La trágica muerte de Matías Kruger, joven de 24 años, mecánico del subte y conocido deportista, está muy lejos de haber sido un accidente. Y siendo la quinta de las víctimas por electrocución en cinco años en los talleres de mantenimiento, ha superado todos los requisitos para que la concesión a Metrovías, perteneciente a Benito Roggio, sea anulada.

A la natural responsabilidad de una empresa de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se suma el hecho de que las cinco muertes por accidentes laborales fueron largamente anunciadas. Efectivamente, los delegados del subte y particularmente los de los talleres de mantenimiento vienen denunciando desde hace años, con documentación fehaciente, ante los organismos de control y el gobierno de la Ciudad, las deplorables condiciones de seguridad en ese servicio público. Y no sólo en las condiciones de los talleres sino también en el deficiente mantenimiento del material rodante, que provoca permanentes averías que interrumpen el servicio o provocan descarrilamientos e incendios, poniendo en riesgo la integridad física de miles de pasajeros.

Los trabajadores han estudiado y reclamado los protocolos de seguridad; en particular, los referidos a alimentación y corte de energía eléctrica en áreas de trabajo donde se ven expuestos, como Matías, a miles de voltios.

La negativa de la empresa a implementarlo tiene que ver con inversiones en tecnología, cantidad de personal y tiempos de trabajo en juego. Las denuncias obreras llevaron a recientes inspecciones de riesgo de trabajo que detectaron innumerables falencias en casi todas las áreas. Y en la misma semana de esta pérdida intolerable, se realizaban nuevas reuniones donde la empresa continuó negándose a firmar el protocolo y a presentar un plan de reformas imprescindibles para la seguridad laboral ¡doce horas antes de la muerte de Matías! En todos los casos de muerte, la empresa los atribuyó a negligencia de las propias víctimas, llegando a decir que algunas fueron “suicidios”.

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Pero no termina allí la cadena de responsabilidades criminales. El gobierno de la Ciudad, a través de SBASE, es el propietario y controlador de la red de subtes y ha hecho oídos sordos a las referidas denuncias gremiales. El gobierno autorizó el último tarifazo del 60% -que llevó el pasaje a $7.5- contra las objeciones de la auditoría de la Ciudad, que denunció que los costos presentados están inflados con inversiones que corresponden a Metrovías. Un robo a los usuarios. Benito Roggio es al macrismo lo que Cirigliano fue al kirchnerismo: un intermediario parasitario que lucra con los subsidios y la recaudación sin invertir en material rodante y en sistemas que eviten muertes como las de Matías y masacres como la de Once. Son los mismos intereses capitalistas que el gobierno viene a representar cuando propone, como parte del plan de ajuste, una reforma del sistema de las ART, que va aumentar exponencialmente la siniestralidad laboral. Léase: la cantidad de trabajadores muertos o mutilados y la irresponsabilidad y desinversión patronal en mantenimiento y seguridad.

El diputado Marcelo Ramal del PO Frente de Izquierda presentó en la Legislatura una iniciativa para que los responsables del gobierno de la Ciudad comparezcan e informen en el recinto sobre la muerte de Matías.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea:

Inmediata aprobación e implementación de los protocolos y plan de inversiones en seguridad y mantenimiento. Investigación y castigo de los responsables de los cinco crímenes.

Anulación del gerenciamiento del subte por Metrovías; investigación independiente de sus libros y rendición de cuentas con el patrimonio de los Roggio. Anulación del aumento de pasaje.

No a la reforma de la ley de ART; anulación del sistema de ART.