“Tenemos que dar seguridad jurídica a los inversores extranjeros”, dijo Ítalo Luder cuando tuvo que justificar la inminente sanción del indulto por parte de Menem.

No es entonces la pretendida “reconciliación nacional” sino el vulgar mercantilismo capitalista lo que preside una medida que privilegia a quienes la Corte Suprema calificó como autores de un “plan criminal”. No es tampoco la “paz de los espíritus” lo que se está buscando, sino el reforzamiento del brazo armado de los intereses capitalistas. No es la “seguridad jurídica” sino la “seguridad militar”. La “revolución productiva” depende de un “orden” garantizado por las bayonetas.

No hay indulto para el hambre de millones de trabajadores, pero sí para los genocidas. ¿Quién puede desmentir nuestra afirmación de que “La Casa Rosada no cambia de dueño” cuando toda la política de Menem no es más que la profundización de la de Alfonsín? Cuanto más quiere desmarcarse de su predecesor, el actual presidente más se le parece.

Se puede justificar el indulto, en ciertas circunstancias, de un represor que ha sido desarmado. Pero Menem pretende indultar a los milicos exactamente por lo contrario, porque son el brazo armado, porque son el aparato de represión del Estado capitalista. No es un indulto, es un autoindulto. A través de la amnistía y del indulto la burguesía quiere tender un velo definitivo sobre sus propias fechorías, porque ella fue la clase que protagonizó el golpe del 76 y sostuvo hasta cuando le fue necesario o posible al régimen militar. Borrar las últimas pistas que llevan al verdadero criminal —esta es la consigna de los Bunge y Born, los Citibank y la oligarquía capitalista de cualquier cuño.

El indulto es la contraprestación que Menem les hace a los militares para que apoyen la capitulación ante la Thatcher. Ese indulto y esa capitulación han sido abiertamente reclamados por el gobierno norteamericano. Es la condición de los yanquis para “defender a la democracia”. Menem es un rehén del imperialismo y lo mismo ocurre con la cacareada democracia. Pero un rehén no goza de ninguna clase de libertad.

El gobierno disimula con la muletilla de la “reconciliación” su defensa del aparato represivo. En lugar de destruir esa hipocresía, la “izquierda” y sus amigos democratizantes responden que la “reconciliación” estaría mejor servida con la “verdad y la justicia”. Hacen una lucha de palabras para disimular que la lucha por los derechos democráticos es una lucha política contra el aparato estatal de represión y una lucha de clases contra la burguesía que domina el Estado.

Buscan mediante la persuasión literaria suplantar la tarea de una lucha de masas contra el Estado burgués.

Es esta gente precisamente la que acaba de utilizar el tema del indulto para pasar un acuerdo político con la alfonsinista APDH y con Alfonsín. Dicen que para ampliar la base social de la lucha contra el indulto hay que aliarse con los que dictaron el estado de sitio contra el pueblo hambriento. Con los que homenajearon a las fuerzas armadas con motivo de la masacre de La Tablada. Los que sabotearon las movilizaciones convocadas con Madres llaman a prestarse al juego de la burguesía centro-izquierdista y alfonsiniana. Este pacto es un pacto de desmoralización del pueblo, es contrarrevolucionario. Se pretende preparar también la próxima coalición política que deberá engañar una vez más al pueblo y estrangular sus luchas. ¡No al frente con los amnistiadores del punto final y de la obediencia debida, fuera los que montaron el Consejo de Seguridad!

Para destruir el indulto es necesaria una movilización independiente. Solo esta tiene perspectivas; solo esta es consecuente; solo esta podrá reunir todos los hilos de la protesta popular en una acción definitiva contra el Estado burgués.