Que se restablezcan los aportes patronales

Al pago cada vez mayor que recae sobre más de un millón de trabajadores en relación de dependencia, ahora se agrega el incremento que acaba de disponerse sobre los monotributistas y el personal doméstico. Como es sabido, una parte considerable de los monotributistas son trabajadores en negro, que, en muchos casos, tienen que costearse el pago del impuesto. A partir de septiembre, deberán hacer un aporte mensual para la obra social muy elevado, por encima de la inflación: “la Afip resolvió aplicar una suba del aporte de 146 a 233 pesos (60%)” (La Nación, 24/7).

En definitiva, el sector más vulnerable y precarizado tiene que asumir una carga tributaria colosal. Si tenemos en cuenta salarios promedio de 4.000 pesos para monotributistas y 3.000 pesos promedio para el servicio doméstico, estamos hablando de una exacción del 5 por ciento de sus ingresos.

Por ser una suma fija, el incremento golpea proporcionalmente más fuerte a los monotributistas de las categorías más bajas. Se estima que más del 70% de los monotributistas -más de 900.000- están inscriptos en estas categorías inferiores.

Mucho mayor es aún el aumento del aporte para la obra social en el sistema del personal de servicio doméstico. En este caso, la cifra se eleva de 100 a 233 pesos -es decir, ¡un 133 por ciento!

Quienes, paradójicamente, han sido los principales lobistas son los burócratas sindicales. “Por debajo de la escalada verbal por el impuesto a las ganancias, el gobierno y la CGT oficialista acordaron un alivio financiero de más de 1.000 millones de pesos anuales para las obras sociales sindicales” (Ambito, 24/7). A esto se suma la actualización de valores reconocidos por el Estado para los tratamientos médicos complejos, resuelta semanas atrás, y que representó para los sindicatos otro auxilio de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Los dirigentes gremiales han actuado como vulgares empresarios. Una vez más, han canjeado un reclamo: esta vez, del impuesto a las ganancias, a cambio de su caja, cuya principal fuente proviene de los fondos de las obras sociales que manejan -las que funcionan, cada vez más, como cualquier prepaga.

La burocracia sindical pretende que su saneamiento recaiga sobre los propios afiliados, a través del aumento de las cuotas. Termina pactando acuerdos salariales por debajo de la inflación, pero no actúa con la misma vara cuando se trata de determinar la tarifa de las obras sociales. Ni qué hablar de que las obras sociales tercerizan sus servicios, por lo cual son apéndices, en forma más directa o indirecta, de las propias prepagas.

Mientras monotributistas y servicio doméstico sufren un incremento, las patronales tendrán una rebaja de los aportes patronales para los nuevos trabajadores que ingresen a trabajar, que entrará a regir a partir del 1° de agosto. Las reducciones llegan al 50 por ciento durante dos años para las empresas de hasta 80 trabajadores y se extiende sin límite de tiempo para las pymes. Este tipo de rebajas es un subsidio a las patronales, sin que redunde en una mejora del empleo -menos ahora, que han comenzado la ola de despidos y suspensiones.

Este panorama pone más a la orden del día la lucha por la abolición del impuesto al salario, que debe extenderse a los monotributistas y al personal doméstico. Estos planteos están sintetizados en el proyecto impulsado por el Frente de Izquierda en el Congreso y las legislaturas. Las obras sociales, por su parte, deben ser sostenidas mediante un restablecimiento del 100 por ciento de las contribuciones patronales y proceder a dejar sin efecto los aumentos que se acaban de disponer para monotributistas y servicio doméstico.

Pablo Heller