de Santa Fe los obreros de Algodonera Avellaneda, el acampe de los metalmecánicos de Honda Guerrero (y detenido el número 2 de Smata Rosario, en un hecho escandaloso), los recicladores de Villa Recicla, apresados en masa por reclamar alimentos para los comedores.

Bajo su gestión también fue víctima de gatillo fácil Mariano Melgarejo en el barrio 7 de septiembre, entre muchos otros atropellos contra las libertades democráticas, que muestran que la doctrina de la “seguridad democrática” termina allí donde empieza la represión capitalista. Por eso desde el Partido Obrero luchamos en las calles hace tiempo por el Fuera Sain, un ministro que militarizó los barrios y no hizo nada por desmantelar la narco policía. Su relevo no trae nada nuevo, mientras se ahonda la crisis de inseguridad ciudadana.

El problema de fondo es que en Santa Fe existe una narco policía con la que han convivido peronistas, socialistas, radicales y macristas. La vinculación de los altos mandos de la Policía de Santa Fe con el narcotráfico no es producto de algunas “manzanas podridas”, sino de la naturaleza de una institución que usufructúa el monopolio de la violencia para sacar partida de la protección que da a los negocios capitalista ilegales, que son los que reportan enormes ganancias a nivel mundial. Está claro que la privatización de los puertos y la propiedad terrateniente, hacen de Santa Fe una plataforma ideal para las operaciones ilegales.

Salta a la vista que la fuerza que debiera combatir el delito es su principal organizadora. La complejidad de qué hacer con las zonas liberadas y el reclamo de un reforzamiento policial debe ser abordada con una denuncia a fondo de esta verdadera estructura criminal que hoy representa la policía y la organización de su reemplazo por una fuerza electa y revocable por la ciudadanía.

Esta medida no será tomada por ningún gobierno que defienda la estructura económica que da origen al gran delito: campos, vías fluviales y puertos privatizados, que son los canales económicos del narcotráfico y la trata de personas, y luego “blanqueados” en los casinos, bancos y en la Bolsa de Comercio.

En Santa Fe existe un verdadero régimen narcosojero que solo puede ser desmantelado nacionalizando la tierra y los puertos, la banca y el comercio exterior. Medidas básicas para recuperar el control del territorio y empezar a poner un freno a la violencia cotidiana.