La denuncia pública de que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, sería propietario de una empresa offshore radicada en Miami agrega una “mácula” más a una gestión que dio un salto en la devaluación de la educación pública, utiliza la pandemia para avanzar en un ajuste histórico en educación, que defendió esencialmente los intereses de los empresarios de las telecomunicaciones, relacionados con los emprendimientos privados del ministro, y que no ha dado un paso para garantizar la continuidad pedagógica en medio de la actual crisis.

Trotta es responsable, además, del ajuste histórico de ahorrarse el pago de miles de cargos de los Proyectos Fines, financiados por la Nación durante seis meses y de negarle la conectividad a docentes y estudiantes, en resguardo del negocio de las empresas informáticas. Ahora, empujado por la presión del gobierno de Cambiemos en CABA, prometió distribuir computadores y conexión a los alumnos de la ciudad que carecen de ellos, lo que sería absolutamente correcto. Pero, ¿y el resto del país? , ¿el conurbano bonaerense?

Trotta es un capitalista de la educación (una versión pejotista del exministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el macrista Gabriel Sánchez Zinny). Según la denuncia, esa empresa radicada en Miami data desde el 2014, y en julio de 2016, bajo el nombre de Odatech SRL, “se inscribió como proveedor del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, siempre con domicilio legal en casa de los Trotta. En noviembre de 2017, cambió de nombre, por QSN SA” (Blog El Disenso).

Otra de sus empresas, “se dedica a desarrollar, promover, realizar, fortalecer programas y proyectos de investigación en áreas vinculadas a las ciencias, en vinculación con universidades, entidades gubernamentales, gremiales o de la sociedad civil y empresas nacionales o extranjeras, y la comercialización, patentamiento, explotación de las patentes de invención y licencias de los productos y servicios fruto de dichos programas y proyectos de investigación” (El Patagónico, 6/9). Son los negocios que incuban en la Universidad Metropolitana del Trabajo, de la que Trotta era rector, y cuyo dueño es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal (Fateryh), Víctor Santa María, dueño de un emporio multimedia que incluye al diario Página 12 y numerosas publicaciones y radios.

En función del entrelazamiento de sus negocios, el ministro Trotta recibió recientemente, en su despacho, a la fundación Open Society fundada por George Soros, que respalda una amplia gama de proyectos en más de 120 países, proporcionando subvenciones cada año a través de una red de fundaciones y oficinas nacionales y regionales. Como rector de la Umet, en asociación con el sindicato de base de Ctera- Ute, tiene una extendida oferta de cursos y carreras de “capacitación” docente con puntaje – que sirve para acceder a cargos docentes- constituyendo un negocio más del pejotista Santa María y Trotta. Durante la pandemia, dicha universidad privada fue denunciada por sus trabajadores por adeudar sueldos de profesoras.

El sustrato de esta crisis, de todas formas, es el rotundo fracaso educativo del ministro Trotta, al que la burocracia sindical de Ctera apoya efusivamente, y que suma más al deterioro ya creciente del gobierno de Alberto Fernández.

Sin necesidad de agregar esta nueva mancha al tigre, Trotta ya tiene un prontuario más que voluminoso contra la educación pública, que amerita su renuncia.