A poco más de dos meses de comenzado el “juicio del Puente Pueyrredón”, se va profundizado el operativo de encubrimiento. Desde el propio Estado se maniobra para preservar la impunidad de Duhalde, Solá y otros funcionarios, hoy indistintamente alineados en las dos camarillas del PJ, responsables de la masacre.

A pesar de que la masacre del 26 de junio de 2002 fue la culminación del “endurecimiento” de la política del gobierno duhaldista frente a la protesta social, como lo testimonia todo el material periodístico acumulado durante los meses previos a la masacre, la fiscalía y el tribunal acordaron desmembrar el proceso en cuatro causas diferentes, para limitar este juicio a un puñado de policías y ocultar la existencia de un plan deliberado. Se pretende aplicar una “obediencia debida” al revés: juzgar a los ejecutores y preservar la impunidad de quienes dieron las órdenes.

El ex jefe de la Side bajo el gobierno Duhalde, Carlos Soria, tuvo que reconocer la “recomendación” de los servicios de inteligencia de ejecutar “una represión ejemplar” ante la creciente confluencia de reclamos por parte de desocupados, ahorristas, trabajadores, asambleas populares. El objeto de la represión fue poner fin al movimiento de luchas que se había iniciado tras el 19 y 20 de diciembre de 2001 y bajo ningún punto de vista garantizar “la libre circulación por los accesos a la Capital”. Los archivos tienen acceso restringido, a pesar del rimbombante anuncio oficial sobre la apertura de los mismos, pues eso pondría de manifiesto el sistemático accionar de los “servicios” contra las organizaciones populares.

Lo más notable del proceso han sido las ausencias de los funcionarios políticos. El fiscal, Bernardo Schell, solicitó la anulación de las declaraciones testimoniales (ya que no han sido siquiera imputados) de Duhalde, Matzkin, Atanasoff, Juan José Alvarez y otros, poco antes de las citaciones programadas. También Kirchner faltó a la cita: en su carácter de gobernador, el hombre participó de las reuniones donde se aprobó el plan represivo.

Juicio y castigo a los responsables políticos de la “masacre de Avellaneda”.