El ministro de Defensa, Ítalo Luder, hizo la caracterización política exacta de la función que tiene declarar el indulto a los militares que se encuentran condenados o bajo proceso. “El gobierno argentino perdonará a militares rebeldes y acusados de violar los derechos humanos como parte de una estrategia para aumentar la credibilidad del país y atraer inversiones extranjeras, dijo ayer Luder. ‘El inversor no es un filántropo, asume un riesgo; si no tiene reglas claras de juego para calcular la rentabilidad va a otro país’, dijo el funcionario en conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros. ‘(Se requiere) seguridad jurídica; reglas claras en el campo económico y solución del conflicto militar entre otros aspectos’ para restaurar la confianza, dijo el ministro” (Cronista Comercial, 25/8).

No es entonces la “reconciliación nacional” o la “paz de los espíritus” lo que anima al gobierno nacional. Su objetivo es la cohesión de todas las fuerzas que sostienen al Estado capitalista, y la camarilla militar es la principal de ellas, en tanto que garantía irremplazable para el capital y para el imperialismo. Los “violadores de los derechos humanos” aparecen así como los aliados directos de los violadores de la soberanía nacional y de los trabajadores argentinos. El indulto procura disimular bajo la forma del “perdón” lo que constituye en realidad un reconocimiento al papel insustituible de la camarilla militar en la defensa de la integridad del Estado capitalista. Desde su mismo comienzo, el régimen democratizante se vio obligado a interpretar este papel de disimulo para no entrar en choque directo con las posiciones de la mayoría del pueblo. Los semi-izquierdistas e izquierdistas de este país tomaron esta posición de disimulo como moneda válida para decir que el indulto no serviría a esa “reconciliación nacional y pacificación espiritual”, protagonizando con ello una polémica bizantina que tiene por sobre todo la finalidad de ocultar el compromiso de clase de toda la política de los gobiernos de Alfonsín y Menem en la cuestión de los “derechos humanos”.

El carácter fundamental de la política del indulto y de la solución de los conflictos dentro del ejército por medio de una amnistía, fue expresado por todas las organizaciones empresarias sin excepción. Lo plantearon los integrantes del “grupo de los 8” en una entrevista con Menem con carácter destacado en medio de un programa económico. Lo reclamo el Consejo Empresario Argentino. Según Ámbito Financiero, el párrafo que Menem le dedicó al asunto en el acto de la Rural fue el más aplaudido. El gobierno norteamericano mandó a un enviado especial hace quince días, Richard Luger, para informarse con detalle sobre la materia, porque, según La Nación (16/8), “ninguna inversión de riesgo (sic) llega hasta los países que no tienen consolidado su sistema democrático” (sic). El indulto y el arreglo de la crisis militar forman parte natural de la democracia burguesa y proimperialista.

Algunos diarios hicieron notar otro aspecto fundamental de la cuestión del indulto. “El gobierno considera, dice Clarín (17/8), que el dominio de la situación militar por parte del presidente Menem fue el hecho decisivo para que los británicos accedieran al primer contacto público entre ambos países desde la guerra de 1982”. Según Clarín, los militares (y en particular la Marina) hostilizaron las medidas de acercamiento de Alfonsín a la Thatcher, como una réplica a su negativa a aplicar la amnistía. Ahora, en cambio, indulto mediante, Menem tendría todo el apoyo de la camarilla militar para entregar la causa de Malvinas. El interés de Richard Luger por la cuestión militar está indudablemente conectado, no sólo con las “inversiones de riesgo”, sino con los intereses estratégicos norteamericanos en el Atlántico Sur.

Es evidente, a partir de aquí, que lo que se presenta como un indulto no es más que un autoindulto que el régimen se aplica a sí mismo, o sea la famosa autoamnistía dictada por Bignone-Nicolaides. Aunque Menem haya sido personalmente víctima de los Videla, pertenece a igual título que éste al mismo régimen político. El indulto no es un acto de generosidad sino de complacencia. Remata toda la labor del alfonsiniato en esta materia. El indulto es parte de toda la política menemista de reforzamiento de la dominación social y política de los explotadores y de desmoralización y desintegración de los trabajadores.

El indulto es un acto que se puede justificar con adversarios y enemigo que han sido privados de capacidad de acción política y estatal. Para aplicar un indulto a los represores hubiera sido necesario antes desmantelar el aparato represivo. La burguesía pretende, por el contrario, reforzar el aparato represivo del Estado mediante el indulto, lo que constituye un acto de arbitrariedad política en beneficio propio.

La oposición a este indulto ha sido tomada por algunos políticos burgueses que encubrieron todo el tiempo la política de amnistía del gobierno anterior e incluso por el propio alfonsinismo. Pero la oposición de este último no va tan lejos como pretende. En una reciente documento del comité nacional de la UCR se admite el indulto para los militares procesados, los Galtieri y compañía, y se excluye solamente a los condenados (La Nación, 26/8). Los que dictaron el estado de sitio contra el pueblo, u otros como Monserrat o Auyero, que “homenajearon” a las fuerzas armadas con motivo de la masacre de La Tablada, pretenden hacer del indulto el eje de un reagrupamiento político bajo dirección burguesa, que tiene por principal finalidad impedir el ascenso político independiente de la izquierda.

La izquierda democratizante, Izquierda Unida, ha decidido hacer un acuerdo con la alfonsinista APDH, luego de haber saboteado las movilizaciones convocadas por Madres en oportunidad de la formación del Consejo de Seguridad y recientemente contra el indulto. Esgrime como argumento a favor de ese pacto con el alfonsinismo y la centro-izquierda, la necesidad de ampliar la base de movilización contra el indulto. Esto es simplemente una canallada. No se puede ampliar la base popular mediante un pacto político con los que dictaron el estado de sitio contra el pueblo hambriento, porque semejante pacto desmoraliza al pueblo en lugar de convocarlo al combate. Ni qué decir que semejante alianza no tiene ninguna perspectiva de lucha; sólo sirve para preparar el terreno de un frente liderado por la burguesía, que se coloque como alternativa (y como trampa) cuando entre en crisis el gobierno menemista. Es un pacto contrarrevolucionario y debe ser denunciado como tal.

El repudio instintivo que semejante política ha provocado en las bases de la izquierda, ha llevado a Izquierda Unida, pero en especial al PC, a proponer una columna separada que converja a la marcha final con el alfonsinismo el próximo 8 de setiembre. Se intenta de esta manera salvar una política contrarrevolucionaria, disimulándola. Luego de haber tomado la iniciativa del pacto con la alfonsinista APDH, y en el caso del Mas directamente con Alfonsín, se pretende encubrir la vigencia de este pacto mediante diatribas contra el alfonsinismo que no llegan nunca a la ruptura del contubernio ni al planteo de una movilización completamente independiente en términos de programa, día, hora y lugar.

Luego de haber saboteado por dos veces las convocatorias de Madres con el falso argumento de que no se reivindicaba el “juicio y castigo a todos los culpables”, el Mas ha armado un pacto con Jaroslavsky y la APDH que excluye expresamente esa consigna. El Mas ha sido obligado a delatar abiertamente su política, que consiste en enfrentar desde afuera las movilizaciones independientes y estrangular desde adentro su futuro desarrollo.

Lo que está planteado es abajo todos los amnistiadores, por una movilización independiente contra el indulto que no disimule su carácter de lucha contra el aparato represivo del Estado, contra el Estado y por el desarme de la reacción burguesa.